Lectura 4:00 min
Gobierno de Colombia lleva al Congreso su nueva reforma tributaria
Contrario a la anterior iniciativa que generó una ola de protestas en el país, el Proyecto de Inversión Social no contempla nuevos impuestos para la clase media pues éstos recaerán en el sector empresarial; otra parte del recaudo vendrá de la austeridad en el gobierno así como de nuevas medidas contra la evasión fiscal.
El ministro de Hacienda en Colombia, José Manuel Restrepo, radicó ayer martes en el Congreso, con mensaje de urgencia, el Proyecto de Inversión Social, que busca recaudar $15.2 billones (3,974 millones de dólares) al año. Según las estimaciones del Gobierno Nacional, la iniciativa beneficiará a 7.8 millones de hogares, es decir a más de 50% de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia. El Gobierno también indicó que este es el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.
Cabe mencionar que este articulado es el resultado de un consenso con distintos actores como jóvenes, congresistas, beneficiarios de los programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales.
Entre las propuestas está la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que iría hasta diciembre de 2022 y llegaría a más de cuatro millones de hogares a partir de abril del próximo año. Los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160,000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267,579 y $195,906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos.
Plan de Austeridad
Uno de los puntos clave que abarcará la nueva reforma tributaria, sin duda, es el plan de austeridad y gasto público. Tal esfuerzo representaría un ahorro de $1.9 billones anuales entre 2022 y 2032, en promedio.
Según el Ministro, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. También se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.
“Llegaremos a un 50% del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agregó Restrepo.
Aunque el plan conlleva un ahorro importante, algunos expertos consultados destacaron que esto no sería suficiente y que se necesita más compromiso del Gobierno.
De acuerdo con Guillermo Sinisterra, docente de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, las medidas siguen siendo pocas y no se estaría eliminando la burocracia “inútil”, como algunas consejerías o esquemas de asesores sobrepagados en los entes nacionales. “Tampoco se dijo nada sobre la compra de nuevo material militar. Está bien la limitación de viajes y papelería, pero sigue siendo muy poco para un verdadero esfuerzo fiscal, cosas como la virtualidad de las entidades que permita tener menos costos operativos y unir físicamente algunas de ellas. El análisis de cuáles cargos del Estado son verdaderamente fundamentales no se están haciendo”, señaló el experto.
Por otro lado, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la misma institución, dijo que estas medidas de ahorro en el gasto público no sobran. Sin embargo, destacó, no se trata de reducir gastos, sino de usar de manera eficiente lo que ya se está gastando y de traer nuevos recursos para cumplir con las metas propuestas.
Lucha contra la evasión de impuestos
La lucha contra la evasión y elusión de impuestos será la segunda fuente de recaudo más grande la tercera reforma tributaria de la administración de Iván Duque pues, de la meta trazada de $15.2 billones, se espera que este rubro aporte $2.7 billones.
Las nuevas medidas que incorporaría la reforma contra la evasión de impuesto se harían a través de tres mecanismos puntuales. Estos son: la transformación de la facturación electrónica; el registro único tributario (RUT) a los evasores que no lo tienen; y la georreferenciación, que permitirá la compraventa de bienes inmuebles a su valor real.
Recaudación
Por último, por el lado del recaudo, se mantendrá el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50%, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales. También establecería una tarifa de renta para empresas de 35%. Se propone una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025.
El Ministro recalcó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales. Por el contrario, la cartera optó por apelar a la solidaridad empresarial.