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Estados Unidos rechaza un plan para disolver al laboratorio Purdue Pharma, creador del OxyContin que causó una crisis de opioides

Por ahoram se tiene previsto que la compañía se venderá en el año 2024 para ser reemplazada por una nueva entidad y su participación en la comercialización de productos opioides estará restringida.

Foto: Reuters.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó un plan para disolver a Purdue Pharma, fabricante del medicamento OxyContin, que ha sido culpado por la crisis de opioides del país.

El gobierno quiere que el acuerdo, que fue aprobado este mes por un juez federal, se suspenda mientras los fiscales lo impugnan ante un tribunal federal de apelaciones.

Según el acuerdo, la familia Sackler, que fundó la empresa y se benefició de ella, tendría que pagar 4,500 millones de dólares, pero no deberían volver a comparecer ante los tribunales por la droga.

En un expediente judicial publicado el miércoles, el fideicomisario del Departamento de Justicia, William Harrington, argumenta que el acuerdo no establece responsabilidades en la crisis de adicción que causó más de 500,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos 20 años.

El acuerdo "daña tanto al público como a innumerables personas al extinguir los derechos que las víctimas de opioides tienen contra posiblemente miles de miembros de la familia Sackler y partes asociadas".

Los fiscales generales de Washington, Maryland, Oregon y Connecticut también se opusieron al acuerdo, aunque otros estados lo apoyan.

El año pasado Purdue se declaró culpable de tres cargos criminales por la venta de OxyContin, un analgésico recetado altamente adictivo.

Según los términos del acuerdo, la compañía se venderá en 2024 para ser reemplazada por una nueva entidad administrada por un fideicomiso, y su participación en la comercialización de productos opioides estará restringida.

Los Sackler acogieron con satisfacción el acuerdo, alegando que evita litigios que podrían tardar años en resolverse, aunque sus detractores, incluido el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, argumentan que deja a la familia "libre" de responsabilidad.

 

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