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Corte también podría frenar iniciativa eléctrica
La nueva Ley de la Industria Eléctrica que resultaría de las modificaciones planteadas en la iniciativa presidencial podrá tener el mismo destino que el Acuerdo de Emergencia para el balance de la red del Cenace y la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía, es decir, quedar invalidada por el poder judicial, según expertos.
La nueva Ley de la Industria Eléctrica que resultaría de las modificaciones planteadas en la iniciativa presidencial podrá tener el mismo destino que el Acuerdo de Emergencia para el balance de la red del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía, es decir, quedar invalidada por el poder judicial, según expertos.
Y es que dada la sentencia de este miércoles en que el máximo tribunal resolvió que la política de Energía atentaría contra el principio de competencia beneficiando a la CFE y por tanto respaldó su inconstitucionalidad promovida por la Cofece y las decenas de amparos favorables a la industria, existen suficientes antecedentes y los mismos argumentos para que la nueva Ley que privilegiaría el despacho de energía de la CFE sea impugnada y desechada por el poder judicial.
Si el Congreso resuelve de manera favorable al Ejecutivo sobre la iniciativa preferente del presidente López Obrador, en marzo o abril, una vez que entre en vigor el ordenamiento, por lo menos estará sujeto a suspensiones, ya sea para una parte o los 12 artículos que pretende modificar, explicó el asesor legal de Greenpeace México, Luis Miguel Cano, participante en el amparo con el que la organización frenó la Política de Confiabilidad. "El haber elevado la jerarquía del ordenamiento para colocar las disposiciones de está administración nivel de Ley no resta al argumento de competencia para el desarrollo económico, de promoción de renovables y derecho a la salud de la población, plasmados en la Constitución y en tratados internacionales, a los que de nueva cuenta se oponen los cambios que quieren plasmar en el marco legal energético", dijo Luis Miguel Cano a El Economista.
Con el precedente de la Corte, "la nueva Ley de la Industria Eléctrica prácticamente nace como letra muerta", aseveró a su vez el analista de energía, Ramsés Pech.
Infraestructura en peligro
En tanto, la puesta en marcha de un total de 112 plantas eólicas y fotovoltaicas contratadas, en construcción o a punto de entrar en operaciones antes del 2022 peligran si se aprueban los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, ya que corresponden a nueva infraestructura de las subastas y de contratos de autoabasto privado firmados bajo está ley, que con las nuevas condiciones de despacho no tendrán garantías de ingresos.
Al cierre del 2020 se ha instalado el 74.6% de la infraestructura correspondiente a 5,049 megawatts de las tres subastas eléctricas de largo plazo realizadas en la pasada administración.