Prevén ajuste de tarifas por separación funcional

La separación funcional de Teléfonos de México ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría tener efectos adversos como agudizar problemas de congestión de tráfico, propiciar mayores tarifas a los usuarios o una caída en la calidad del servicio como estrategia de la empresa, para aliviar dicha congestión, así como generar altos costos de desvinculación y re-vinculación de empleados que se transfieren entre  las  empresas y  divisiones.

Víctor Pavón, presidente del Oxford Competitin Economics , estimó que, en el corto plazo, la infraestructura de red ya desplegada podría agudizar sus problemas de congestión de tráfico y en el mediano plazo, la infraestructura de red sujeta a condiciones de acceso mayorista podría convertirse en un “cuello de botella” debido a la ausencia de incentivos a  la  inversión  para  el  remplazo  y la expansión  de  esta infraestructura.

En el análisis económico- regulatorio “La Separación Función de Telmex/Telnor: Bases Regulatorias e Impactos Económicos, 2018”, Pavón destacó que la   separación   funcional impondrá un conjunto de obligaciones regulatorias como, por ejemplo, la provisión de servicios a tarifas reguladas, que impactarán los flujos financieros de la nueva empresa.

Por ejemplo, la determinación de tarifas con base en la metodología de costos  incrementales promedio  de  largo  plazo podría  generar  un  desequilibrio financiero  importante para la empresa, lo  que  incrementaría naturalmente su qcosto de financiamiento y, por tanto, sus costos para el mantenimiento de la red actual y sus costos para el despliegue de nueva infraestructura.

La medida de separación funcional establece que se contará con un plazo no mayor a dos años posteriores a la aprobación del plan de instrumentación de  la  separación (es  decir,  hasta febrero  del  año 2020)  para  que  la  unidad  de negocio  mayorista  esté  plenamente  conformada  y  proveyendo  en  su  totalidad todos los servicios mayoristas relevantes.

El  mandato también establece  que  la nueva  empresa  deberá  ser  dotada  de patrimonio propio para que, de manera independiente, pueda realizar de manera efectiva sus actividades comerciales. En materia de gobierno corporativo, como se observa actualmente en los casos delas empresas Telesites y Opsimex, los órganos de decisión  y de gobierno  corporativo  de  la  nueva  empresa  no deben  tener directivos que pertenezcan a los Consejos de Administración de América Móvil o Telcel.

En materia laboral, el especialista destacó que los títulos de concesión de Telmex y Telnor obligan a respetar los derechos de sus trabajadores,   en   particular,   lo   correspondiente   al esquema   de   jubilaciones contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018celebrado entre Telmexy el Sindicato de Telefonistas dela República Mexicana.

Dio como referencia que, en la actualidad, se estima que el STRM posee un total de 60,000 trabajadores en sus filas: 32,000 trabajadores en activo y 28,000 trabajadores jubilados, por lo que el tema de las jubilaciones y sus obligaciones financieras asociadas es importante y relevante.

Dijo que la   separación funcional implica un importante  ejercicio de reasignación de recursos. Esta reasignación no sólo implica la separación física de las  operaciones y  activos  físicos,  sino  también  la  reasignación  de  personal. En particular,   la   reasignación   de   recursos   humanos   implica   la   realización   de modificaciones contractuales así como una reestructura respecto al cumplimiento de obligaciones de la empresa ante instituciones de seguridad social y fondos de pensiones o retiro.

En este sentido, los principales costos asociados a la separación funcional son los costos de desvinculación y re-vinculación de empleados que se transfieren entre  las  empresas y  divisiones así  como  los  costos  asociados  a  la transferencia de pasivos pensionales y derechos laborales.

No obstante, el IFT no es autoridad competente en materia laboral. La Resolución de Preponderancia emitida el 6 de marzo de 2014 y la revisión bienal de 2017 no establecen medidas específicas en materia laboral ni relacionadas con los derechos de los trabajadores de las empresas que conforman el Grupo de Interés Económico declarado como Agente Económico Preponderante  en el sector de telecomunicaciones.

De acuerdo con la resolución del IFT, Telmex y Telnor serán responsables de garantizar en todo momento la viabilidad técnica, económica y financiera de las nuevas empresas mayoristas, contemplando en todo momento el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

“Las medidas aprobadas por el IFT desde su creación están diseñadas para promover la competencia y la libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión del país”, de acuerdo con el regulador.

En cuanto a los contratos colectivos de trabajo, éstos tendrán que ser negociados con los respectivos sindicatos de Telmex y Telnor a efecto de transferir al personal a las Empresas Mayoristas.