Ley antimarchas: retroceso en libertad de expresión

La decisión de aprobar en comisiones la ley de manifestaciones en el Distrito Federal es un retroceso a los derechos humanos en México, exhibió Amnistía Internacional (AI).

En entrevista, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, expresó que esta propuesta atenta contra el derecho a la libertad de expresión y asociación, además de marcar una lejanía con los estándares internacionales que norman al respecto.

Amnistía Internacional advirtió la posibilidad de un incremento en los abusos policiales en contra de los manifestantes, de entrar en vigor esta iniciativa.

No se está ponderando correctamente el tema de los derechos humanos. Pareciera haber una falsa perspectiva de que estos problemas se van a solucionar con una reforma restrictiva al derecho de manifestarse , expresó el Director Ejecutivo de AI, México.

De acuerdo con esta organización civil, de publicarse la ley de manifestaciones para el Distrito Federal se impondría un régimen legal que no garantizaría el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación, pues se daría privilegio al uso de espacios públicos para intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestantes pacíficos.

En opinión de AI, la propuesta de ley actual emplea terminología ambigua y limita las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con las buenas costumbres .

Por otro lado, para Amnistía Internacional el aviso requerido constituye en realidad una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios que impone límites de horas (de 11 de la mañana a 6 de la tarde) y lugares; sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad. Ello podría resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en la que sólo una minoría de manifestantes cometa actos de violencia.

Perseo Quiroz explicó que este debate debe bordar el tema de la profesionalización de las autoridades encargadas de aplicar la ley, quienes deberían montar operativos realmente adecuados a los estándares internacionales y promover un balance entre el respeto y las medidas para atender momentos en los que existan cuestiones realmente serias que pongan en peligro el orden público.

Sin embargo, de acuerdo con Quiroz Rendón, se está ante una mala actuación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, quienes deciden lanzar una iniciativa que limitará aún más el derecho a manifestarse.

ana.langner@eleconomista.mx