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Corrupción e impunidad, puertas para crecimiento de la violencia
Uno de los factores que originan la violencia y la delincuencia ha sido el aumento de la impunidad y la corrupción, especialmente a nivel local, advierte el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Uno de los factores que originan la violencia y la delincuencia ha sido el aumento de la impunidad y la corrupción, especialmente a nivel local, advierte el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por medio del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, la administración federal indica además que en México persiste una baja confianza en las autoridades encargadas de la operación de los sistemas de procuración de justicia.
Esta situación se ha visto reflejada negativamente en los índices de impunidad y corrupción, así como en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia. En consecuencia de lo anterior, la percepción de los ciudadanos sobre la procuración de justicia en México es, en términos generales, negativa , se lee en el plan estratégico, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 30 de abril por la Presidencia de la República.
En su sitio electrónico, el gobierno federal detalla actualmente que el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 es el documento rector de la política de seguridad nacional y que se trata de un instrumento que adopta una aproximación multidimensional en la materia.
El gobierno de la República trabajará para restablecer las condiciones que permiten garantizar la seguridad interior por medio de cuatro instrumentos de política pública que se encuentran vinculados entre sí: el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa para la Prevención Social de la Violencia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y este Programa para la Seguridad Nacional , se lee en el documento oficial.
Así, en el apartado sobre procuración de justicia, el gobierno de México se plantea alcanzar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, así como transformar las condiciones sociales que han permitido el aumento de la violencia y la delincuencia en regiones específicas, a través de una atención focalizada.
También se plantea combatir los delitos de más alto impacto para la población, como el homicidio, el robo con violencia, el secuestro y la extorsión, así como crear un enfoque de seguridad multidimensional, en el que la seguridad interior forma parte de una política de Estado acorde con las exigencias del siglo XXI.
El gobierno priísta también prevé generar información e inteligencia especializada para identificar y evaluar integralmente todos los aspectos que contribuyan a la generación de corrupción, impunidad y violencia.
CULTURA DE LA LEGALIDAD
La Presidencia de la República considera que el país requiere desarrollar una cultura de seguridad nacional integrada por un conjunto de valores, principios, conocimientos, prácticas y actitudes que deben ser orientadas por una conciencia ética colectiva, convencida de mantener el equilibrio racional entre la necesidad práctica de subsistencia del Estado y la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales de su población.
La conducta social de los ciudadanos y sus comunidades respecto a la política de seguridad nacional debe tener como cimiento la identidad cultural, el patriotismo, el respeto a la ley y al Estado de Derecho, prácticas cívicas que construyen y fortalecen al sistema social en su conjunto .
Se considera que el desarrollo, difusión y fortalecimiento de esa cultura habrá de generar entre las autoridades y la sociedad una concepción homogénea respecto de los fines de la seguridad nacional, lo cual necesariamente exige un trabajo de colaboración entre el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo con el sector privado, la academia y la sociedad civil, toda vez que se enfatiza una política de Estado en la materia no puede prosperar sin el aval explícito de la sociedad.
El proceso de socialización de la cultura de seguridad nacional refiere el gobierno también debe permitir el fortalecimiento de la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones del Estado, fomentando su participación activa en el logro de los intereses y los objetivos nacionales.