Gobierno planea regresar 1,500 millones de pesos anuales con recursos de subastas

En promedio, unos 1,500 millones de pesos se devolverán cada año a los mexicanos más pobres y marginados a través del nuevo instituto que, como el personaje inglés Robin Hood o el mexicano “Chucho el roto”, obtendrá recursos por la venta bienes de la delincuencia organizada o el combate a la corrupción.

El 16 aniversario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), este 17 de junio, coincidirá prácticamente con su transformación en el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, pues por esas fechas se prevé la aprobación de las reformas legales correspondientes.´

Ricardo Rodríguez Vargas, el director general del todavía SAE y quien permanecerá al frente de la nueva institución, destacó que todo está listo para que este mes quede aprobada esta instancia que será el brazo recaudador de la presente administración en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, para que en un acto de justicia social estos recursos se le restituyan al pueblo.

En entrevista con Notimex, explicó que este nombre tan peculiar surgió en una reunión del gabinete de seguridad nacional, encabezada por el presidente López Obrador, en la cual se propusieron algunos nombres para el organismo que sustituiría al SAE, quedando finalmente el de “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.

Resaltó que el presidente López Obrador ha sido muy puntual en que el objetivo de este Instituto es un resarcimiento social, pues el dueño legítimo de estos bienes es la sociedad, el pueblo, al cual se los han quitado.

De lo que se trata, abundó, es de tener empatía con la sociedad que, con justa razón, está cansada y con poca credibilidad, “hay que reconocerlo, la sociedad está cansada, desconfía en las instituciones en ciertas ocasiones y yo creo que es tener esa empatía y devolverle la confianza a la ciudadanía”.

Por ello, pidió a la ciudadanía que confié en el nuevo Instituto y participe en sus subastas pues no se trata solo de comprar bienes, sino darle un destino social a estos recursos y ayudar a los más pobres del país.

Subasta de autos en Los Pinos fue histórica

El funcionario consideró que la histórica subasta de automóviles realizada el domingo pasado en el Complejo Cultural Los Pinos, en la que se obtuvieron 28.4 millones de pesos, es el mejor inicio que pudo haber tenido el Instituto para devolver al pueblo lo robado.

“Nos sentimos muy satisfechos, contentos con la respuesta de la ciudadanía. La gente se volcó a la subasta, tuvimos la mayor participación en la historia de una subasta del SAE”.

Rodríguez Vargas informó que los 28.4 millones de pesos que se obtuvieron en la reciente subasta de automóviles se irán a dos municipios pobres del estado de Oaxaca: Santos Reyes Yucuná y el de Santa María.

En el primer caso, el año pasado su presupuesto fue seis millones de pesos y se le diera la mitad de estos recursos, la venta de vehículos de lujo decomisados representan más del doble de sus recursos presupuestales anuales, lo que muestra la importancia de estas acciones.

Esta subasta de autos, juntos con otras de joyas y de bienes inmuebles a realizarse dentro de uno o dos meses, marcarán el “banderazo” del nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tras lo cual vendrán las subastas ordinarias cada 15 días o cada mes.

El Instituto es la transformación del SAE, pero no nada más de siglas o nominal, sino una verdadera transformación que permitirá devolverle al pueblo lo robado, porque consideramos que el dueño legítimo de estos bienes es la sociedad, a la cual se le va a hacer un resarcimiento social.

“Antes era al revés, antes se lo quitabas al pueblo y se lo dabas a los corruptos, ahora no, ahora sí va a ser un verdadero resarcimiento social”.

Recordó que el mandato presidencial es que a lo bienes incautados o asegurados ahora se les dé un destino social, para lo cual habrá un “gabinete social que, como órgano colegiado, tomará decisiones sobre el destino de los recursos.

Cambios legales para dar destino transparente a recursos

Rodríguez Vargas señaló que durante el segundo periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República, previsto para el 19, 20 y 21 de junio, junto con las modificaciones a la Ley del SAE, se aprobará la legislación reglamentaria en materia de Extinción de Dominio.

Esta ley permitirá que muchos de los bienes producto de la corrupción o el robo de hidrocarburos conocido “huachicol”, entre otros delitos, ya entren en extinción de dominio. Dichos bienes serán transferidos de forma muy rápida al Instituto, el cual a través de una venta oportuna podrá obtener recurso.

“Va a ser un destino transparente, claro, pero también oportuno, expedito, rápido, ya no nos vamos a tardar en administrar y vender los bienes, van a ser transferidos por la vía de extinción de dominio, y nosotros con una enajenación temprana, los vamos a vender y una vez que se vendan, destinarlos con carácter social”.

Indicó que la transformación del SAE forma parte de un paquete de cambios legales que además de las leyes del SAE y de Extinción de Dominio incluye modificaciones de manera paralela al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Empresas Mercantiles.

Comentó que ya está programada su discusión para este mes en el Senado para su eventual aprobación en comisiones y en el pleno, después de lo cual se manda la Cámara de Diputados, “entonces ya es un hecho la aprobación de dicha ley en ambas cámaras”.

Rodríguez Vargas comparó que a diferencia de lo que es ahora el SAE, el nuevo instituto considera que estos recursos sean destinados a través de un gabinete social, que será un órgano colegiado que estará integrado por el Presidente de la República, los titulares de la secretaría de Bienestar, de Hacienda, de Educación Pública, DIF, IMSS e ISSSTE, entre otros.

La segunda diferencia es que ahora en el SAE hay bienes que han sido administrado durante cinco o 10 años pero que no los puede enajenar porque el Ministerio Público no le da lo que se llama “declaración de abandono”, la cual ya será necesaria, pues el nuevo instituto solo necesitará el permiso de un juez para poderlos vender los bienes asegurados de forma oportuna.

Si tras la venta alguien presenta una demanda y la autoridad le da la razón para devolverle el bien, aunque este haya sido enajenado, se va a monetizar y con un “fondo de resarcimiento” se le pagará. “Ambas partes les conviene monetizar y a nosotros ya no nos va a costar administrar, pero también una persona, imagínate un vochito, que estuvo tres años sin prender, le devuelves el vehículo, yo creo que es mejor que devuelvas el dinero”.

Una parte importante del nuevo instituto será el destino social de los recursos que obtenga, pues antes era discrecional o ambiguo, “se iba a una bolsa y en esa bolsa discrecional se podría destinar a diferentes usos”.

Ahora, resaltó, con toda claridad, la gente sabrá cuáles bienes incautados se subastaron y que los recursos que se obtuvieron por su venta se usaron para la construcción de determinada carretera u hospital, pues ahí van a estar las obras.

Así, el SAE tendrá más atribuciones y trabajo con la Ley de Extinción de Dominio, pero ello no le costará más a la ciudadanía, “el pueblo no tiene por qué pagar más, con el mismo presupuesto vamos a operar; cómo le vamos hacer si tenemos más chamba y labores, pues siendo más eficientes”.

Todos los bienes que tiene el SAE para su administración y enajenación tienen una problemática jurídica, son bienes “tóxicos”, pero también realiza otra labor, como la liquidación de empresas, entre ellas Luz y Fuerza, Ferronales y ahora, ProMéxico, pues sus finanzas son deficitarias, no funcionan y es mejor liquidarlas, añadió.