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Contrarreforma sin sustento técnico
Se trata de un modelo de organización sectorial “que ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda...”
Ya eran muchas las voces que con un soporte técnico habían manifestado su oposición a la contrarreforma eléctrica que el gobierno de la denominada 4T trae en cartera. En su mayoría se ha tratado de voces individuales que han intentado dar apoyo analítico a su antagonismo a la tan controvertida propuesta. Pero en la edición del pasado martes, se publicó aquí en El Economista la postura de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) en contra de la iniciativa que se encuentra en manos del Legislativo.
En general, el dictamen de ese organismo coincide con los juicios que es posible consultar en los manuales de economía sobre los arreglos monopólicos y monopsónicos: ¡que son perjudiciales para el bienestar de la colectividad! Según la Cofece, “la iniciativa de reforma eléctrica renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado”.
En términos etimológicos, monopolio significa un solo productor. Y exactamente a eso aspira la iniciativa que se encuentra en discusión: a convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un monopolio “en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad”. Se trata, según la Cofece, de un modelo de organización sectorial “que ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas”.
En su argumentación crítica, el organismo autónomo también señala que la iniciativa implicaría la integración de un monopsonio, entendiéndose por eso un único comprador. ¿Cómo podría ser eso? De aprobarse la incendiaria iniciativa, se permitiría que empresas privadas generasen hasta el 46% de la electricidad total, pero el fluido únicamente podrá venderse a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y en ese arreglo monopsónico, a cargo de la CFE quedaría la determinación –todavía desconocida– de los términos y condiciones en los que se llevarían a cabo las compras. Es decir, unos términos con miras a sacar a los generadores privados de la operación. En otras palabras, la propuesta trasladaría “indebidamente a la CFE, las tareas regulatorias y de política pública”, cayendo en un verdadero conflicto de intereses.
Sería conveniente que las autoridades cayeran en la cuenta que en la campaña por la iniciativa de contrarreforma eléctrica, ya perdieron irremisiblemente la batalla por el debate técnico. Al final podrán vencer, más no convencer...
