Gobierno de El Salvador rechaza oferta de pandillas de cese a homicidios

Las principales pandillas de El Salvador anunciaron el sábado el cese de los homicidios a nivel nacional y pidieron al gobierno que no implemente las anunciadas medidas extraordinarias para combatirlas, pero las autoridades rechazaron la oferta y advirtieron que no darán tregua a la persecución de estos grupos criminales.

El anuncio de las pandillas se conoció a través de un video difundido por un canal de televisión local y periódicos digitales, en el que aparece un hombre con el rostro cubierto acompañado de otros individuos que dicen representar a las pandillas Mara Salvatrucha (MS 13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.

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"Hemos girado línea a toda nuestra gente que son miembros de nuestras pandillas generales para que cese todo tipo de homicidio a nivel nacional", dice en el video el supuesto cabecilla de estos grupos delictivos.

Luego explica que la medida que entró en vigencia el sábado 26 de marzo es "para así demostrarle al pueblo en general, al gobierno presente y representación internacional en nuestro país que no hay necesidad de poner medidas que solo vienen a violentar nuestra Constitución de la República y toda ley que dependa de ella".

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El vocero de las pandillas también responsabilizó al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; al ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payes; y al director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, "por todo índole de homicidio, masacres o algo que se dé fuera de la ley en nuestro país".

Responsabilizan también al director de Centros Penales y a todos los funcionarios públicos "si acontece alguna acción negativa que se dé en las prisiones de nuestro país", y le advierten al gobierno que "no podrán terminar con las pandillas, ya que somos parte de la comunidad" salvadoreña.

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la Republica, Eugenio Chicas, reaccionó ante la publicación y expresó en su cuenta oficial de Twitter que "este gobierno no dará tregua a la persecución de la criminalidad y aplicará las medidas necesarias para combatirlo y proteger a la población".

Al consultarle sobre la veracidad del mensaje al que fuera mediador de la tregua entre las pandillas en 2012, el exguerrillero Raúl Mijango dijo a la AP que "ya me había llegado alguna información que lanzarían un mensaje, que tenían la idea".

Por su parte, el director de la Policía, comisionado Cotto, dijo a los periodistas que desconoce el video que circula en las redes sociales, pero reiteró que el gobierno sigue firme en su decisión de no negociar con las pandillas.

Ante el aumento de la violencia, el presidente Salvador Sánchez Cerén convocó a los tres poderes del Estado y al fiscal general de la República para que estudien la aplicación de medidas extraordinarias con el fin de combatir a estos grupos delictivos.

"Nos enfrentamos a bandas criminales que han perdido todo sentido de un ser humano y que están actuando con una irracionalidad que ha generado ese rechazo de la población", agregó el mandatario.

En la primera semana de marzo del 2012, los cabecillas de las pandillas acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego de que en esa época se registraran al menos 14 fallecimientos al día. Dicho alto en las hostilidades se alcanzó con la intermediación del obispo Fabio Colindres y del exguerrillero Mijango en representación de la sociedad civil.

Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero la tregua se rompió en septiembre de 2013, luego de que las autoridades retirarán una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos, y los asesinatos comenzaron de nuevo a subir.

Las pandillas, que tienen presencia en barrios y colonias populares de todo el país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran renta a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.

En agosto de 2015, la Corte Suprema declaró que las pandillas, quienes los apoyen y financien son terroristas, y los tribunales de justicia podrán imponerles penas de hasta 60 años de cárcel.

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