Ratifican prisión preventiva de 18 meses contra Pedro Castillo

Lima. Un tribunal peruano ratificó prisión preventiva de 18 meses para el destituido presidente Pedro Castillo, recluido en una prisión policial tras su fallido intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

"La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado", indicó el jueves el Poder Judicial en Twitter.

La orden de prisión para Castillo ya había sido dada por un tribunal el 15 de diciembre, pero su defensa pidió que fuera revocada, por considerarla injusta.

"Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión", dijo Castillo, durante una audiencia virtual el miércoles.

El expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.

Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.

La policía lo detuvo horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.

La caída de Castillo desató violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones al 2023.

En un intento de mitigar la crisis, el Congreso aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.

Ola de protestas

Las protestas en Perú que exigen la renuncia del actual gobierno tras la destitución del presidente Pedro Castillo podrían reactivarse en los primeros días de enero, mientras la nueva gobernante, Dina Boluarte, pidió a los partidos, sus militantes y los sindicatos "reflexión" y "diálogo".

Asimismo, Boluarte, aseguró que dará "todas las facilidades" a la fiscalía para investigar las muertes durante las violentas protestas este mes y aseveró que no habrá impunidad, en momentos en que el gobierno espera nuevos disturbios en enero.

La convulsión social, que estalló principalmente en las empobrecidas regiones del sur del país, dejó al menos 22 muertos durante enfrentamientos y otras seis personas fallecieron en accidentes relacionados a los bloqueos, según datos oficiales.

"No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles que corresponden", declaró Boluarte a los medios internacionales en rueda de prensa.

"La policía y el Ejército salieron para defender la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos", manifestó.