Malas prácticas en outsourcing siguen; IMSS reforzará vigilancia

A dos años de que se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación, y se permitió, en cambio, la contratación de servicios especializados, regresaron las malas prácticas patronales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) va por su eliminación.

La institución ya hizo un primer llamado para que no se dejen empresas “cascarón” y sólo con esa acción de exhorto, acompañado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), posible incrementar su recaudación de cuotas obrero-patronales en 180 millones de pesos en este año.

Así lo manifestó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, quien afirmó que “ya no es tan sencillo darle la vuelta” a la recaudación y ahora es más fácil identificar a las empresas que no tienen a sus trabajadores registrados de manera adecuada en su salario, en su puesto de trabajo o con la razón social.

De acreditarse estas faltas, las empresas corren el riesgo de perder su registro como empresa prestadora de servicios especializados, con los correspondientes efectos negativos en el SAT.

Durante su participación en el Quinto Foro Compliance 2023, organizado por Thomson Reuters, explicó que lo que viene en la subcontratación de Servicios Especializados es una segunda etapa donde la fiscalización es mucho más eficiente.

“Ya no está tan fácil que dejen cascarones de empresas, los trabajadores no localizados estarán en un proceso de extinción, pero si son migraciones a otros centros de trabajo que van a dejar cascarones es posible identificarlos en tan sólo 30 segundos, pues con el cruce de datos ya se sabe el o los comportamientos patronales que buscan incumplir con sus obligaciones”, detalló la funcionaria.

López Castañeda explicó que, si bien el primer año que entró en vigor la reforma en materia de subcontratación y hubo un buen comportamiento de las empresas, destacó que no sucedió lo mismo en el segundo año, pues se empezaron a detectar prácticas que tienen como fin “darle la vuelta a la ley”.

“La reforma en subcontratación es una reforma dinámica que, si bien había tenido una primera fase de implementación en el 2021, era algo que constantemente se iba a estar revisando”, indicó.

Ya no se ocultan trabajadores

En palabras de López Castañeda, actualmente al IMSS le lleva unos segundos revisar el comportamiento de las empresas, y es así como han detectado que en ocasiones un mismo patrón tiene a todos sus trabajadores ganando el mismo salario.

Un segundo comportamiento irregular es que todo el personal tiene el mismo puesto de trabajo, es decir no existe ningún gerente o supervisor en toda la estructura, y un tercer indicio de una pala práctica es cuando migran a los trabajadores de una empresa a otra, “como si todos decidieran cambiarse de trabajo de una empresa a otra y todos al mismo tiempo (…) No es creíble que en las empresas grandotas todos ganen lo mismo”, añadió.

Por estas acciones, detalló López Castañeda, “volvimos a exhortar en el cumplimiento; recuerden que la STPS, en términos de los lineamientos tiene la facultad de cancelar o dar de baja el Registro como Empresas de Servicios Especializados (REPSE), hasta ahora se han cancelado 200 registros de más de 140,000 empresas.

Cabe recordar que en el mes de mayo la STPS, el IMSS, el SAT e Infonavit emitieron un comunicado conjunto con el fin de recordar a las empresas que la subcontratación en el país está prohibida. “Ahí no hay duda, no hay cambio, es claro y no hay excepciones, está prohibida. No puedes subcontratar personal”, dijo en su momento Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS.

Y fue enfático al especificar que el registro de las empresas en el REPSE no debía ser interpretado por los patrones como un permiso para subcontratar, sino como un requisito en la contratación de servicios no vinculados con su actividad primordial y para acreditar que están al corriente con sus obligaciones.

En ese momento, indicó que había alrededor de 139,000 empresas registradas y comentó que en dos años se había cancelado del registro a 200 empresas que hicieron un mal uso de su constancia.

Al respecto, Germán de la Garza de Vecchi, socio director de Fisher Phillips México, expuso que, si bien la reforma tuvo efectos positivos al inicio de su implementación, “también ha estigmatizado los servicios especializados, sobre todo de quienes hacían las cosas de manera legal, y el sector ahora está fuertemente afectado”.

pilar.martinez@eleconomista.mx