ONU: necesario, sistema que rompa con impunidad

No se entiende un Estado democrático sin una Fiscalía General sólida e independiente que aplique el derecho de manera igualitaria y no selectiva, exhibieron especialistas en procuración de justicia y derechos humanos durante un foro celebrado en el Senado de la República.

A legisladores de la Cámara Alta, el Representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, solicitó dar los pasos necesarios hacia una transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General capaz de romper con la tendencia de impunidad.

“Hago un llamado al Senado para que pueda hacer un estudio en este periodo legislativo a estas propuestas. El Senado tiene una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y la reforma del Artículo 102 es un primer paso en esta dirección”, dijo el funcionario internacional.

Al participar en el Seminario Los ministerios públicos y el combate a la impunidad en América Latina, coordinado por el Instituto Belisario Domínguez, Jan Jarab exhibió que en las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, la constante es la impunidad.

Dijo que todas las medidas que busquen enfrentar problemas como desaparición, tortura, asesinatos de periodistas o feminicidios, se quedarán cortas si no se revierte la ilegalidad prevalente y no mejora el funcionamiento de los Ministerios Públicos y las fiscalías.

“Si no logramos mejorar la procuración de justicia y si la impunidad permanece como la regla y el castigo la excepción, no se puede fortalecer el Estado de derecho, advirtió el funcionario de la ONU-DH.

Expuso que las reformas constitucionales que se formulen para el fortalecimiento de la Fiscalía general “deben tener como eje rector el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

Jan Jarab refirió la necesidad de anteceder la instauración de una nueva Fiscalía General a una reforma de carácter constitucional, al Artículo 102, que garantice la autonomía, el profesionalismo y la rendición de cuentas. Esta independencia, reiteró, debe ser de índole funcional, presupuestal y administrativa.

Advirtió que sería un error reducir la creación de este nuevo órgano a una mera discusión sobre el perfil de quién será el Fiscal General. “Antes de designar al titular, es preciso definir el diseño de la institución”.

Sin embargo, “ni el mejor diseño institucional nos garantizará el éxito si no logramos la selección basada en méritos, la selección de la persona titular con base en sus cualidades, no a intereses partidistas”.

Agregó que por ello la designación del nuevo fiscal debe emanar de una consulta abierta, participativa e incluyente, basada en estándares internacionales.

Las reformas deben igualmente contemplar la necesidad que las investigaciones se base en evidencias científicas y que los servicios forenses sirvan a la justicia y a la ciencia de forma independiente, agregó el experto de las Naciones Unidas.

“En un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, se requiere de una política de investigación centrada en las víctimas y con herramientas teóricas para poder investigar contextos sistemáticos de comisión de delitos o violaciones de derechos humanos”, explicó Jarab.

AUTONOMÍA Y ESPECIALIZACIÓN

En momentos de alta impunidad y frente a una situación que mantiene acéfalas las instituciones de procuración de justicia en el país, es momento de dar pasos definitivos a la transición de PGR a una Fiscalía General autónoma, consideró, por su parte, la directora de la Fundación para la Justicia y Estado de Derecho, Ana Lorena Delgadillo.

En tanto, la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, indicó que distintas organizaciones de la sociedad civil están trabajando en una serie de reformas que permitan impulsar un cambio radical en la arquitectura institucional de la Fiscalía Anticorrupción y en el nombramiento de su titular.

“Debemos impulsar la creación de una institución robusta, que responda al gran estado de impunidad; y sólo a través del debate plural, desinhibido y sin censura, es como vamos a construir un verdadero cambio”, aclaró.

José Alberto Castro, presidente de la Comisión de Combate a la Impunidad de la Vicepresidencia Nacional de Estado de Derecho y Democrático de la Coparmex, dijo que la corrupción e impunidad no son de orden cultural, y que como civilización no hemos logrado dominar la técnica de la aplicación de la justicia.

Durante las mesas de trabajo, expertos de Latinoamérica en derecho penal coincidieron en que la especialización en unidades de investigación y fiscales generales es el activo más adecuado para resolver delitos, así como generar protocolos de certificación de personal a través entidades independientes.

Ángela Buitrago, quien fue fiscal en Colombia y miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes convocado por la CIDH para coadyuvar en el caso Ayotzinapa, expuso que tanto en México como en su país, existe presencia de crimen organizado, tema que implica la existencia de una Fiscalía especializada en el rubro y en violaciones a los derechos humanos.

La abogada alertó que el crimen organizado busca la cooptación del funcionario público. De tal manera que las unidades de derechos humanos, no sólo deberán tener especialidad en la materia, sino también tener la capacidad de encontrar la vinculación, construcción y existencia de estas redes criminales.