Disputa por la no atracción del caso, primer error de la PGR en caso Ayotzinapa

La discusión entre los gobiernos federal y estatal por la atracción de la investigación del caso Ayotzinapa marcó el futuro de la pesquisa en la que la Procuraduría General de la República (PGR) perdió 10 días determinantes, coinciden cercanos a la investigación.

El ataque y desaparición de los 43 normalistas coincidió con la determinación del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, de que los fiscales y procuradores estatales debían asumir su responsabilidad con las investigaciones locales; el hecho provocó una inadecuada valoración del problema y, en consecuencia, que tardaran 10 días para que la PGR iniciara una investigación federal por este caso.

Fuentes cercanas a esa averiguación realizada por la PGR comentaron a ?El Economista que desde que Murillo Karam asumió el cargo en el 2012, eran constantes las exigencias por parte de los procuradores estatales para que atrajera investigaciones, como en el caso Heaven del DF por la desaparición de 12 jóvenes de Tepito, o por el asesinato del periodista Moisés Sánchez en Veracruz.

El Heaven, el GDF y el Brujo

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, insistía en que la PGR atrajera el caso Heaven, hecho que molestó al entonces titular de la PGR y le pidió que cumpliera primero con el dictamen correspondiente del caso para que la instancia federal pudiera coadyuvar con las indagatorias.

En ese caso, precisaron, la PGR no intervino, sino que una persona que se identificó como Brujo (adivino) acudió ante el entonces subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales, para decirle que los cuerpos de los jóvenes se encontraban en una fosa en Tlalmanalco, Estado de México, hecho que se confirmó luego de que la PGR enviara peritos en agosto del 2013.

Una situación similar, explicaron las fuentes, ocurrió en el caso de Ayotzinapa, en el que los días 26 y 27 de septiembre del 2014 ocurrió el ataque a normalistas en Iguala por parte de policías municipales de Cocula e Iguala coludidos con sicarios de la delincuencia organizada. Precisaron que la decisión de Murillo Karam fue que la Fiscalía de Guerrero agotara las líneas de investigación y presentara un dictamen.

Sin búsqueda de personas

Coinciden en que al interior de la PGR no se formó ningún grupo especial que diera seguimiento al caso, y que sólo el delegado regional llevaba un registro. El 30 de septiembre, Murillo pidió estar atentos al desarrollo de las investigaciones.

La encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Elena García, estuvo fuera del país entre el 7 y 10 de octubre, en una convención en Viena. La entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez, se encontraba por esas fechas en incapacidad médica por embarazo.

Entre el 4 y 5 de octubre, la Fiscalía de Guerrero entonces a cargo de Iñaki Blanco descubrió 28 cadáveres en fosas de un cerro en Pueblo Viejo, Iguala. Elena García, la funcionaria encargada del tema de los derechos humanos dentro del a PGR, se enteró de este hecho por los periodistas que la buscaban para hablar del tema.

La funcionaria se comunicó a su vez con el entonces titular de la Seido, Rodrigo Archundia Barrientos, quien dijo desconocer el hecho.

Fue hasta el 6 de octubre, 10 días después del ataque de Iguala, cuando el procurador Jesús Murillo anunció que la PGR tendría una participación pericial no de atracción del caso para levantar pruebas en las primeras fosas descubiertas. Datos de la PGR refieren que en esos meses del 2014 en total se descubrieron 12 fosas clandestinas en Guerrero, donde se localizaron un total de 39 cuerpos durante la investigación.

Según la relatoría compartida a este diario, el mismo 6 de octubre por la tarde, arribaron a Iguala peritos de la procuraduría adscritos a la Seido, pero no enviaron agentes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que en ese momento eran necesarios debido a que los normalistas estaban en calidad de cautivos.

También ese día, peritos de la dependencia federal trataron de aplicar el protocolo (encuesta) del Comité Internacional de la Cruz Roja a los familiares de los 43 normalistas, pero éstos lo condicionaron a que fuera aplicado por Médicos sin Fronteras y la organización Fundar.

