Estados del sur de México, los que más personas expulsan, por violencia

En México, más de la mitad de los casos de desplazamiento forzado por violencia ocurren en el sur del país.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero de 2019 a julio de 2022, al menos 52% de los casos han ocurrido en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Si se consideran también los de Michoacán, la cifra se incrementa a 65 por ciento.

A escala nacional, de enero a julio de 2022, al menos 4,521 personas han sido obligados a salir de sus comunidades. Un promedio de 161 cada semana.

Los registros de esa organización civil señalan que, de 2019 a la fecha, se han registrado al menos 103 episodios de esa naturaleza en 14 entidades del país y, salvo Zacatecas, que desde el año pasado se ha convertido en un lugar sumamente peligroso para vivir en varias comunidades, las entidades del sur del país son las que siempre han estado entre las primeras de la lista de aquellas en donde más personas son obligadas a salir de sus lugares de origen.

El año pasado, Chiapas, Oaxaca y Guerrero registraron 40% de los desplazamientos forzados a escala nacional, en 2020 el 58% y en 2019 el 69 por ciento.

Ligia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la CMDPDH explicó que se trata de tres entidades donde una buena parte de la población desplazada es indígena. Particularmente en Chiapas y Oaxaca, donde la mayoría de los que han sido obligados a salir de sus pueblos son indígenas.

La especialista explicó que algunas personas se desplazan cerca de sus comunidades, en el mismo municipio, aunque otras se van más lejos, pero dentro del estado y otras atraviesan sus fronteras, sobre todo, rumbo al norte del país. Esto último ocurre particularmente con los expulsados de Michoacán, lo que, incluso, ha obligado al gobierno del estado a abrir oficinas de atención a desplazados en Tijuana, Baja California, donde hay un gran número de ellos.

“En un primer momento es común que se vayan a la cabecera municipal o se queden en el mismo estado, pero después puede ser que también busquen a otro estado”, mencionó.

Dijo que uno de los problemas que se tiene con este tipo de movilizaciones es que no hay certeza de qué es lo que está pasando con esas personas. No se sabe cuántos regresan o en qué tiempo lo hacen, en qué condiciones y quiénes jamás vuelven a pisar sus comunidades.

La especialista comentó que, desde 2019, cuando el gobierno mexicano reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno, se han registrado avances a escala federal y en algunas entidades, pero es necesario que haya una buena coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para atender a esas personas que salen de sus comunidades en una situación de alta vulnerabilidad.

A escala nacional, los mayores avances son en generación de información, particularmente en el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, así como el interés en buscar alianzas con organizaciones internacionales y de la sociedad civil en México, mencionó.

Para la activista, es necesario contar con una ley nacional en la materia, la cual está congelada en el Senado de la República, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados en 2020, así como aprobar el presupuesto necesario para implementar programas de atención a desplazados por ese tipo de violencias.

Chiapas

Entre enero de 2019 y julio de 2022, Chiapas es el estado del país donde han ocurrido más desplazamientos, con al menos 28 episodios, seguido por Guerrero, con 16, Michoacán 13 y Oaxaca con 10. En esa entidad fronteriza del sur del país, comunidades enteras han sido obligadas a huir.

Entre las causas de la violencia que obliga a familias enteras al destierro son principalmente conflictos agrarios y entre comunidades, a los que se suman otros tipos de violencias, incluida la que ejercer organizaciones paramilitares y del crimen organizados que también se involucran en conflictos entre comunidades.

En marzo, más de cinco familias tzotziles de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó, fueron obligadas a huir de sus hogares y refugiarse en comunidades cercanas al ser atacadas con armas de fuego por presuntos habitantes del municipio de Aldama.

Asimismo, en mayo ocurrió un desplazamiento masivo en el municipio de Ocosingo, concretamente en el municipio autónomo Moisés Gandhi, luego de ataques armados de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo.

Fueron obligados a huir al menos 83 personas de las localidades de Emiliano Zapata y La Resistencia, parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En julio nuevamente se registraron al menos dos eventos de desplazamiento interno por violencia en Chiapas.

En el primero, alrededor de 400 personas de 850 familias fueron desplazadas de los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria como consecuencia de la violencia generada por la irrupción de grupos armados y por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública.

Asimismo, en el municipio de Larráinzar, 15 personas de dos familias se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad de Chuchiltón, tras recibir amenazas por no haber pagado la multa que les impusieron por no cooperar para la realización de una fiesta religiosa, ya que pertenecen a otra religión. Las familias desplazadas también fueron despojadas de sus pertenencias, según el monitoreo de la CMDPDH.

En esa entidad, durante 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo nueve desplazamientos forzados incluidos masivos, es decir cuando se desplazan más de 10 familias; en 2020 ocurrieron, en 2021 11 y de enero a julio pasado van al menos cuatro.

Si se toman encuentra los desplazamientos desde 2016 esa entidad ocupa en tercer lugar con 22,000 personas desplazadas.

Oaxaca

De 2019 a julio pasado se han registrado al menos 10, de los cuales tres ocurrieron en 2019, cinco en 2020, uno en 2021 y uno en este año.

En este caso las violencias se deben más a conflictos locales, ya sea de tipo político y claramente relacionados con procesos electorales y conflictos territoriales entre comunidades, particularmente en la región triqui.

En enero pasado, al menos 30 personas, de seis familias indígenas mixes fueron expulsadas de la comunidad de San pedro Chimaltepec, municipio de San Juan Mazatlán.

Previo a eso, al menos seis hombres que profesan la religión evangélica habían sido detenidos y mantenidos incomunicados por motivos religiosos.

Guerrero

En Guerrero, de enero de 2019 a julio pasado ocurrieron al menos 16 desplazamientos forzados, de los cuales ocho tuvieron lugar en 2019, cinco en 2020, dos en 2021 y uno este año.

Si se toman encuentra los desplazamientos desde 2016 esa entidad ocupa en segundo lugar, con alrededor de 24,000 desplazados.

Aquino Barbosa comentó que la mayoría de los desplazamientos en ese estado tienen que ver con la operación de grupos criminales, así como con ataques.

En marzo, a menos de dos semanas de haber retornado a la comunidad de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, más de 200 personas tuvieron que abandonar de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen organizado. Las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento en enero de 2020.

Michoacán

En Michoacán, de 2019 a julio pasado, se han registrado al menos 13 eventos de ese tipo, de los cuales tres ocurrieron en 2019, tres en 2020, cinco el año pasado y al menos dos en lo que va de 2022.

Ligia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la CMDPDH explicó que si se consideran los datos desde 2016 Michoacán es donde más ocurren ese tipo de violencia, sobre todo porque en 2021 más de 13,000 personas tuvieron que salir huyendo de sus comunidades por temor a su vida o que atenten contra a su integridad física.

En enero de este año, varias comunidades del municipio de Tepalcatepec, fueron atacadas con armas de alto calibre y artefactos explosivos lanzados desde drones. La agresión fue atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Eso ocasionó el desplazamiento de habitantes de El Bejuco y La Romera, donde al menos una persona resultó herida y varias viviendas fueron dañadas.

diego.badillo@eleconomista.mx