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Regulación debe ser procompetitiva
En su Manifestación de Impacto Regulatorio, los nuevos proyectos deben atender criterios para resguardar o mejorar la competencia.
A partir de ahora, todas las dependencias federales y órganos desconcentrados que envíen proyectos de regulación a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) deberán considerar no sólo los aspectos de costos y beneficios de los mismos, sino también de competencia, para identificar las posibles regulaciones anticompetitivas.
Los representantes de la Cofemer y la Comisión Federal de Competencia (CFC), Alfonso Carballo y Eduardo Pérez Motta, respectivamente, explicaron que esta nueva herramienta de análisis de impacto en la competencia consiste en proveer la justificación económica de la regulación y la realización de un análisis de alternativas regulatorias procompetitivas.
El Presidente de la CFC explicó que en México es necesario contar con una regulación que promueva la eficiencia en los mercados, por lo que hacer un análisis ex ante de la regulación para evaluar su impacto mejorará la eficiencia en los mercados en beneficio de los consumidores.
Esta nueva revisión conllevará a menores barreras al acceso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, además de competencia más intensa en los mercados y se reducirán las prácticas colusivas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el establecimiento de este tipo de mecanismos institucionales para llevar a cabo la evaluación de la competencia en las primeras etapas de elaboración de la regulación es fundamental para fortalecer y otorgar coherencia entre la política de competencia de un país y las acciones del gobierno, lo que coloca a México a la vanguardia a nivel internacional en el uso de este tipo de herramientas.
Alfonso Carballo precisó que la inclusión del análisis de competencia en la Manifestación de Impacto Regulatorio, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, permitirá identificar aquellos proyectos regulatorios que pudieran tener el potencial de restringir indebidamente la competencia, ya sea que se constituyan en barreras de entrada a los mercados, restrinjan las opciones de productos, servicios e información o que limiten la capacidad o habilidad de competir por parte de alguno o todos los prestadores de bienes y servicios en los mercados.
De modo que, al presentar regulaciones, las dependencias se someterán a 17 nuevas preguntas, unas enfocadas hacia la oferta de servicios, como: ¿limita el número de competidores?, ¿es permite competir más y mejor? o ¿las condiciones son equitativas? Además, algunas estarán enfocadas al consumidor: ¿reduce la rivalidad entre empresas?, ¿limita la información disponible para los consumidores y les permite cambiar fácilmente de proveedor?
lgonzalez@eleconomista.com.mx