Ley para una ministra

La semana pasada, con la valentía que ha caracterizado a otros rectores en el pasado, el Dr. Enrique Graue salió al paso de una serie de señalamientos que la opinión pública y la comunidad universitaria habían hecho, respecto del plagio —señalado por la FES Aragón— que cometió la ministra Yasmín Esquivel.

El Dr. Graue, planteó la necesidad de no recurrir a los juicios sumarios y defender la autonomía de la UNAM, siguiendo los procedimientos y tiempos que la legislación universitaria establece. Qué lo debido, es reunir al comité de ética del consejo universitario y que ese órgano emita las directrices o medidas que deban tomarse para resolver la situación de la ahora ministra Esquivel y la valides o no de su título de licenciada en derecho.

Y, se tiene que recurrir al consejo universitario, porque no existe legislación expresa que castigue el plagio, puesto que para la comunidad universitaria resultaba imposible que la guía de tesis y su alumna se pusieran de acuerdo para cometer dicha falta. Así que además de enmendar dicho hueco en la legislación universitaria, tendrán que tomarse medidas que sólo pueden surgir de un acuerdo del máximo órgano de gobierno de la UNAM.

Con dicha decisión, el rector, no sólo no se confronta directamente con el gobierno con quién ya ha tenido roces previos derivados de la beligerancia del ejecutivo con su alma mater, sino que, además privilegia una solución institucional y acorde con la legalidad que a la 4t tanto le molesta.

En sentido inverso, la semana pasada, casi a la par de la alocución del rector, el diputado Alejandro Robles Gómez, integrante de Morena, propuso reformar la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la CDMX.

En su proyecto propone que, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica, “las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriben en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente”.

Sabedores de que sólo con la mayoría de su partido, es posible modificar una ley reglamentaria, en un acto que sólo merece el nombre de desesperado, el partido en el gobierno se aprestan a cambiar una ley que tiene una muy específica y concreta destinataria, la propia ministra Yasmín Esquivel.

La propia legislación prohíbe que se hagan leyes con destinatario particular, pero como la retroactividad procede en beneficio de persona cualquiera, con esto salvan desde la perspectiva legal, la suerte y destino de la ministra.

El golpe, sin embargo esta dado. En primer lugar, a la ministra que mientras más ha querido defender su dicho, más se ha hundido en la arena. Ha cometido, en opinión de no pocos expertos, delitos fabricando pruebas falsas y emitiendo supuestamente ante notario, declaratorias de personas que luego han probado que nunca declararon tales cosas. En segundo a la Corte, la presencia de la ministra es desde muchas perspectivas insostenible. Cada vez que ella se pronuncie sobre cualquier asunto, quedará la duda sobre la valides y honorabiliidad de su dicho. Y, finalmente a la UNAM, pues los escandaloso del tema, ha provocado presiones innecesarias a nuestra casa de estudios.

La pregunta es obligada: ¿por qué salvar a toda costa a una ministra que representa a la 4t, dentro de la Corte? El gobierno sale raspado, los diputados de Morena dan una prueba más de su obsecuencia y docilidad frente al presidente y con está propuesta de ley, por salvarla a ella, dejamos sin evaluar y exigir que los profesionales, por ejemplo de la salud, los ingenieros o todos aquellos que tengan vidas humanas en sus manos, sigan ejerciendo sin poderles hacer nada o sea, en total impunidad, nada más, pero nada menos, también.