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México deberá licitar obras por 1.8 billones de pesos
A tres años de haberse lanzado el Programa Nacional de Infraestructura, se han erogado recursos equivalentes a 40 por ciento de las obras contempladas. Los sectores con más avances son el energético y el de ferrocarriles.
El gobierno federal deberá licitar, en tres años, obras por un valor de 1.8 billones para cumplir con la totalidad del Programa Nacional de Infraestructura (PNI).
De acuerdo con el Banco Nacional de Obras (Banobras), al cierre del año pasado se habían erogado recursos por 1.2 billones de pesos, equivalentes a 40 por ciento del valor de las obras contempladas en el plan anticíclico del gobierno.
En un balance hecho por Banobras, la entidad gubernamental que más proyectos financia, se establece que de los ocho sectores contemplados por el PNI los que más avance registran son el energético y el de ferrocarriles, pues ambos reportan 45 por ciento.
A tres años de haberse lanzado el Programa Nacional de Infraestructura, las carreteras llevan 41 por ciento de adelanto, al igual que las obras hidráulicas, por lo que se sitúan en la segunda posición.
Víctor Esquivel, consultor de KPMG, explicó que para cumplir con los objetivos planteados en el PNI es necesario que el gobierno haga una revisión de las licitaciones que lanzará con el fin de que las obras se lleven a cabo.
Entre las acciones que debe tomar el gobierno destaca la de publicar convocatorias para proyectos de menor tamaño, ya que con la actual crisis económico-financiera resulta difícil fondearlos.
Licitar paquetes pequeños no sólo los hará atractivos para las empresas, sino que también podrán participar inversionistas privados, agregó. También es necesario que en las convocatorias de licitación haya mayor flexibilidad en los calendarios y en la carta compromiso de los bancos.
Para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el gobierno debe realizar algunos ajustes para alcanzar los objetivos del PNI, tales como impulsar la liberación de los derechos de paso, desarrollar una política de compensación de daños ambientales, implementar una coordinación con diferentes secretarías y darle un impulso a las empresas nacionales.