Ceferesos, S.A.P.I.

Al amparo de contratos de prestación de servicios, el gobierno de Felipe Calderón quiso renovar las penitenciarías federales. La fuga de el Chapo Guzmán, en el 2001, había mostrado las vulnerabilidades de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande pero sobre todo había sacudido al Sistema Nacional de Seguridad implementado en el sexenio zedillista.

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública trasladó buena parte de las funciones de investigación y persecución de los delitos federales a la égida de Genaro García Luna. La Secretaría de Gobernación mantuvo la coordinación de la prevención y readaptación social, pero la nueva subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, a cargo de Patricio Patiño Arias, enfatizaba la nueva directriz del gobierno panista en la materia: implementar un “modelo humanista” de administración carcelaria.

A mediados del sexenio calderonista, había más de 4,000 presuntos culpables en espera de sentencia. La sobrepoblación de los Ceferesos, los bajos salarios de los custodios y la inseguridad rampante estaban entre las principales fallas estructurales. Las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda para la SSP —gestionadas en ese sexenio por el entonces oficial mayor, Sergio Montaño Fernández— alcanzaron para firmar los contratos adjudicados directamente a los desarrolladores de los ochos centros prestadores de servicios aludidos por la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Los proveedores originales ya no son los mismos, en seis casos. Entre ellos, Pápagos Servicios para la Infraestructura, subsidiaria de ICA creada en el 2010 con el único objeto de celebrar el contrato con la SSP para “la construcción, operación, puesta en marcha y usos y prestación de servicios integrales de infraestructura social”, que en ningún momento se extenderían a aquellas funciones responsabilidad única y exclusiva del gobierno federal.

El nuevo penal de Hermosillo, Sonora, concluyó en noviembre del 2012, unos días antes de que concluyera el sexenio calderonista. A partir de entonces inició el proceso de cobro del servicio; la contraprestación hasta el vencimiento del contrato —el periodo máximo se pactó a 20 años— sería de 21,285 millones de pesos.

El CPS-11 en Hermosillo se inauguró el 2 de octubre del 2012 con 800 elementos capacitados bajo un esquema de seguridad en Estados Unidos, y 800 empleados del sector privado. En su momento estuvo considerado como el primer centro penitenciario federal construido con inversión pública y privada por un monto de 4,200 millones de pesos, con una infraestructura que incluía 1,200 cámaras, equipos de rayos X, escáneres, aparatos de detección molecular de drogas, lectores biométricos para ingreso y egreso del Centro, así como bloqueadores de señales de celular y radiocomunicación. Inicialmente tenía capacidad para recluir 2,520 personas privadas de su libertad, con posibilidad de incrementar esa cifra hasta llegar a albergar a 4,000.

Sarre Infraestructura y Servicios también era subsidiaria de ICA y construyó el nuevo penal de Guanajuato, que igualmente fue entregado a la administración federal en noviembre del 2012. Al vencimiento del CPS, el valor total de la contraprestación sería de 21,095 millones de pesos.

Ambas empresas encabezan la lista de “magnates” de las cárceles privatizadas que también sufrieron de acoso en el sexenio peñista. Y si no, que le pregunten a los principales directivos de Tradeco Infraestructura.

En enero del 2014, Conoisa —que era la tenedora de las acciones de DDIO, empresa que junto con ICA había participado en la fundación de Pápago— firmó con Hunt Development Group un acuerdo para la compra-venta de 70% de las acciones, por 1,511 millones de pesos. El grupo oferente —asentado en El Paso, Texas— también buscó adquirir la mayoría de la infraestructura carcelaria de Sarre pero el gobierno mexicano no autorizó dichas transacciones.

Dos años después, los CPS de Pápagos y Sarre se integraron a la cartera de Mexico Infraestructure Partners, administrador y gestor de los vehículos de inversión enfocados al desarrollo y financiamientos de proyectos de energía e infraestructura. Los inversionistas de EXI fueron informados, justo hace un mes, que a través de Operadora Quantum también operarían el macrolibramiento Autovía de Querétaro, el maxitúnel de Acapulco, el libramiento La Piedad, y las autopistas Río Verde-Ciudad Valles y Del Mayab.

De acuerdo a las cifras presentadas por la secretaria Rodríguez, el CPS más caro entre los ocho enlistados es el femenil 16, inaugurado el 27 de octubre del 2015. Ubicado en el municipio de Coatlán del Río, a 57 kilómetros de Cuernavaca, que tiene capacidad para albergar hasta 2,528 mujeres privadas de su libertad.

Ese centro de reclusión se edificó y opera bajo un esquema de Contrato de Prestación de Servicios en el que el Grupo IDEAL —filial de Grupo CARSO— otorgará los servicios básicos del centro, salvo el servicio de seguridad, por pago anual de 1,080 millones de pesos. Actualmente tiene 809 personas recluidas y de acuerdo con las cuentas de la funcionaria federal, un costo por persona superior a los 6,500 pesos diarios.

Efectos secundarios

Cuestionados. En la Plaza de los Mártires creen que los señalamientos contra Ernesto Nemer Álvarez, secretario general del gobierno mexiquense, por su presunto involucramiento en la denominada “Estafa Maestra”, están originados en el fuego amigo que atrapó a los peñistas desde el sexenio pasado. Antiguos colaboradores de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ofrecen otras explicaciones y apuntan a un personaje clave: Ériko Flores Pérez, quien actualmente coordina al gabinete de Alfredo del Mazo. En las primeras indagatorias se citó a los titulares de las áreas requirentes de Sedesol y Sedatu de los servicios contratados con universidades e instituciones de educación superior. Las nuevas evidencias — y los testimonios ofrecidos por diversos exfuncionarios acogidos a criterios de oportunidad— apuntan a los manejos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

@aguirre_alberto