Ven posible que ganadores actúen con lealtad política

El proceso electoral judicial enfrenta múltiples desafíos, desde la presión política hasta la necesidad de garantizar un sistema transparente y equitativo. Esto debido a que la selección de jueces y magistrados no solo impacta la impartición de justicia, sino que también influye en la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones.

Según el reporte especial “Elecciones del Poder Judicial: Inicio de las Campañas”, de Integralia Consultores, uno de los temas más debatidos en estas elecciones es la implementación de mecanismos de selección más rigurosos para evitar la injerencia de intereses externos en el sistema judicial. Se explicó que expertos han señalado la importancia de reforzar la autonomía del Poder Judicial y garantizar que los nuevos magistrados sean elegidos con base en su trayectoria y méritos, más que en influencias políticas.

“Este proceso ha presentado muchos desafíos por su apresurada ejecución y estará marcado por recursos insuficientes para organizar la elección con estándares de cobertura y calidad, por la incidencia de la movilización del voto para definir quién gana, por la complejidad de las boletas y por topes de campaña muy bajos que impiden que las campañas sirvan promover el voto informado. Habrán muchos recursos financieros y en especie que no serán reportado al INE”, mencionó el texto.

Otro de los puntos críticos de esta elección, mencionado por Integralia, es su impacto en la independencia judicial. Consideró que dado que la mayoría de los ganadores serán respaldados por el gobierno y la coalición oficialista, existe el riesgo de que las nuevas personas juzgadoras actúen con lealtad política en lugar de imparcialidad. A largo plazo, esto podría debilitar la función del Poder Judicial como contrapeso frente a los otros poderes.

Geografía electoral

También, se mencionó que la elección de jueces y magistrados se realizará en distritos judiciales electorales creados específicamente para este proceso. Sin embargo, estos distritos no coinciden con la división electoral tradicional, lo que genera confusión en la ciudadanía y dificultades operativas para el Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, que el diseño del proceso electoral rompe con el principio de igualdad del voto, ya que las personas votarán por un número distinto de cargos según su lugar de residencia.

Ejemplificaron que, en la Ciudad de México, se elegirán jueces y magistrados con competencias nacionales en temas clave como competencia económica, telecomunicaciones y justicia penal, lo que amplifica la relevancia del voto en la capital frente a estados como Colima o Baja California Sur, donde el valor relativo del voto es menor debido al número de cargos en disputa y el tamaño de su padrón electoral.

“Diecinueve estados tendrán también elecciones judiciales locales. El resto renovará sus poderes judiciales en 2027”, precisó el informe especial; además, mencionó que la concurrencia electoral adicional, como Veracruz o Durango donde se realizarán elecciones ordinarias, podría favorecer una mayor participación en los comicios judiciales.

Lo permitido y lo prohibido

Las y los candidatos podrán asistir a eventos públicos y debates, siempre que todas las personas contendientes en la misma elección sean invitadas. También podrán hacer uso de redes sociales y distribuir propaganda impresa, siempre que esta sea biodegradable. Además, las entrevistas de carácter noticioso están permitidas, al igual que la realización de reuniones públicas, pero sin organización logística.

En contraste, la normativa electoral prohíbe una serie de actividades para garantizar equidad en la contienda. No está permitido contratar espacios en radio, televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación para la promoción de las candidaturas.