Si Brasil lo logra, ¿México para cuándo?

Luis Inácio Lula da Silva asumió por tercera vez el cargo como presidente de Brasil en enero de este año, a pesar de haber ingresado en 2018 a prisión y pasar ahí 580 días tras ser acusado por delitos de corrupción asociados a la empresa petrolera Petrobras. Desde que inició esta nueva etapa de gobierno, dejó muy claras sus prioridades: resucitar sus programas de combate al hambre y la pobreza, fomentar una política medioambiental, e implementar una reforma tributaria.

En lo que a este último punto se refiere, y considerando el contexto político, su iniciativa ha mostrado avances significativos desde que se presentó a la Cámara de Diputados. Actualmente, la reforma está siendo analizada en el Senado, no obstante, cualquier modificación al texto podría retrasar significativamente su aprobación, pues tendría que regresar a la Cámara Baja para ser votada y luego se enviaría de nueva cuenta al Senado.

El objetivo general de la reforma es la simplificación tributaria, con un énfasis particular en los impuestos al consumo. Según datos del Banco Mundial, en 2019 Brasil era la séptima economía peor calificada en materia de pago de impuestos, solo después de países como Venezuela, Bolivia o la República del Congo. Brasil también es el país peor calificado en cuanto al número de horas al año que destinan las empresas medianas al cálculo y pago de impuestos, con 1,501 horas anuales, lo que se compara desfavorablemente con países como Suiza (63 horas) o Nueva Zelanda (140 horas).

Actualmente, en Brasil operan cinco impuestos al consumo y la reforma plantea reducirlos en los próximos ocho años a solamente dos impuestos al valor agregado, con tasas diferenciadas en los ámbitos federal y local. Aunque hay una expectativa inicial de que la tasa sea mayor a 25%, esta se definirá en su momento en una ley complementaria. Otro gran cambio será cobrar el impuesto en el lugar en el que se consuman los bienes, no donde se produzcan, lo que se espera beneficie a los estados más poblados del país. Se prevé que estos cambios estén acompañados de un esquema de compensaciones y de la exención de ciertos productos de la canasta básica para no afectar a las personas de menores ingresos, sin embargo, hasta este momento no se han dado mayores detalles.

La posibilidad de que se apruebe la reforma ha generado expectativas positivas a nivel nacional e internacional, pues mejoraría la recaudación tributaria actual, que se ubica en 33.5% según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, algunos expertos estiman que podría impulsar el crecimiento económico, atraer inversión y mejorar la competitividad. Por su parte, los empresarios brasileños han declarado que con la reforma se ahorrarán costos que se generan debido a la complejidad tributaria actual. En este mismo espíritu, apenas hace un par de semanas, Fitch Ratings subió la calificación crediticia del país al pasar de BB- a BB. Entre otros factores, la agencia argumenta que la decisión se debe a un desempeño macroeconómico y fiscal mejor de lo esperado en medio de choques sucesivos en los últimos años y a la expectativa de que el nuevo gobierno concrete mejoras adicionales.

A pesar de que pareciera que hay buen ánimo, no todos son buenos augurios, pues la reforma también ha generado incertidumbre. Aunque las autoridades brasileñas aseguran que la carga fiscal no aumentará con la reestructura de los impuestos al consumo, la nueva tasa de IVA podría acercarse a la más alta de los países de la OCDE (Hungría con un 27%). Si en verdad se busca no afectar a las personas de menores recursos, se tendrá que diseñar un paquete de compensación/redistribución realmente efectivo, lo cual suele ser complicado en los países de la región debido a la presencia de factores como la corrupción. Este es un tema que debe preocupar al presidente Lula, pues actualmente Brasil está entre los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina y una medida compensatoria mal diseñada o implementada, podría agudizar la situación.

A lo lejos parecería que se hizo un buen trabajo de negociación en la Cámara de Diputados, que tendría la posibilidad de replicarse en el Senado. Los esfuerzos serían aplaudidos de no ser porque se ha filtrado información respecto a las verdaderas razones detrás del apoyo de las bancadas no afines al gobierno: recursos presupuestarios para financiar proyectos de los legisladores y la promesa de cargos en empresas estatales y el gabinete presidencial.

Como cualquier reforma fiscal, la iniciativa tributaria de Brasil plantea ganadores y perdedores. En ese país, como en otros de la región, un proyecto de esta envergadura implica diversos retos. Por una parte, la posible falta de apoyo de la ciudadanía, acostumbrada a no recibir los beneficios derivados de una mayor recaudación. Por otra, la negativa de la clase política, que suele alejarse de medidas que merman su base electoral. A pesar de dichos elementos, este es un caso interesante de una reforma fiscal que avanza y que, a grandes rasgos, pudiera traer más beneficios que perjuicios para la economía. Todavía hay muchos obstáculos que superar, no obstante, este ejemplo es alentador para un país como México, que requiere una reforma fiscal, pero que cuenta con una clase política que, antes de comenzar el partido, considera que tiene la jugada perdida.