Outsourcing: indispensable pero al borde del abismo

El 12 de noviembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador anunció que eliminaría la subcontratación mediante una iniciativa que reformaba distintas leyes. De entonces a la fecha, ha habido negociaciones entre algunos sectores de la iniciativa privada, líderes obreros y autoridades para llegar a una conclusión al respecto. Todo indica que estas pláticas han llegado a su fin y que en este periodo legislativo habrá una resolución: prohibir el outsourcing.

En este contexto, es muy importante hacer un breve recuento acerca de qué es el outsourcing, para qué sirve, por qué es indispensable, cómo está regulado, así como de por qué acabar con él no se requiere y dañaría muy profundamente el desarrollo de las actividades productivas en México.

La subcontratación, definida superficialmente, es un esquema mediante el cual una empresa contrata a otra organización para que le proporcione personal con el fin de realizar una tarea; de ese modo, es posible reducir costos y superar obstáculos en la realización de las actividades productivas.

Este modelo lleva muchos años de operar. De hecho, el outsourcing fue estudiado por el economista y ganador del Premio Nobel británico Ronald Coase, quien caracterizó a la tercerización como un elemento necesario en la organización de los negocios, sobre todo, en un contexto global.

En nuestro país, la subcontratación está regulada y reconocida desde hace varios años: el 20 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Federal del Trabajo que incluía al outsourcing. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016, quedó consignada en el DOF la Reforma Fiscal de 2017, la cual incluyó modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para fiscalizar adecuadamente la tercerización.

Es absolutamente necesario que la subcontratación esté normada, sobre todo debido a que, por su naturaleza, al incluir a más personas en las relaciones laborales, es una actividad que escapa a algunas de las nociones jurídicas más arraigadas en nuestro país. Por ello, la legislación actual contempla que el outsourcing debe constar por escrito y que este modelo no debe ni puede servir para evitar el cumplimiento de obligaciones patronales.

La propuesta prohibicionista en la que ha insistido el Gobierno Federal contiene tres puntos principales: eliminar la subcontratación de personal y regular tanto la prestación de servicios especializados como las agencias de colocación. Existen algunas dudas acerca de la definición jurídica de la especialización de servicios. La Secretaría del Trabajo sería la encargada de expedir permisos y acreditar la legalidad de las actividades de dicho sector.

De acuerdo con las autoridades, al acabar con el outsourcing se pueden erradicar una serie de comportamientos nocivos en los que ciertas empresas han caído: la evasión fiscal, la facturación falsa y el daño a los derechos de los trabajadores al eludir o disminuir el pago de sus aportaciones al Seguro Social y al INFONAVIT. Sin embargo, dichos comportamientos ya son ilegales, de tal manera que, para terminar con ellos, más que al Poder Legislativo, sería necesario recurrir a las autoridades del Ejecutivo Federal encargadas de supervisar, así como al Poder Judicial, cuya labor es, precisamente, sancionar las prácticas que pasen por alto la ley.

El gran problema de desaparecer la subcontratación consiste en que este esquema es necesario en una economía cada vez más especializada y compleja, donde las empresas no pueden operar sin delegar tareas. Al eliminar la tercerización, se obstaculizaría el desarrollo de actividades productivas para nuestro país, así que, en consecuencia, se alejaría la inversión, se dificultaría la creación de empleos formales y nos alejaríamos de las tendencias laborales que están sirviendo en todo el mundo para promover el desarrollo, apuntalar el uso de nuevas tecnologías y articular cadenas productivas internacionales. La subcontratación se encuentra al borde del abismo. Afortunadamente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están a tiempo de recapacitar y de hallar una mejor solución al problema de las prácticas ilícitas en el mundo laboral, es decir, una salida que no arriesgue el empleo formal y que no comprometa en un grado tan alto a la economía nacional. Tenemos que ajustarnos con responsabilidad para poder marchar hacia el futuro, no aislarnos del mundo ni volver al pasado.

*El autor es director general de TallentiaMX.