Incrementos arancelarios

El 15 de agosto de 2023, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. A través de este Decreto, México incrementó los aranceles para la importación de una serie de productos provenientes de los países con los que el país no tiene un acuerdo comercial, hasta el 2025.

En su comunicado de prensa, la SE aseguró que estas acciones se tomaron con el objetivo de “fortalecer la integración de los productores nacionales en las cadenas de valor de la industria nacional”. En el mismo comunicado, se aclara que “se consideraron insumos y mercancías de industrias estratégicas como acero, textil, confección, calzado, aluminio, llantas, plásticos, vidrio y cerámica”, entre otros.

¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente, que para favorecer a los productores nacionales, la autoridad está incrementando el costo de traer materias primas y otros productos del extranjero, con la intención de que eso promueva un mayor consumo de productos locales. Este tipo de medidas de protección a los mercados internos no es exclusivo de México, sino que se ha replicado en varias partes del planeta, sobre todo en la coyuntura geopolítica actual, plagada de señales ambiguas sobre el desempeño de la economía.

En nuestra opinión, el análisis fino de si esta decisión es correcta debe de pasar por dos criterios: primero, cómo afectaría la estructura del comercio internacional de México. Dentro de los quince mayores proveedores de México en 2022, existen cinco países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, y todos ellos son asiáticos: China, Corea del Sur, Taiwán, India y Tailandia. Dentro de esos quince mayores proveedores también encontramos a Brasil, con quien tenemos un acuerdo de complementación económica que otorga ciertas preferencias arancelarias, pero que no es un tratado de libre comercio.

El incremento arancelario posiblemente desplazará algunas de las importaciones de estos países, pero no hará que éstas desaparezcan por completo, por razones diversas: por ejemplo, algunos importadores pueden tener contratos de largo plazo que no puedan terminar fácilmente, o posiblemente las condiciones que ofrezcan las importaciones de esos productos en materia de calidad sean insustituibles.

Alternativamente, es posible también que los importadores decidan traer los productos e insumos de países con los que México sí tiene un tratado de libre comercio en vigor, en vez de comprar a los vendedores locales. Observando nuevamente los quince mayores proveedores de México en 2022, los países que potencialmente podrían surtir esos productos son Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia, Italia, Japón, Vietnam o incluso Malasia.

Podemos suponer entonces que, aunque el incremento en aranceles no necesariamente llevará de modo automático a un alza de las ventas de los productores nacionales, incluso si solamente una parte de las importaciones de terceros países se traduce en compras nacionales, eso representa compras por varios miles de millones de dólares.

Esto nos lleva al segundo criterio que debemos tener presente para juzgar los resultados futuros de este decreto. Si las compras hechas a los productores nacionales no son competitivas en precio y calidad, y los precios se mantienen artificialmente altos, el consumidor mexicano no solamente enfrentará una reducción en su beneficio individual, sino que peor aún estará subsidiando ganancias artificialmente creadas por el incremento de aranceles.

Si esta medida es útil para promover a la industria nacional y generar empleos bien remunerados, debemos aplaudirla y respaldarla. Pero este incremento de aranceles debe estar vinculado necesariamente a una serie de acciones y compromisos de parte de los empresarios nacionales en materia de inversión, desarrollo de tecnología, diseño y producción de sus productos para ofrecer una alta calidad y un precio competitivo a sus consumidores. Si los aranceles no cumplen con esta función, su implementación debe de replantearse.

El autor es académico de la Universidad Panamericana; previamente, colaboró por veinte años en el gobierno federal en temas de negociaciones comerciales internacionales.

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