Con manejo opaco de recursos, uno de dos programas sociales

La protección que se brinda a los programas sociales durante el periodo electoral es insuficiente, en particular si se considera que un número significativo carece de normas claras y accesibles, mecanismos de control y fiscalización, así como de niveles de transparencia apropiados para su institucionalidad mínima.

En ello concluyó Transparencia Mexicana (TM) al elaborar un informe especial sobre los mecanismos de queja y denuncia en materia electoral para los programas sociales que tienen los gobiernos federal y estatales.

El informe especial se hizo público el fin de semana, como parte del proceso electoral a celebrarse el próximo 7 de julio en 14 entidades federativas.

De acuerdo con el organismo, uno de cada dos programas sociales evaluados no hace público su presupuesto y no presenta un informe sobre el ejercicio del gasto.

Identificar la información oficial sobre este tema resulta complejo y es necesario esperar hasta dos o tres años para tener confirmación de ésta, mediante la cuenta pública de los gobiernos federal y estatales .

El estudio de Transparencia Mexicana abarcó 1,561 programas sociales que operan a nivel federal y en los 32 estados.

El documento muestra que una mayoría de los programas sociales cuenta con mecanismos de quejas y denuncias de tipo electoral, aunque no todos.

De los 1,561 programas sociales vigentes del país -registrados voluntariamente por dependencias federales y entidades federativas-, 71.94% reporta difundir los mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de tipo electoral, especifica el estudio.

Asimismo, sólo 80.7% de los programas sociales informa a los servidores públicos sobre las faltas administrativas y penales a las que son acreedores si utilizan recursos públicos o realizan acciones de gobierno para la compra o coacción del voto. A nivel estatal, 80.11% de los programas lo reporta y a nivel federal 93.15 por ciento.

El estudio muestra niveles distintos de protección entre el gobierno federal y las entidades federativas del país , concluye TM.

Los datos presentados, informa el organismo, fueron extraídos de la base de datos de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales.

La protección de programas sociales en contextos electorales ha generado debate desde el proceso electoral del 2006. A partir de ello, en el 2008, Transparencia Mexicana tomó postura en cuanto a que la protección de programas sociales en contexto electoral debía pasar por el fortalecimiento de su institucionalidad.

La institucionalidad permite dar mayor solidez a la política social y con ello prevenir la discrecionalidad y arbitrariedad , argumenta Transparencia Mexicana.

SPF desmantela red

Alteran nómina para tener más salario en el INECC

Sin dar a conocer sus nombres, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el desmantelamiento y sanción de una red de 18 funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que alteraron la nómina de la dependencia para depositarse más dinero de su salario original.

La SFP informó este fin de semana que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat ordenó sanción a 18 servidores públicos del entonces Instituto Nacional de Ecología, actualmente Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en las que se establecen destituciones e inhabilitaciones que van de 11 a 18 años, de acuerdo con el grado de responsabilidad.

Lo anterior debido a que una investigación de ese OIC iniciada en julio del 2011, fecha en la que detectó que los servidores públicos involucrados alteraban la nómina de la institución para recibir en sus cuentas percepciones adicionales a las que legalmente les correspondían.

La SFP informó que se establecieron sanciones económicas por un monto de 31 millones 522,291 pesos, cantidad que se integra tanto por el monto del beneficio obtenido por los servidores públicos como por el daño causado al erario público, este último calculado en 15 millones 401,388 pesos.