Propuestas para mejorar la gestión de la deuda pública

La deuda pública en México está regulada por un marco jurídico que establece los límites y condiciones bajo los cuales el gobierno puede recurrir al endeudamiento. Esto tiene como objetivo asegurar que cualquier deuda adquirida se utilice para proyectos que contribuyan al crecimiento de los ingresos públicos o para situaciones de emergencia.  

En 2024, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF2024) ha generado un debate en torno a su constitucionalidad, pues se argumenta que una porción de la deuda podría destinarse al gasto corriente en lugar de a inversiones productivas. Este análisis aborda los aspectos legales de la deuda pública en México y propone medidas para mejorar su gestión y transparencia.

La regulación del endeudamiento en México se fundamenta en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para establecer las bases bajo las cuales el Ejecutivo Federal puede contratar deuda. Ese artículo impone restricciones al endeudamiento, especificando que los empréstitos deben estar destinados a proyectos que aumenten los ingresos públicos, salvo en casos de emergencia o refinanciamiento. Además, el Congreso debe aprobar anualmente los montos de endeudamiento en la Ley de Ingresos de la Federación y estos deben estar alineados con el presupuesto de egresos.

La Ley General de Deuda Pública (LGDP) detalla los procedimientos para el uso de la deuda y establece que el endeudamiento debe dirigirse hacia proyectos de inversión pública que generen un retorno económico. Sin embargo, en el caso de la LIF2024, algunos senadores de oposición han argumentado que el endeudamiento aprobado excede el monto destinado a la inversión física, lo que infringe el mandato constitucional.

La LIF2024 autoriza al Ejecutivo Federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta 1.99 billones de pesos; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (PEF2024), el monto asignado a inversión física es de 1.112 billones de pesos, lo cual es significativamente inferior al endeudamiento aprobado. Esto ha suscitado la preocupación de que una parte de los fondos provenientes de la deuda se utilice para cubrir el gasto corriente, lo cual contraviene el propósito de endeudamiento establecido en la Constitución.

La tabla muestra la relación entre el endeudamiento aprobado y el monto asignado a la inversión física en el presupuesto, evidenciando la discrepancia que ha llevado a cuestionar la constitucionalidad de la LIF2024. La acción de inconstitucionalidad (225/2023), presentada por senadores de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se centra en la presunta violación de la Constitución al no destinar el endeudamiento exclusivamente a proyectos que generen ingresos.

Este no es el primer caso en el que se cuestiona la constitucionalidad de una ley de ingresos por el uso indebido de deuda pública. En la acción de inconstitucionalidad 38/2013, la SCJN estableció que, para determinar si el uso de deuda es conforme a la Constitución, es necesario verificar que los fondos obtenidos se destinen exclusivamente a inversión productiva. En aquel caso, la Corte señaló que, si el monto de la deuda excede la asignación para infraestructura, se puede inferir que los recursos se están utilizando para otros fines, como el gasto corriente.

Si la SCJN falla en contra de la LIF2024, se podría poner en riesgo la capacidad del Ejecutivo Federal para adquirir deuda y cumplir con el presupuesto aprobado para el año fiscal. Además, esto tendría implicaciones en los niveles de deuda de los estados y municipios, afectando su relación con el sistema bancario y potencialmente generando problemas de financiamiento en distintos niveles de gobierno.

A partir de este debate jurídico con implicaciones en las finanzas públicas es que se han generado una serie de propuestas de política pública que permitan manejar de mejor manera esta situación, entre las que destacan:

• Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia: Es necesario implementar procedimientos más rigurosos para asegurar que los proyectos financiados con deuda cumplan con los requisitos constitucionales. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioridades, de manera que se garantice que el endeudamiento se destine únicamente a proyectos que incrementen los ingresos públicos o atiendan emergencias.

• Colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo: Es importante que ambos poderes del Estado trabajen en conjunto para desarrollar una estrategia de financiamiento que esté alineada con los objetivos de desarrollo a largo plazo del país. Esto implica reformar la Ley de Ingresos de la Federación para que los mecanismos de asignación de deuda sean claros y estén en armonía con el presupuesto de egresos.

• Establecimiento de criterios específicos para el uso de la deuda: Se recomienda que el Congreso defina con mayor precisión los tipos de proyectos que pueden ser financiados con deuda, asegurándose de que estos proyectos tengan un impacto positivo en el crecimiento económico y generen retornos sostenibles. Esto incluye una revisión detallada de los proyectos de infraestructura y un seguimiento continuo para evaluar su efectividad.

• Fomento de una cultura de responsabilidad fiscal: A largo plazo, es esencial que el gobierno federal fomente una cultura de responsabilidad fiscal. Esto implica no solo cumplir con las disposiciones legales y constitucionales, sino también adoptar prácticas de financiamiento que minimicen la dependencia de la deuda. Una mayor diversificación de fuentes de ingresos, como una reforma tributaria integral, permitiría al gobierno reducir su necesidad de endeudamiento y mejorar su capacidad de respuesta ante crisis económicas.

El marco legal que rige la deuda pública en México está diseñado para proteger la economía del país y asegurar que los fondos obtenidos mediante endeudamiento se utilicen de manera responsable. Sin embargo, la aprobación de la LIF2024 y su cuestionamiento por presunta inconstitucionalidad han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de la deuda.

La acción de inconstitucionalidad (225/2023) y los argumentos presentados en su apoyo reflejan la importancia de adherirse estrictamente a los principios constitucionales. En un contexto de crecimiento de la deuda pública, es fundamental que el país mantenga prácticas de financiamiento sostenibles y alineadas con sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Una gestión prudente y transparente de la deuda no solo contribuirá a la estabilidad fiscal, sino que también asegurará que los recursos se utilicen para promover el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población.

En la elaboración de este artículo colaboraron Dante Preisser Rentería y Víctor Colosio Merino.