Comunidad del CIDE pide retorno a la legalidad y en condiciones adecuadas

En un documento dirigido al Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y diversas instancias más, entre ellas a María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), alumnos y profesores denunciaron diversas inconformidades y omisiones por parte de la dirección a cargo de José Antonio Romero Tellaeche.  

Además del documento, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que dejaron ver su preocupación, pues hoy 18 de mayo debería haberse llevado a cabo la primera reunión ordinaria tras la nueva designación. En dicho encuentro se deberían dar a conocer el informe de autoevaluación del CIDE y el informe del Comité Externo de Evaluación. Igualmente se deberían aprobar las reglas de operación para proyectos con financiamiento externo y las adecuaciones presupuestales para el ejercicio 2022 que permitirán al CIDE cumplir con sus obligaciones laborales. Declararon que la sesión fue pospuesta y sin una fecha próxima.  

Javier Aparicio, profesor del CIDE, expresó que la actual administración ha sido incapaz de resolver la seria crisis financiera que enfrenta el CIDE y que pone en riesgo múltiples actividades y programas académicos, así como pagos. También se han tomado decisiones que afectan la oferta de programas docentes del CIDE. 

De acuerdo con el comunicado, el CIDE debe más de 16 millones de pesos a sus profesores en estímulos y se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones laborales por contrato colectivo desde el verano de 2021, cuando desaparecieron los fideicomisos. 

Sin reglas claras ni transparentes  

Estudiantes y profesores aseguran que se mantiene una política de hacer caso omiso a los estatutos y reglamentos internos de la institución y de saltar los cuerpos colegiados al momento de tomar decisiones. “No hay legitimidad”, señalan. Por ejemplo, el acta de designación del director general sigue sin hacerse pública, pese a promesas de Conacyt, exigencias judiciales, y solicitudes de transparencia.  

Además, “el diálogo es inexistente”. Estudiantes aseguran que la actual administración opera a puerta cerrada y sin ningún esfuerzo para dialogar con la comunidad del CIDE. “Las autoridades no han tenido reuniones con los estudiantes, ni con el pleno de profesores ni con los trabajadores administrativos y de servicios. Las decisiones administrativas y académicas tomadas no se dialogan ni explican, sino que se lanzan en comunicados”. Tampoco se ha resuelto el pliego petitorio presentado desde el año pasado.  

Todo ello, ha generado decrementos importantes en el número de estudiantes que quieren estudiar en el CIDE, y se multiplican las salidas de profesores, por lo que aseguran, es urgente un proceso de negociación y diálogo para “sanar el ambiente académico y laboral”.  

Maestría en periodismo, un ejemplo de arbitrariedades y desmantelamiento 

Otra de las denuncias a seis meses, es que se siguen contratando personas externas a la institución, sin pasar por los órganos colegiados, sin cumplir el perfil y sin conocimiento del funcionamiento de la institución.  

Es el caso de la contratación de la nueva coordinadora de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas. El viernes 13 de mayo, hubo un cambio en la coordinación sin previo aviso a la ex titular Grisel Salazar Rebolledo y sin explicación que motive y fundamente la decisión, como explícitamente lo mandata el Estatuto de Personal Académico.  

Ese día se anunció la contratación de la doctora Ruth Alejandra Dávila Figueroa sin la presentación de su currículum a la Junta de Profesores, en contraparte, al buscar su nombre en internet, de lo primero que aparece es su evaluación como profesora en la Fes Aragón, en el departamento de comunicación y periodismo, su calificación general es de 3.0  

Al respecto gran parte de la comunidad cideíta, asegura que los actos de autoridad realizados sin ninguna consulta, explicación ni justificación establece un precedente preocupante que hacen inciertas todas las coordinaciones de los programas docentes.  

Otro ejemplo para pensar lo anterior, es la disminución de la oferta docente. En seis meses, se ha anunciado la cancelación del proceso de admisión de la licenciatura en políticas públicas, de la maestría en gestión pública y está en duda que continúen los procesos de la maestría en periodismo y de la maestría en economía ambiental.  

También se ha dado la cancelación de proyectos de vinculación. Por ejemplo, “es preocupante el desmantelamiento del proyecto CLEAR, que permitió impulsar la agenda de evaluación en México y América Latina y que tenía el respaldo de recursos internacionales que no fue posible ejercer”. Por otra parte, se eliminó el presupuesto destinado a la operación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (para pagar personal, mantener instalaciones) y se pone en riesgo un proyecto que en seis años ha tenido logros notables y que ha apoyado a gobiernos de todo signo político y capacitado a funcionarios, profesionistas y estudiantes.  

El CIDE además tuvo que interrumpir su oferta de educación continua, pues sin reglas no pueden realizarse los Diplomados, la Escuela de Métodos y los cursos especializados que durante varios años han sido la forma de acercar el conocimiento generado en el CIDE a una audiencia más amplia.  

Nuevas exigencias  

En vista de la situación, la comunidad del CIDE pidió el apoyo del Consejo Directivo para exigir directamente a Conacyt nueve puntos:  

1. Hacer pública el acta de nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche  
2. Hacer público el informe del comité externo de evaluación realizado en el semestre de primavera de 2022.  
3. Aprobar a la brevedad las reglas de operación para proyectos con financiamiento externo y las ampliaciones presupuestarias necesarias.  
4. Escuchar a los estudiantes y dar certeza sobre las becas de licenciatura y posgrado, así como las de manutención, además de ofrecer una ruta para atender su pliego petitorio.  
5. Cesar el acoso burocrático y financiero al CIDE.  
6. Dar certeza a la sede Región Centro sobre su funcionamiento como parte central de la institución y sobre su oferta docente.  
7. Respetar la legalidad y los órganos colegiados de la institución.  
8. Frenar el desmantelamiento de la oferta docente.  
9. Asegurar que las contrataciones del personal académico cumplan con las condiciones del Estatuto del Personal Académico del CIDE.   

nelly.toche@eleeconomista.mx

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