Fiscalía vs corrupción, inútil si no se reforman leyes penales

Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, alertó que en los paquetes de iniciativas que se discuten sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, no se ha incluido ninguna en materia penal.

No vemos dentro de los paquetes, no hay ninguno que reforme la materia penal, esto es grave, porque estás señalando una serie de conductas que tienen responsabilidades administrativas y de las cuales se van a derivar procesos penales, pero no estás unificando los códigos penales, estableciendo claramente cuáles son los delitos relacionados con los actos de corrupción que además tengan correlación directa con las faltas administrativas y las irregularidades que se cometan en la función pública por servidores públicos y particulares , dijo en entrevista.

Sin esta reforma, añadió el investigador de Políticas Públicas de Fundar, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción no tiene nada qué hacer, no tiene un marco que le dé estructura, vida con relación al sistema, esto es preocupante.

Arredondo indicó que no se puede implementar claramente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) si está cojeando en materia penal, por lo que hizo un llamado a que sea una reforma integral que atienda el espíritu de la Constitución.

Que no deje trunca la parte penal, la de la participación ciudadana, que se considere en materia de responsabilidades administrativas lo que propone la ciudadanía organizada en la iniciativa 3de3, que se fortalezcan las instancias fiscalizadoras , detalló.

Por otro lado, la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván, refirió que luego que organizaciones de la sociedad civil presentaron en el Senado más de 300,000 firmas para el proceso de iniciativa ciudadana correspondiente a la conocida como ley 3de3, se está elevando el nivel de exigencia de la rendición de cuentas.

Si ellos tienen observaciones, entender que sean observaciones técnicas y por qué las están haciendo; pero nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que se disminuya el nivel de exigencia. México no está para aceptar una legislación light o descafeinada , expuso.

Dijo que de las 20 iniciativas que conoce, existen en el Congreso, la ley general de responsabilidades de la administración pública presentada por la ciudadanía es la más exigente, y aunque consideró que todas deben entrar a discusión, los legisladores que busquen disminuir su incidencia pagarán un costo político.

Creo, advirtió, que para cualquier grupo parlamentario, partido o legislador en lo particular, que estuviera dispuesto, a través de triquiñuelas o de manera abierta, a bajar el nivel de exigencia y hacer una ley que no sirva para nada, el costo político será altísimo y la sociedad civil hará oír su voz.

María Marván explicó que México no se puede dar el lujo de hacer de esto una caricatura , pues la iniciativa ciudadana está concebida de manera integral, obligando a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, coordinar los trabajos de la Secretaría de la Función Pública, vigilar el ejercicio del gasto y definiciones claras sobre los actos de corrupción.

Si vamos a ir por los funcionarios públicos, también vamos a ir por la otra parte que está haciendo posible la corrupción en el país (empresarios y ciudadanos beneficiados por estos actos), y eso me parece un cambio drástico en nuestra forma de entender la prevención, la investigación y en su caso, las sanciones , manifestó.

Dijo que falta mucho por hacer y no quiere descalificar el trabajo de los legisladores, y consideró que de nada sirve el enfrentamiento, pues de lo que se trata es de asegurar la colaboración con la ciudadanía.