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Juez Gómez Fierro concede 5 nuevas suspensiones contra el registro biométrico en telefonía celular
El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió a los ciudadanos Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez, Luis Miguel Rodríguez Alemán y Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, cinco nuevas suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que ya suman seis las medidas cautelares.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió a los ciudadanos Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez, Luis Miguel Rodríguez Alemán y Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, cinco nuevas suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que ya suman seis las medidas cautelares.
El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien fue severamente criticado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su decisión de amparar a ciudadanos, explicó que la suspensión es para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no sea cancelada por falta de registro.
Las seis suspensiones provisionales son contra el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El juez Gómez Fierro advirtió que la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente.
“No se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, expuso en su resolución.
Sobre este mismo asunto, el juez Gómez Fierro desechó por improcedente el juicio que promovió el ciudadano Alan Higinio Martínez Sauza, mientras que en el caso de un recurso promovido por Diego Emilio Leyva Peralta, le dio un plazo de cinco días para que subsane las inconsistencias que presenta su escrito.