Transparencia mejora en la mayoría de estados

Hace una década, el panorama en transparencia presupuestal de las entidades federativas era poco halagador. En la actualidad,  si bien aún existe opacidad en ciertos estados del país, hay avances significativos en esta materia.

Así lo manifestó Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en la presentación del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2017, quien expuso que en el 2008, 24 territorios estaban reprobados, en una escala de cero a 100%, “Baja California Sur, por ejemplo, tenía una calificación de cero, puesto que no daba cumplimiento a ninguno de los criterios que evaluábamos ese año (...) siete entidades tenían cumplimiento dentro de 60 y 74% y solamente una entidad, la mejor posicionada que fue Durango, tuvo un cumplimiento de 76 por ciento”.

Lo anterior significó que el cumplimiento promedio de los estados fuera de 53%; 10 años después, la calificación se ubicó en 83%, es decir, 30 puntos porcentuales más. Asimismo, este 2017 la mitad de territorios tiene un cumplimiento superior a 85 por ciento.

Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del centro de investigación, reveló que en el 2008, en finanzas públicas estatales como fideicomisos, programas y deuda, no existía información y la que había se encontraba dispersa, era heterogénea o estaba incompleta.

Además, agregó, se desconocía cuánto, en qué y para qué los gobiernos locales gastaban los recursos públicos, “por eso inició el IIPE, un esfuerzo para medir y mejorar la transparencia presupuestal de los estados”.

El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades a partir de 116 criterios agrupados en 10 secciones, que incluyen aspectos como el acceso y estructura a las leyes de Ingresos y presupuestos de Egresos; la disponibilidad de datos abiertos; el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; el desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno, así como al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos; y la información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública, entre otros.

Además, este indicador verifica el cumplimiento de la contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad que permean en transparencia presupuestal.

Los documentos valorados son leyes de Ingresos, presupuestos de Egresos, presupuestos Ciudadanos e iniciativas y proyectos. La construcción de este índice implicó la revisión de 236 documentos, 29,705 páginas analizadas y 96 sitios web consultados.

Los presupuestos de Egresos son la norma más importante de las finanzas públicas, determinan los montos y destino de cada peso del que disponen los gobiernos estatales, establecen cómo los gobiernos le devuelven el dinero de los impuestos a la sociedad e involucran al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, entidades públicas y sector privado, indicó Manuel Guadarrama.

Esta evaluación, añadió, permite dimensionar la prioridad de los gobiernos estatales, así como conocer cómo se utiliza el dinero público, quién lo gasta y con qué objetivos.

Resultados

Entre el 2008 y el 2017 los presupuestos de Egresos estatales crecieron 916,025.8 millones de pesos; en dicho periodo, el acumulado creció 37.9% en  términos reales. Para este año, las administraciones estatales ejercerán 1.9 billones de pesos.

De acuerdo al IIPE 2017, seis entidades obtuvieron un cumplimiento de 100% de los criterios evaluados: Jalisco y Puebla consiguieron el primer lugar por cuarto año consecutivo; Coahuila, por tercer año al hilo; Baja California, Chihuahua y Colima, por primera vez en los 10 años que lleva realizando Imco este indicador.

Mientras los únicos reprobados fueron la Ciudad de México (57.3%) y Michoacán (50.9%); la primera entidad lleva tres años seguidos debajo de 60% y la segunda continúa, desde la creación del índice, sin aprobar.

La capital reprobó en las secciones de rubros específicos (desglose de programas y financiamientos), tabuladores y plazas (salarios y número de trabajadores), deuda pública (condiciones de contratación) y clasificación (administrativa, económica y funcional).

Ante esta situación, Juan E. Pardinas, director general del Imco, señaló que mantuvieron discusiones técnicas con las autoridades de la Ciudad de México, pero no se pusieron de acuerdo, ya que su argumento es “una definición filosófica (...) que el presupuesto es una herramienta de planeación y no de rendición de cuentas (...) nosotros los vemos como herramienta de planeación y de rendición de cuentas”.

Declaró que el gobierno capitalino sí cumple con los criterios de la ley y con la información evaluada, aunque se ubica en diferentes documentos.

Correlación

Diego Díaz reveló que “no necesariamente un estado con mayor presupuesto tiene una mejor calificación en el índice, de hecho existe una ligera relación negativa entre el tamaño presupuestal y las calificaciones (...) cuatro de las cinco entidades con menor presupuesto, Colima, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, obtuvieron calificaciones superiores a 89%, mientras que los estados con mayor presupuesto, como Nuevo León, Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México, que son cuatro de las cinco entidades con mayor presupuesto en el país, obtuvieron calificaciones menores a 74 por ciento”.

Con relación al IIPE 2016, 22 entidades mejoraron, tres se mantienen igual (Coahuila, Jalisco y Puebla) y siete retrocedieron. Del primer grupo, los que más avanzaron fueron Querétaro (de la posición 28 el año pasado al séptimo lugar este 2017), Quintana Roo (del último escalón al puesto 16) y Sonora (del 24 al 11), mientras que de los que retroceden, sobresalen Baja California Sur (del 16 al 26), Veracruz (del 22 al 30) y Guerrero (del 20 al 28).

De las 10 secciones, a nivel general, seis tienen una calificación superior a 85%: recursos federales, acceso público, poderes y dependencias, municipios, Ley de Ingresos y reasignaciones y excedentes. Además, por primera vez en 10 años no se tiene una sección reprobatoria.

Acciones

“En Jalisco, el gobernador del estado presentó una iniciativa para incluir dentro de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público estatal, un título sobre Transparencia y difusión de información presupuestal. El Congreso del estado lo aprobó (...) A partir de ello, el cumplimiento  del Índice de Información Presupuestal Estatal ya no queda sujeto a la voluntad del gobierno del estado”, dijo el investigador Ramiro Suárez con relación a las buenas prácticas de las entidades.

Afirmó que en el anexo transversal de niñas, niños y adolescentes, 20 entidades lo incluyen en su presupuesto de Egresos del 2017; en este tenor, Yucatán incluye la justificación, análisis, fundamento, metodología y los programas presupuestarios de este anexo.

En esta misma línea de buenas prácticas en el desglose de información del presupuesto de Egresos se ubican Baja California Sur (tipo y monto de transferencias a los gobiernos municipales), Querétaro (recursos asignados a cada partido político), Hidalgo (por dependencia y unidad responsable), Colima, Baja California (clasificación por objeto de gasto dos niveles más de lo que deben para ambos), Chiapas (fideicomisos públicos y el saldo de cada uno), Yucatán (proyectos plurianuales), Querétaro (número y tipo de plazas del magisterio estatal y federal) y Guanajuato (gasto en comunicación social).

En las malas prácticas, destacan Tabasco con ilegibilidad en el presupuesto (1,930 páginas en este formato), Oaxaca, que no especifica la plaza o el cargo que corresponde a cada nivel salarial, y Michoacán, con prácticamente el mismo formato del presupuesto desde el 2008.

Recomendación

“Este es un índice de información presupuestal, pero también es un índice de voluntad política para transparentar la manera en que se ejerce el dinero público. Y en estos 10 años ha sido un trabajo arduo, pero hemos visto que se ha construido esa voluntad política y ese mérito, en gran medida, pertenece al trabajo de reformadores dentro de las distintas administraciones públicas”, enunció el director general del Imco.

Exteriorizó que el centro de investigación sólo tiene una recomendación, “seguir los pasos de Jalisco”, es decir, institucionalizar las mejores prácticas contables para la elaboración y aprobación de leyes de Ingresos y presupuestos de Egresos.