El PRI quiere “acabar” con la ley del libro

Reducir el tiempo para que los vendedores de libros puedan ofertar precios por debajo del precio único es la propuesta de senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezado por Hilda Esthela Flores.

“Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público cuando se trate de libros editados o importados con más de 12 meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales”, dice la iniciativa en poder de El Economista.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (aprobada en el 2008) dice que las personas que “editen o importen libros están obligadas a fijar libremente un precio único al libro. De acuerdo con el artículo 26, es posible aplicar un precio inferior en la venta al público cuando tengan más de 18 meses, libros antiguos, usados, descatalogados, agotados y artesanales”.

Otra de las modificaciones que propone el PRI es “que las entidades paraestatales y universidades públicas que gozan de autonomía, que editen y comercialicen sus propios libros, podrán aplicar descuentos inferiores al precio de venta (...) cuando su propósito sea apoyar la investigación y las labores docentes”.

Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) asegura que hay ignorancia en la propuesta del PRI y ni siquiera han sido consultados.

“Tenemos conocimiento de que se realizará una audiencia pública y a la fecha no hemos sido convocados y estamos sorprendidos, pues plantean que se reduzca de 18 a 12 meses la vigencia del precio único del libro (...) lo que volvería a la ley inoperante”, señaló Carlos Anaya Rosique, presidente de la CANIEM, en conferencia de prensa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Pero los legisladores aseguran que “esta medida está enfocada en lograr precios asequibles a la población en novedades editoriales. Como fue indicado anteriormente, el número de libros por hogar es mayor en familias con mejor posición socioeconómica, incluso mayor que en aquellas donde se tienen estudios universitarios. De tal forma que el acceso a la lectura también incumbe obligaciones de garantía para evitar discriminación por condición socioeconómica”.

“Sorprende la mala técnica legislativa, tienen cifras equivocadas y su argumentación no es la correcta. Es una propuesta que no beneficia a nadie”, explicó Anaya.

La propuesta de la Caniem

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana realizó su propia propuesta para modificar el régimen fiscal de las librerías. “En las últimas décadas, México ha vivido un retroceso en estos terrenos, pues el número total de librerías se ha reducido drásticamente, con lo que los enormes esfuerzos públicos y privados para fomentar la lectura y propiciar el encuentro con los libros corren el peligro de desperdiciarse, con la consecuente pérdida de la valoración social del libro”.

La CANIEM propone “lograr que el sector de las librerías se beneficie con el mismo régimen fiscal de Impuesto al Valor Agregado de la industria editorial en particular; es decir, pasar de la categoría de exento a la categoría de tasa cero, que redundaría en beneficios para un mayor impulso y diversidad”.

Los costos de operación de una librería son altos pues, como empresa en régimen de exento, el IVA es considerado como un costo, al no lograr su recuperación, con la consiguiente reducción del margen costo-venta, que impide la reinversión que generaría beneficios tales como mayor acercamiento al consumidor de libros, creación de empleos y mejora en los niveles de adquisición de la producción editorial.

“(Es) un importante beneficio social para la comunidad donde esta empresa, parte de la cadena de valor del libro, la industria cultural por excelencia, tiene su asiento”.

Continúan: “Para lo que entendemos como diversidad, es mucho mejor contar con 300 títulos que venden 1,000 ejemplares cada uno, que un título que vende 300,000 ejemplares; también es mucho mejor tener 300 pequeñas librerías dispersas por todo el territorio y que compitan por su diversidad y servicio, que tres grandes en una, dos o tres ciudades que compitan con el descuento y se concentren en los títulos de mayor venta”.

La Caniem hizo énfasis en apoyar aquellos programas orientados “a la apertura de librerías, la modernización de su infraestructura física, la actualización de sus procesos operativos y administrativos, su especialización, la capacitación de su personal y, en general, a mejorar su viabilidad financiera, propiciando que las librerías sean espacios de promoción de la lectura”.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se aprobó en el 2008, uno de los aspectos primarios es la política del “Precio único” para que un libro tenga el mismo precio de venta en cualquier lugar de México.

Desde entonces, ha sido cuestionada por la industria, escritores y editores que aseguran que no existe una política de fomento a la lectura en México pese a todas las declaraciones oficiales.

El editor y escritor Ricardo Cayuela señaló que “costó un enorme esfuerzo llevar a cabo la ley y se construyó un instrumento perfecto en el papel e inútil en la practica”.