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Estima INE que revocación de mandato cueste 3,830 millones de pesos
En sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que para la eventual revocación de mandato, el INE plantea instalar más de 160,000 casillas.
Foto: Especial
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su Anteproyecto de Presupuesto para el 2022, en donde consideró recursos para un eventual ejercicio de revocación de mandato, para lo cual previó 3,830 millones de pesos y para realizar una Consulta Popular cuyo costo sería de 1,913 millones de pesos. En ambos casos, de no llevarse a cabo, se devolverán a la Tesorería de la Federación.
En sesión extraordinaria ayer 25 de agosto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que para la eventual revocación de mandato, el INE plantea instalar más de 160,000 casillas.
“Si queremos una revocación de mandato con todas las medidas de garantía que están establecidas en la Constitución y que sustentan el trabajo del INE, pues tiene que haber un acompañamiento del poder Legislativo siempre y cuando las y los ciudadanos activen este nuevo mecanismo de participación establecido en el Artículo 35 constitucional”, expuso.
Sobre este tema, cabe mencionar, ayer 25 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a senadores y diputados emitir la normatividad dentro de los 30 días naturales posteriores al 1 de septiembre próximo.
También el pleno de la Sala Superior declaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene facultades para expedir lineamientos mientras no exista la norma.
En cuanto a la Consulta Popular, el consejero Córdova indicó que ejercicios de participación ciudadana como éste pueden ser una realidad año con año y se tendrán que incorporar a los siguientes presupuestos del INE, el cual deberá elaborar una ruta de trabajo.
Por otra parte, la Directora Ejecutiva de Administración, Ana Laura Martínez, precisó para el siguiente año se prevé también un monto de 885.9 millones de pesos, para la organización de los procesos electorales a realizarse en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como el inicio del proceso electoral 2022-2023 en los estados de México y Coahuila.