La agenda pendiente en políticas LGBT+

La lucha y la disposición pública de organismos públicos y privados para el pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas, sin menoscabo alguno de la diversidad sexual y de identidad de género, no debe limitarse a un día o un mes del año.

La fecha conmemorativa por la que este sábado se realiza la marcha del orgullo LGBT+, en vísperas del próximo cambio de gobierno federal, es un marcador ideal para analizar la agenda política sobre el avance, pero sobre todo los pendientes en la garantía de los derechos de esta población.

Por esta razón, El Economista conversa con Gloria Careaga, maestra en Psicología Social, catedrática de la UNAM y directora de la Fundación Arcoíris, quien se enuncia como lesbiana feminista defensora de Derechos Humanos.

“El problema que tenemos enfrente es que hasta hoy ningún gobierno nos ha incluido de manera clara en su plan nacional de desarrollo”, señala de inicio la entrevistada. “Es decir, si bien aparecemos en el listado de grupos que sufren discriminación y a los que supuestamente no habría que discriminar, no hay un interés específico en conocer cuál es la situación en que viven las personas LGBT+”.

El punto base, explica, es que hay un rezago estadístico sobre la situación social de la población LGBT+ en México, lo cual vulnera la posibilidad de impulsar políticas públicas dada la carencia de sustento demográfico, económico y social.

Careaga explica que, en 2019, el Inegi anunció el lanzamiento de una encuesta piloto sobre el tema. En ésta se consultó a un universo de 4,000 personas que sirvió como punto referencial para establecer un universo representativo, la logística del levantamiento y el mejoramiento del cuestionario sobre identidad sexual y orientación de género, de cara a la posterior creación de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (Endiseg) 2021, cuyos resultados se dieron a conocer en junio de 2022. Sin embargo, no ha habido nuevas versiones de dicho estudio.

“Hoy en día, el Inegi presume que ya investigó sobre población LGBT+, pero solamente nos tomó la foto, cuando realmente no está incorporando la orientación sexual y la identidad de género en todas las encuestas que realiza, que se supone que fuera la función final que tenía el proyecto. Entonces, uno de los reclamos y exigencias que estamos haciendo desde Fundación Arcoíris es que el Inegi nos incorpore en las estadísticas nacionales porque, mientras no estemos en ellas, no se sabe realmente quiénes somos, en qué condiciones vivimos y cuáles son las necesidades que tenemos. Si el Inegi nos tomara en serio y cuando hace sus encuestas laborales o todas las encuestas económicas que realiza, nos incorporara, tendríamos un panorama más claro”.

Por otro lado, en 2015, comenta Careaga, diversas organizaciones para la defensa de la población LGBT+ presentaron una propuesta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para elaborar una serie de diagnósticos sobre la situación de dicha población, entre los que se encontraban rubros como la salud, la educación, el trabajo y el acceso a la justicia, que ofreció un trabajo estadístico profundo, pero no hubo continuidad ante un cambio constante de la población en el país.

“Estos estudios deberían de estar ocurriendo año con año, o por lo menos cada cinco años, para que fuéramos viendo cuál es la evolución de la población LGBT+, si va mejorando sus condiciones o no”, agrega.

Y si bien organizaciones como la Fundación Arcoíris presentan algunos estudios sobre la situación de la población en temas de género y diversidad sexual, la entrevistada comenta que ninguna de ellas tendrá el alcance operativo que sí tienen organismos como los del Estado o el propio Inegi.

Hay avances legales en materia LGBT+, pero, ¿realmente se aplican?

“Hemos logrado, a través del tiempo, algunas reformas legales importantes, pero eso es resultado de nuestra gestión. No es una iniciativa del gobierno. Nosotras hemos estado tocando la puerta, exigiendo, dialogando con las y los parlamentarios para que esas reformas tengan lugar. Pero, después, ¿qué pasa con esas reformas? Nos quedamos en el papel”, lamenta la psicóloga social y añade: “incluso cuando logramos el reconocimiento del matrimonio igualitario, ni siquiera se ha logrado de manera homogénea en el país”.

A lo largo de los sexenios, declara Careaga, ha habido algunos nichos federales y locales desde los que se muestra plena voluntad política, pero remarca que eso no es suficiente, sino que es necesario establecer un proyecto de continuidad política más allá de los periodos en cargos políticos y esto solamente puede lograrse con avances legislativos.

“Por ejemplo, ahorita que el director del Infonavit (Carlos Martínez Velázquez) es un hombre abiertamente gay, pues claro que las puertas están abiertas y percibimos que en esta gestión hay personal que está abierto a tomar en cuenta a las parejas homoparentales y homosexuales para los créditos de vivienda, pero no es ninguna garantía que todos los gobiernos lo van a hacer”, explica Careaga.

La terapia de conversión, una ley en el papel

La entrevistada indica que la reforma lograda más reciente en favor del reconocimiento de los derechos de la población LGBT+ sucedió en abril pasado, cuando, después muchos años de lucha, el Poder Legislativo finalmente aprobó sendos cambios sobre la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para prohibir y sancionar las llamadas “terapias de conversión” en el país. La puesta en vigor de dichas reformas se hizo efectiva el pasado 8 de junio con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, plantea la activista, “nos gustaría saber cuáles son las acciones que el gobierno va a desarrollar para identificar los centro en los que se realiza la ‘terapia de conversión’, cuáles son los transitorios que garantizan su aplicación, porque, además, la implementación de las leyes de prohibición está sucediendo en varios de los estados, pero no existe alguien que esté haciendo el análisis sobre si esas leyes se parecen o son distintas ni cómo se van a instrumentar. Es decir, nos parece importante celebrar cuando se alcanzan logros como éste, pero también debemos estar conscientes de que falta lo más importante: el cómo se ponen en marcha y cómo garantizamos que las reformas legales se conviertan en acciones de gobierno”.

