Peticiones de los partidos de oposición para aprobar la reforma de la jornada laboral

La principal petición de los partidos que todavía no han asegurado su voto a favor de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas es la gradualidad de su implementación. Pero también piden un estudio para saber si la modificación afectaría la cotización a la seguridad social y qué efecto tendrían los cambios en los sectores de trabajo especializado.

Estas son las recomendaciones y demandas vertidas en el Parlamento Abierto y que fueron reunidas en el documento que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados le presentó a la Mesa Directiva en San Lázaro.

Pero además, de manera directa los grupos parlamentarios pueden enviar sus observaciones a la Comisión de Puntos Constitucionales, se señala en el reporte. El informe de las intervenciones y el énfasis en estas peticiones fue elaborado por la Secretaría Técnica de la Jucopo.

“Las coordinaciones de los grupos parlamentarios plantearon propuestas específicas, exhortos y recomendaciones” que de ser tomadas en cuenta puedan dotar de “blindaje jurídico a la propuesta”, se destaca en el documento.

En octubre de 2022, la diputada federal Susana Prieto Terrazas (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para aumentar de uno a dos los días de descanso semanal de las personas trabajadoras. Con ello, la jornada laboral disminuiría de 48 a 40 horas a la semana.

En abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen a favor de esta reforma. Pero ocho meses después, el proyecto volverá a ser analizado y, quizá, modificada.

Impacto de la reforma en seguridad social

En el Parlamento Abierto las cámaras empresariales señalaron que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no podrían darle más de un día de descanso a su personal.

La reforma de reducción de la jornada laboral se traduciría en informalidad o el cierre de empresas. Muchas organizaciones dejarían de asumir sus responsabilidades fiscales, sociales y legales, sostuvieron los representantes de la iniciativa privada.

“Crecerá la informalidad, habrá menos recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y menos pago de cuotas de seguridad social”, señaló Ricardo Barbosa Ascensio, presidente de la Comisión Laboral la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y asesor del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Para Mariano Serna Muñoz, de la Cámara de Comercio y Servicios al Turismo (Canaco), el costo laboral se elevaría a 70% de las ganancias. Llegó a esa cifra “sumando los días de descanso más los gastos de seguridad social”.

El oficio enviado a la Mesa Directiva para enterarle sobre lo presentado en el Parlamento Abierto, la Jucopo destacó que los grupos parlamentarios plantearon propuestas específicas, exhortos y recomendaciones “en materia de seguridad social, en especial la cotización y cuotas enteradas”, las cuales podrían ser afectadas por la reforma.

Sin embargo, la Comisión de Seguridad Social “encuentra que no existe un impacto económico negativo respecto de las obligaciones de cuotas patronales en materia de seguridad social”, indicó dicho órgano en el mismo informe que le fue remitido a la Mesa Directiva.

La iniciativa no contempla modificaciones fiscales o en cuotas patronales en materia de seguridad social, por lo cual no afecta esta parte, señaló la diputada federal Ivonne Cisneros (Morena), presidenta de dicha comisión.

“Por el contrario, sí se advierte una serie de efectos positivos”, agregó.

Escasez de personal especializado

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) abordó el tema de los trabajos especializados. Esta reforma encarecerá la mano de obra especializada y pondrá en aprietos a las empresas para conseguirla, sostuvo Alejandro Gómez Tamez.

“Pensemos un experto en un tema de calderas, pues bueno, ¿de dónde lo vas a sacar? Entonces, son golpes para los centros de trabajo”. Agregó que la productividad laboral “ha venido disminuyendo” y esta reforma empeorará esta situación.

Según el reporte de la Jucopo, las personas que no están de acuerdo con esta reforma “pidieron también recabar la opinión actualizada del centro de estudios competente de la Cámara de Diputados”.

Todas estas demandas podrían retrasar la nueva dictaminación de esta reforma. El objetivo de Morena es que sea aprobada antes del 15 de diciembre. Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de la Jucopo, ha señalado que la iniciativa podría ser modificada y analizada antes de esa fecha, sin embargo, advirtió que no lo harán a prisa.