AMLO apuesta por la pasividad de la Corte

La semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el presidente López Obrador presentará la “iniciativa preferente” para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Durante su intervención en la plenaria de diputados de Morena, hizo saber que la propuesta presidencial contempla sólo cambios a diversas leyes secundarias; no incluye reformas constitucionales.

Aunque el contenido de la iniciativa del Ejecutivo aún no se da a conocer a la opinión pública, el secretario de Gobernación precisó que el presidente planteará cambios a cuatro disposiciones legales: la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerzas Armadas y las leyes de ascenso de las Fuerzas Armadas. Su objetivo, dijo, será consolidar la Guardia Nacional administrativa y operativamente en la SEDENA.

El presidente de la República tiene la facultad de presentar hasta dos iniciativas “de trato preferente” al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, según el Artículo 71 de la Constitución. La cámara de origen queda obligada a discutir y votar en sesiones plenarias estas propuestas dentro de los 30 días naturales siguientes a su presentación.

De no hacerlo, la iniciativa, tal cual la mandó el presidente y sin que sea necesario un dictamen de comisión, deberá ser el primer asunto que se discuta y vote en el pleno en la siguiente sesión. Una vez aprobada tal cual o con modificaciones por la cámara de origen, la iniciativa presidencial de trato preferente debe ser discutida y votada por la cámara revisora en los mismos plazos y bajo las mismas condiciones.

La iniciativa preferente se introdujo en 2012 para fortalecer al presidente de la República. Con esta facultad, adquirió la capacidad de incidir en la agenda del Congreso y obligarlo a pronunciarse sobre asuntos que considera urgentes y relevantes. Se concibió al final del gobierno de Felipe Calderón como un instrumento para lidiar con un Congreso en el que su partido no tiene mayoría.

Sin embargo, se ha utilizado poco. El presidente Peña Nieto recurrió a la iniciativa preferente en dos ocasiones durante su sexenio. La empleó para proyectos que concitaban un amplio consenso entre los partidos políticos, como la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en 2016 y reformas a la Ley General de Educación para simplificar la revalidación de estudios en 2017.

El presidente López Obrador busca dar un uso diferente a la iniciativa preferente. No la necesita para hacer que las cámaras del Congreso discutan y voten su iniciativa. Tiene una mayoría parlamentaria a su servicio, formada por Morena, PT y Partido Verde. En ocasiones anteriores las ha utilizado para aprobar iniciativas presidenciales en fast track, con dispensa de trámite legislativo para obviar el dictamen en comisiones.

Podría volver a hacerlo con la iniciativa para pasar la Guardia Nacional a la SEDENA. La oposición en el Congreso carece de la capacidad para impedir que los cambios legislativos se aprueben. Sin embargo, puede interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por ello, el presidente López Obrador prefiere hacer un despliegue más ostentoso de su poder.

Sabe que su proyecto difícilmente pasa el control de constitucionalidad. La Carta Magna define con claridad a la Guardia Nacional como una “institución policial de carácter civil”. No hay manera que mantenga esta naturaleza, si se inserta en una estructura militar como la SEDENA; más aún si sus mandos y elementos son militares en activo.

Ante la incapacidad de construir un consenso político en torno a su proyecto de militarización de la seguridad pública, el presidente apuesta por la pasividad de la SCJN.

Su estrategia consiste en que la inserción de la Guardia Nacional en la SEDENA se convierta en un hecho consumado, que nadie se atreva a revertir.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif