A la caza de los factureros

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación estipula que si la autoridad tributaria detecta que un contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de tales operaciones. 

La notificación del SAT sobre los presuntos responsables de estas omisiones había sido actualizada, el pasado jueves 18. De acuerdo a la norma vigente, los contribuyentes que aparecen en esa lista negra cuentan con 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga ante la autoridad fiscal y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos. 

Un listado actualizado de las factureras –contiene 100 registros de personas físicas y morales– fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. 

La presunción de defraudación equiparada a lavado de dinero pesa sobre ellos… ¿y el debido proceso? ¿Cómo salvaguardar sus derechos?, preguntaron al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, durante un foro virtual convocado por la Universidad Panamericana, antes de su comparecencia en la conferencia de prensa matutina del martes 22 que lo puso en la palestra mediática, por una frase contundente: “Se acabó la fiesta… las factureras ya no pueden seguir adelante”. 

Sus anfitriones fueron Raúl Bolaños Vital, secretario académico del posgrado de Derecho de esa casa de estudios y Adrián Ojeda Cuevas, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, quien llamó a la autoridad fiscal a evitar las generalizaciones y no incurrir en estigmatizaciones.

Y es que –de acuerdo con funcionarios de primer nivel de la Cuarta Transformación–, en Palacio Nacional circula un “listado completo” de los presuntos defraudadores fiscales que abarca más de 11,000 profesionistas y despachos de abogados, contadores y empresas dedicadas a los recursos humanos, que generan un boquete de 500,000 millones de pesos anuales a las arcas públicas.

Romero Aranda había explicado que las autoridades fiscales han detectado cuatro tipo de factureras: aquellas dedicadas a desviar recursos del Presupuesto para llevarlos a campañas políticas; los despachos de abogados y contadores que ofrecen a sus clientes no pagar impuestos; las empresas que lavan dinero del crimen organizado, y las firmas de tercerización, especializadas en el manejo de nóminas.

Para estas últimas –acotó– habrá una mesa de trabajo, en la que además del SAT, participarán el IMSS y la Secretaría del Trabajo. “No podemos acabar con el outsourcing, pero sí con aquellos que no cumplen con sus obligaciones y han perjudicado a miles de trabajadores y de patrones”, sentenció. 

El procurador fiscal de la Federación es abogado del CUM y maestro en derecho por la Universidad Panamericana, con 30 años de experiencia en el servicio público. Al darle la bienvenida, el rector general, José Antonio Lozano Díez, recordó que el fisco en México recauda menos del 16% del PIB cada año, mientras que entre los países integrantes de la OCDE la media es de 35% del PIB.

A falta de facultades plenas de fiscalización, Romero Aranda será uno de los principales promotores del cambio de la cultura tributaria. El fenómeno de las factureras –insistió– sólo pudo ocurrir con el amparo del poder, por autoridades que estuvieron en el SAT en las últimas dos administraciones.

Retomar las riendas del fisco. Reencausar la política fiscal… En el cambio de ese paradigma, reveló el procurador fiscal de la Federación, harán valer criterios de oportunidad. Y en la investigación sobre las factureras, al equiparar su modus operandi con delincuencia organizada, podrán requerirse escuchas o efectuar cateos. ¿Y convocar a testigos protegidos? 

Podría recurrirse a empleados de esas empresas que sirvan como “alertadores”. Y también aceptar la colaboración de “vecinos vigilantes”, que sospechen de las actividades ilícitas. 

Efectos secundarios

EN CIERNES. En una semana habrá de celebrarse el periodo extraordinario para armonizar las leyes mexicanas al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En el seno de la Comisión de Economía del Senado avanza el dictamen sobre la nueva Ley de Propiedad Industrial y la última versión mantiene dos cláusulas –una de linkage y otra, sobre certificados de protección– que resultarían perniciosas, a juicio de la industria farmacéutica nacional. El resultado es que la vinculación como está planteada en la iniciativa de ley daría la entrada al mercado de genéricos. Lo cual implica seguir pagando un sobreprecio de los medicamentos cuyo precio debe de bajar al vencerse la patente.

DESLINDES. El gobernador Silvano Aureoles negó cualquier tipo de relación con la plataforma informativa Latinus. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario perredista señaló que se reserva el derecho de acudir a las instancias legales para que el autor de esa publicación responda con sustento, apego a la justicia y a la veracidad por sus afirmaciones.