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Altán Redes sale del concurso mercantil tras logar un acuerdo para reestructurar una deuda de 30,000 millones de pesos
La jueza Primera de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, aprobó el convenio concursal a través del cual Altán Redes y el conciliador designado para este proceso, Gerardo Sierra Arrazola, propusieron los tiempos y métodos para abonar más de 1,500 millones de dólares que adeuda la empresa a sus acreedores.
Altán Redes, un operador de servicios de telecomunicaciones mayoristas con alcance nacional en México, consiguió salir del proceso de concurso mercantil al que se sometió desde mediados del 2021 para reestructurar una deuda de 29,811.82 millones de pesos, unos 1,517 millones de dólares de ese año, que mantiene con cerca de 120 acreedores por la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura de su red de telefonía e Internet con la que hoy atiende a siete millones de mexicanos.
Este jueves, la jueza Primera de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, aprobó el convenio concursal a través del cual Altán Redes y el conciliador designado para este proceso, Gerardo Sierra Arrazola, propusieron los tiempos y métodos de pago a sus acreedores, entre los que se encuentran la banca de desarrollo (Nafin/Banobras/Bancomext), gigantes tecnológicos como Nokia y Huawei, y otros operadores como Megacable y AT&T.
De acuerdo con los expedientes 163/2021-VIII y 08/2022 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México, Altán Redes y su conciliador consiguieron el apoyo de la mayoría de los 119 acreedores al convenio concursal propuesto.
Según el expediente, el 94% de los acreedores aceptaron las disposiciones establecidas en el convenio concursal.
La jueza, sin embargo, se apartó del contenido de la cláusula número 30 de dicho convenio y que se conocerá una vez que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) detalle el contenido de su sentencia, donde se conocerán también las maneras en las que Altán abonará sus compromisos financieros con los acreedores.
Aquellos acreedores de Altán que manifiesten alguna inconformidad con la decisión de la jueza Borja Cárdenas podrán apelar ante los tribunales unitarios y en tanto tomen esa determinación, estarán obligados a acatar el fallo de la jueza.
Todavía el 20 de octubre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió a través de su resolución P/IFT/EXT/201022/16 que no ejercería su facultad de veto al convenio concursal presentado por Altán, con lo que el proceso ante los juzgados en materia de concurso mercantiles se aceleró.
Con este fallo, Altán Redes consigue, por ahora, alejarse de la quiebra y tiempo para seguir negociando con sus acreedores, y dirigir recursos a los despliegues de infraestructura para alcanzar una cobertura poblacional del 92% para al año 2024, según obliga su título de concesión de telecomunicaciones. La empresa rebasa ahora el 70% de esa cobertura.
Altán Redes, el cuarto inversionista en las telecomunicaciones de México con aproximadamente 1,000 millones de dólares de inversión en 2019, informó el martes 13 de julio de 2021 que un contexto económico y financiero global, así como una economía deprimida del consumidor mexicano, complicó que pudiera mantener su ritmo de inversión en la construcción o contratación de infraestructura y al mismo tiempo recuperar flujo de dinero para la reinversión y el pago de insumos a sus proveedores.
El 17 de noviembre del 2021, el Juez Séptimo en Materia Civil de la Ciudad de México declaró a Altán Redes en concurso mercantil, lo que permitiría que esa compañía continúe con un plan de reestructura para así también dar cumplimiento a sus compromisos financieros y de despliegue de infraestructura.
Para junio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal, a través de la banca de desarrollo, inyectaría 161 millones de dólares a la compañía, con lo que Altán Redes se convirtió, hasta ahora, en la única empresa rescatada por la 4T con dinero público y entonces el gobierno tomó el control de la empresa y designó una nueva dirección general, que semanas posteriores planteó la posibilidad de que Altán ofrezca sus servicios al consumidor final desde la banda de los 700 MHz que tiene en posesión como único concesionario.
Después de la inyección de capital por parte del gobierno federal, los proveedores, acreedores y accionistas de Altán también anunciaron una inversión adicional de 166 millones de dólares.