Primera reunión de gabinete

El 10 de octubre, para hacer un primer análisis de gabinete, se reunieron en privado el procurador Jesús Murillo; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y los entonces subsecretarios de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

Dos días después, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, y la comisionada Rosa María Ortiz, relatora sobre los Derechos del Niño, llegaron a México para reunirse con Murillo, Osorio Chong y el subsecretario Gómez Robledo.

En esa primera reunión, acordaron una búsqueda de campo de los normalistas y la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar seguimiento a las investigaciones de la PGR. Fue hasta noviembre cuando estos acuerdos se materializaron mediante la firma de un convenio con la CIDH signado por Lía Limón, Gómez Robledo y una representación de los padres.

Conforme avanzaban las averiguaciones, en la Seido (encargada de la investigación de Ayotzinapa) hubo movimientos internos: en octubre del 2014, el entonces subprocurador Rodrigo Archundia Barrientos dejó la titularidad y fue sustituido por Jorge Hugo Ruiz Reynaud, quien estuvo al frente hasta febrero del 2015. Entre la salida de Archundia y Ruiz Reynaud, quien asumió un papel prácticamente de subprocurador fue el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, funcionario cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

Según las fuentes, Zerón asumió entonces un papel protagonista en la investigación al grado de desconocer indicaciones del procurador Jesús Murillo Karam, como cuando le ordenó solicitar a la ONU las fotografías satelitales del basurero de Cocula, a fin de determinar lo sucedido en el lugar, en donde según la versión de la PGR, los 43 normalistas fueron incinerados. Esa indicación dada por Murillo no fue asumida de inmediato por Zerón, por lo que la recepción de las imágenes satelitales retrasaron parte de la investigación.

Entre cambios de funcionarios, ausencias de otros y diferencias al interior de la PGR, otro hecho aumentó la crisis de la institución: las manifestaciones del 20 de noviembre del 2014, con los actos de vandalismo en la plaza del Zócalo capitalino, donde varios jóvenes que manifestaron su inconformidad por el ataque a los normalistas y provocaron destrozos fueron detenidos.

Entre los detenidos estaba el activista Sandino Bucio, a quien el subprocurador Ruiz Reynaud se empeñaba en consignar. Sin embargo, Murillo solicitó a Mariana Benítez que acudiera ante el juez de la causa para detener la consignación por el delito de terrorismo.

Detención de Abarca

García era la encargada de notificar a los familiares las detenciones de presuntos responsables, como la de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, y de los sicarios Felipe Rodríguez, El Cepillo, y Agustín García, Chereje.

Cuando comunicaron a los padres de los normalistas de la detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda 4 de noviembre del 2014 , éstos amenazaron con tomar la Seido para exigir estar presentes en el interrogatorio. Para calmar los ánimos, Murillo convocó a los padres ese día a la 1 de la tarde en las oficinas centrales de la PGR, y llevó a la representación una cámara Gesell, donde escucharon el interrogatorio y los dichos de inocencia del ex alcalde. A su salida, los padres dijeron a la prensa que Murillo había dicho que Abarca era inocente, lo que molestó al procurador en virtud que fue en el ex munícipe quien se declaró inocente.

Mientras tanto, en la PGR se debatía sobre si abrir o no investigación en contra del entonces gobernador guerrerense, Ángel Aguirre. Las fuentes revelaron que en la Seido sí existen averiguaciones pendientes en contra de la esposa del ex mandatario, Laura del Rocío Herrera, por el delito de lavado de dinero, y en el caso de Aguirre Rivero, por casos de desaparición de personas.

El 27 de enero del 2015, Jesús Murillo Karam declaró que tras 39 confesiones, desde los policías de Iguala y Cocula hasta sicarios de Guerreros Unidos; 487 pruebas periciales; 386 declaraciones; 153 inspecciones ministeriales, y la detención de quienes actuaron intelectualmente, como el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, la PGR había llegado a la verdad histórica: los 43 normalistas fueron asesinados y luego calcinados en el basurero de Cocula, teoría que esta semana tiró el GIEI, y puso a Murillo en la línea del juicio político, promovido por la bancada del PAN en el Congreso.

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