La reforma de los desequilibrios

Existe un problema fundamental ante la percepción del sistema electoral mexicano y esto es que, sencillamente a pesar de los vaivenes de gobiernos de uno y otro signo político, lo sustancial en el sistema mismo no ha mejorado. El pobre involucramiento de la ciudadanía reflejada en los niveles de participación, la calidad de la representatividad y la casi nula credibilidad que pesa sobre los partidos políticos, son temas que desde la post revolución se encuentran insatisfechos. Y es por ello que, resulta por igual de núcleo contradictorio que, en estos momentos se presente en México una reforma que no es tan solo electoral, sino que tiene un amplio trasfondo político, y que irónicamente resulta reparadora de aquellos escenarios de abusos desde el poder que tanto se repudian.

Las prácticas normalizadas y enraizadas en instituciones y dinero público por las cuales se compraba el voto, las dádivas disfrazadas que tienen un destino de favor electoral y el cínico lucro con la pobreza, al menos encontraron un dique de contención en los años noventa cuando se dio paso a la independencia del árbitro electoral.

Contradictoriamente para quienes hoy impulsan la desaparición del INE, fueron precisamente las reformas de aquellos años las que permitieron el avance democrático que eventualmente se tradujo en alternancia. La reducción de la promiscuidad político electoral trajo sin duda un orden que dio no solo carriles, sino sustento y justificación a la desaparición del partido hegemónico y concedió la llegada al poder de nuevos signos y expresiones de la política. Pero hoy, al amparo de la narrativa de los abusos y dispendios del pasado, se pretende retroceder peligrosamente hacia el engrosamiento de una responsabilidad del estado que es con seguridad anacrónica.

Por ello, resulta insuficiente el criterio de reducir hasta la nulidad lo actualmente existente, con bases en argumentos de austeridad en el gasto gubernamental. Incluso, la transición hacia un órgano de estado encargado de la organización de elecciones y consultas, muy probablemente vendría a representar una estrategia poco funcional que derivaría en una serie de gastos aun no cuantificados con certeza.

El ánimo reformista en pro de la funcionalidad y justicia en el gasto es un argumento tramposo que esconde verdaderas ambiciones de control. Estamos ante una reforma que incoada en el rencor social, por igual ha alcanzado una magnitud que ya no sería posible concebirla sin estar ante un relanzamiento íntegro del pacto constitucional mexicano. Es este un intento que no se ha dimensionado en torno a los desbalances que provocaría en los poderes legislativo y judicial. Si no se teje con pulcritud un sistema de equilibrios de marco legal, la disfuncionalidad del sistema estará a la vista en pocos años y la consecuencia será, inevitablemente el incremento del desencanto y la desconfianza que ahora se pretende abatir.

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