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Opinión

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El “plan b” en terapia intensiva

El pasado viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, concedió la suspensión solicitada por el INE como parte de su demanda de controversia constitucional contra el llamado “plan B” de la reforma electoral. La suspensión es una medida que, dentro de un juicio, puede ordenar un juez para proteger la materia del litigio y evitar daños irreparables.

El “plan B” comprende entre otras cosas una profunda reestructura del INE, lo cual implica la supresión de órganos internos y el despido de miles de empleados, la mayoría personal del servicio profesional electoral, un sistema de carrera establecido desde la fundación del INE (antes IFE) en 1990. La suspensión significa para todas estas personas la tranquilidad que mantendrán sus empleos, salarios y prestaciones, en tanto la SCJN revisa la constitucionalidad del “plan B”.

Para el presiente López Obrador y sus operadores políticos, la decisión del ministro Laynez representa un duro revés. El político tabasqueño hizo de la reforma electoral la principal prioridad legislativa de su gobierno, después de la derrota de su propuesta de reforma constitucional con la que buscaba restaurar el poder monopólico de la CFE sobre el mercado eléctrico.

Primero intentó desaparecer al INE y al Tribunal Electoral con una reforma constitucional que los convertiría en órganos de elección popular, en la que el partido en el gobierno controlaba la selección de candidatos. Como el proyecto naufragó en la Cámara de Diputados, instruyó al secretario de Gobernación confeccionar el “plan B”: un paquete de cambios legislativos para meter al INE en cintura y hacer de la ley un traje a la medida de Morena, que busca reestablecer las ventajas del partido en el poder.

La suspensión dictada por el ministro Laynez pone en pausa indefinida la entrada en vigor de los cambios legislativos aprobados por Morena y sus aliados (PT y PVEM) en el Congreso, con el voto en contra de toda la oposición.  El viernes pasado debieron activarse las alarmas en Palacio Nacional porque la medida cautelar podría significar el fin del “plan B”, dado que encamina las cosas para que quede congelado hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.

El pleno de la SCJN tendría que emitir su resolución antes del inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024 para dar certeza sobre las reglas que regirán en la contienda, según el espíritu del Artículo 105 Constitucional. Esto significa que en un plazo máximo de cinco meses debería completar el estudio de fondo y emitir su sentencia, dado que la suspensión regresó el inicio del PEF 2023-2024 a la primera semana de septiembre.

Pero debido al volumen y la complejidad de las disposiciones legales que serán sometidas a control de constitucionalidad, es improbable que el máximo tribunal resuelva los asuntos en este tiempo. Por ello, el futuro del “plan B” depende de lo que ocurra en la Segunda Sala de la SCJN, que resolverá los recursos de reclamación contra la suspensión dictada por el ministro Laynez, anunciados por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

La Sala está integrada por cinco ministros, entre ellos el ministro Laynez, en quien recayó la instrucción de la controversia constitucional interpuesta por el INE. Se requiere una mayoría de tres para confirmar o revocar la suspensión. Esto significa que el ministro instructor necesita de dos votos adicionales al suyo para sostener la medida cautelar emitida.

Los otros cuatro ministros, según el año de su nombramiento, son: Luis María Aguilar (2009), Alberto Pérez Dayán (2015), Loretta Ortiz (2019) y Yazmín Esquivel (2019).  Los dos primeros llegaron a la SCJN después de una larga carrera judicial; las dos últimas formaban parte del circulo cercano del presidente López Obrador antes de ser promovidas como ministras. De ellos depende que el “plan B” se reactive, aunque tenga que ejecutarse a marchas forzadas, o se quede en el limbo judicial a esperar a que López Obrador le entregue la banda presidencial a alguien más.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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