En este sentido, Careaga reitera que los lastres más importantes de la gestión gubernamental es que el Ejecutivo no tiene un programa de gobierno que garantice la protección de los derechos. Y plantea: “¿cuál es el derecho que el gobierno está protegiendo para las personas LGBTIQ+? No vemos ni siquiera el de no discriminación, porque no hay ninguna campaña. Hasta ahora, todo queda en la declaración”.

Añade que instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hasta el 2018 tenía una encuesta anual sobre discriminación y las acciones que se iban desarrollando para mermar ese estado de discriminación, “pero eso se acabó en 2018. Es preocupante que se frenen estos procesos en los que íbamos avanzando, que eran el mínimo, pero eran importantes para el cambio de cultura. El problema del Conapred es que lo dejaron chimuelo, de ser una institución autónoma, con todas las facultades, lo redujeron a su mínima expresión. Ahora, no debemos demeritar el trabajo de las personas que trabajan en el Consejo, están haciendo su chamba, pero no tienen con qué operar”.

Los compromisos de Sheinbaum sobre diversidad sexual y de género

En el documento llamado “100 pasos para la transformación”, que engloba los compromisos concretos asumidos por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, se estipula un apartado sobre Diversidad Sexual y Género en el que se reconoce el rezago en el acceso a la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud.

El documento presenta ocho “propuestas y acciones de gobierno”, que a grandes rasgos son:

·      Políticas públicas de la mano de la población LGBT+.

·      Diseño e implementación de un Programa Nacional de Salud para las Poblaciones de la Diversidad Sexual.

·      Una autoridad específica que supervise el avance de dichas políticas.

·      El impulso de alianzas interinstitucionales, a través del Conapred, para la generación de marcos legales.

·      Fortalecer herramientas como la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), del Inegi.

·      Incluir en el próximo censo nacional preguntas sobre la orientación sexual e identidad de género de la población.

·      Desarrollar mecanismos que generen acceso al trabajo, apoyo a cooperativas, pequeñas y medianas empresas.

·      Un programa nacional de atención diferenciada en salud a poblaciones en condición de vulnerabilidad y un programa nacional de diagnóstico y prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual.

Al respecto, Gloria Careaga señala: “Si se desarrollaran políticas con el diseño estadístico, de formación y atención de las necesidades de la población LGBT+, no solamente contribuirían a resolver los problemas que enfrentamos, sino que ayudarían a ser parte del imaginario social de la población, que ésta perciba que no somos personas extrañas, somos igual que cualquier otro grupo. Es decir, claro, somos distintos, sí, pero somos parte de la sociedad”.

México deberá asumir un compromiso ante la ONU

En enero pasado, México presentó su informe de cara a la próxima evaluación del Examen Periódico Universal, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual se encarga de evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros.

Al respecto, Careaga detalla que más de 200 organizaciones defensoras de los derechos LGBT+ lograron el planteamiento de alrededor de nueve recomendaciones en materia de diversidad sexual y de género. En el entrante mes de julio, el gobierno de México se presentará ante el consejo de la ONU y declarará cuántas recomendaciones aceptará.

“A partir de ello, nosotros ya solicitamos a Relaciones Exteriores una conversación con las instancias responsables de la ejecución de esas recomendaciones”, comparte la entrevistada.

Agrega que, en particular, a la Fundación Arcoíris le preocupa principalmente la situación de asesinatos y desapariciones de las personas LGBT+, “que sigue sin un registro adecuado. Nosotros somos quienes tenemos que estar llevando las estadísticas. Para nosotros, contabilizar la pérdida de vidas que tenemos cada mes, cada año, es muy importante, porque nos permite la exigencia hacia el gobierno para que eso ya se acabe (…) hemos estado haciendo el trabajo que el gobierno no hace y ofreciendo los datos y las vías”.

Finalmente, declara: “confiaría en que el nuevo gobierno vuelva a tener las puertas abiertas para seguir trabajando de manera conjunta, porque somos las organizaciones sociales las que tenemos el vínculo directo con la población”.

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En concreto, los puntos primordiales de la comunidad:

·      Más información estadística y seguimiento periódico de la situación económica, laboral, de salud y respeto de los derechos de la población LGBT+.

·      Revisión de las legislaciones sobre el tema para que sean aplicables.

·      Criterios más claros para el acceso a Seguridad Social y vivienda.

·      Dotar de facultades a las instituciones para dar seguimiento y sancionar la violación de los derechos de la población LGBT+.

·      En particular, dar seguimiento y sanción a partir de las reformas para prohibir las terapias de conversión.

·      Compromiso de todas las facciones políticas para la continuidad transexenal de las políticas públicas.

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“Si se desarrollaran políticas con el diseño estadístico, de formación y atención de las necesidades de la población LGBTIQ+, no solamente contribuirían a resolver los problemas que enfrentamos, sino que ayudarían a ser parte del imaginario social de la población”,

Gloria Careaga, psicóloga social y activista LGBT+

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¿Quién es Gloria Careaga?

Nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1947, es licenciada en Psicología por el ITESO y maestra en Psicología Social por la UNAM, así como catedrática en esta última universidad. Es cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y también fundadora y directora de la Fundación Arcoíris, encargada de estudiar y e investigar temas de diversidad sexual y género. En 2018 fue elegida como integrante suplente del Consejo Asesor de ONU-Mujeres de América Latina. De 2008 a 2014 fue co-secretaria general de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA). Es autora de libros y coordinadora de antologías sobre temas de género, políticas públicas y lucha social.

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Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT

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http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel

ricardo.quiroga@eleconomista.mx