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Opinión

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¡Agarrar el dinero de donde se pueda!

Se trata de cuentas individualizadas en favor de personas específicas. Que el saldo de esas cuentas no haya sido reclamado no cancela el derecho de propiedad.          

Al grito de “el dinero hay que agarrarlo de donde se pueda”, a principios del año 1916, Luis Cabrera, secretario de Hacienda de Venustiano Carranza, decidió la incautación de las reservas metálicas (oro y plata) de los bancos. Fusil en mano, piquetes de soldados obligaron a la apertura de las bóvedas de las instituciones. Exactamente 108 años después, un desfalco semejante intenta perpetrar el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, con las cuentas individualizadas no reclamadas o de beneficiarios mayores a 70 años de edad en las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores).

El intento de desfalco también recuerda otro llevado a cabo en Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su régimen decidió apropiarse de las reservas técnicas para las pensiones de los trabajadores de ese país. El intento puede asemejarse con el que ha fraguado en México el diputado Mier Velazco. Pero en el caso mexicano actual se trata de cuentas individualizadas en favor de personas específicas. Que el saldo de esas cuentas no haya sido reclamado, no cancela el derecho de propiedad sobre las mismas. Tampoco anula el derecho de propiedad el hecho de que los beneficiarios hayan rebasado los 70 años de edad.

Con muy buen talento periodístico, en su editorial del pasado lunes aquí en El Economista, Enrique Campos Suárez recordó que las cuentas individualizadas en las afores han estado en la mira del feneciente gobierno de la 4T desde temprano en el sexenio. Se ha tratado en todos los intentos de una amenaza muy grave sobre los derechos de propiedad. Lo que no se ha puesto de relieve en la propuesta que se está perpetrando, es el muy grave retroceso técnico que implicaría la conformación del anunciado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se pasaría de un esquema muy avanzado con fundamento en cuentas individualizadas, a un receptáculo general, en forma de licuadora, con una revoltura indescifrable de los recursos. Y ya se sabe: ¡a río revuelto, ganancia de pescadores!

Un aspecto particularmente relevante en la propuesta lanzada por el coordinador Mier es el de su legalidad. En tal sentido, ya hubo por parte de los partidos de oposición el anuncio de que se puede presentar un recurso de anticonstitucionalidad, en la medida en que la iniciativa es violatoria de los derechos de los trabajadores. También ya se lanzó un llamado a los sindicatos y a las centrales obreras para que manifiesten su rechazo a la propuesta.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Columnista

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