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Política

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México necesita un Sistema Nacional de Cuidados

Más de 43 millones de mexicanos requieren de algún tipo de cuidado. El valor económico de las labores domésticas y de cuidados se calcula en 6.4 billones de pesos, equivalentes a 27.6% del PIB nacional. Durante los recientes cinco años el presupuesto destinado a programas en la materia se redujo 34.4 por ciento.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

En México, la garantía del derecho a recibir cuidados y revertir el alto riesgo de marginación económica de las personas dedicadas a cuidar es una asignatura pendiente.

No existen instituciones que promuevan la operación articulada de políticas públicas de cuidados, el presupuesto suficiente ni una economía del cuidado.

Además, alguien pensó que la atención de personas requiere habilidades que son innatas a las mujeres (y los demás pecamos de omisión) y prácticamente se les cargó la responsabilidad, lo cual las coloca en una situación de desventaja: ni se les paga ni se les deja insertar de manera adecuada en el trabajo remunerado, porque se les roba tiempo para ello y, menos, tienen protección social.

Lo grave es que no se trata de un asunto que solo afecta a las personas que necesitan de cuidados y a las que han tenido que fungir como cuidadoras. Al funcionar de esa manera, el país desperdicia un potencial de desarrollo.

México necesita un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) con el presupuesto suficiente que permita articular las intervenciones del Estado para ofrecer servicios de atención a quienes los necesitan, propiciar una economía de cuidados, que garantice una remuneración a las personas que cuidan y que evite que las personas, por atender a otras, no puedan insertarse al mercado laboral y a actividades educativas, sociales o de cualquier tipo y tengan que alejarse de la posibilidad de prosperar o, como dicen los entendidos, de la posibilidad de una movilidad social ascendente.

43 millones de mexicanos requieren de cuidados

De acuerdo con el documento “Trabajo de cuidado no remunerado y propuestas legislativas sobre el derecho al cuidado digno”, realizado por Irma Kánter Coronel, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a mediados de 2020 (sin considerar los efectos de la pandemia de la Covid-19, en México había alrededor de 43 millones de personas que requerían de algún tipo de servicio de cuidado. De esa cifra, 33 millones son menores de 15 años y 10 millones mayores de 65 años.

Además, se prevé que, para 2025, esta población aumentará a 44 millones y, para 2030, a 45.3 millones y cerca de 52 millones en 2050. 

Se trata de personas que requieren de cuidados por su edad o bien por tener limitaciones para comer, vestirse, moverse o incluso estar solos, por lo que su bienestar físico y mental depende de otras.

Tan sólo en el caso de adultos mayores, en México hay 2 millones 941,589 de ancianos dependientes, de los cuales un millón 200,794 (41%) cuentan con cuidadores, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Este organismo destaca que sus cuidadores asumen la responsabilidad total del paciente, ayudándole a realizar todas las actividades que no puede llevar a cabo y generalmente es un miembro del círculo social inmediato, que no recibe ayuda económica ni capacitación previa.

84 millones de cuidadores, sin remuneración económica

De acuerdo con el documento “Valor del trabajo no remunerado en los hogares. Una vía para impulsar el desarrollo y el sistema fiscal”, elaborado por Lizeth Mireya Mondragón y Sunny Arely Villa, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), datos del Inegi señalan que en México hay 84 millones de personas que realizan trabajo de cuidado no remunerado en su hogar y sólo 2.2 millones realizan esa actividad a cambio de un pago.

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Usos de Tiempo (ENUT) 2019, del Inegi, muestran que 25 millones (68.4%) de los 36.6 millones de hogares que hay en el país proporcionan algún tipo de cuidado directo a los integrantes del hogar, ya sea por edad, enfermedad o discapacidad temporal o permanente. 

Las investigadores del CIEP plantean, con base en los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2020 (CSTNRHM) 2020 del Inegi, que el impacto de la pandemia de la Covid-19 y las escasas políticas públicas dirigidas al cuidado incrementaron en 81 millones de horas el Trabajo No Remunerado de los Hogares (TNRH) en 2020 respecto de 2019.

Los hogares mexicanos dedicaron, en promedio 2,875 millones de horas durante 2020 al TNRH. De este total, las mujeres dedicaron 2,139 millones de horas, 49 millones de horas más que en 2019. En cambio, los hombres dedicaron 735 millones de horas, 31 millones de horas más que en 2019, acentuando las brechas de género que existían antes de la pandemia. De 2018 a 2019, el TNRH tuvo un incremento de 52 millones de horas.

El valor económico de labores domésticas y de cuidados

Si bien en la amplia mayoría de los casos es un trabajo que no se remunera económicamente, eso, de ninguna manera quiere decir que no tenga valor. De acuerdo con los resultados de CSTNRHM 2020, del Inegi, en 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país.

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo con 27.9 por ciento.

La encuesta deja ver que durante 2020 se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados. “Las actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar, con 9.4%”, refiere un reporte del Inegi sobre la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado.

Lo relevante es que del valor económico de las labores domésticas y de cuidados las mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres.

Inversión en programas de cuidados: -34%

Según el CIEP, el presupuesto público identificado para el cuidado en 2021 fue de 24,039.8 millones de pesos, equivalente a 0.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Lo preocupante es que esos recursos se han reducido en los últimos cinco años, disminuyendo 34.4% de 2017 a 2021.

En 2017, el gasto destinado al cuidado fue de 36,658 millones de pesos, que representó 0.14 % del PIB.

De 2017 a 2021 han existido 12 programas presupuestarios vinculados al trabajo de cuidados.

Los programas destinados a cuidados pueden ser agrupados en cuatro conjuntos:

  1. Los que van exclusivamente dirigidos a atender a la niñez.
  2. Los que incluyen a la niñez como parte de su población objetivo.
  3. Los dirigidos a adultos mayores.
  4. Los dedicados a personas que requieren cuidados por su situación social.

Cálculos del CIEP señalan que el gasto en cuidado dirigido a la niñez fue de 19,780 millones de pesos en 2021. Esta cifra representa 79.1% del gasto total en cuidado. Respecto de 2017, este monto decreció 39.3 por ciento.

Esta caída fue causada por la eliminación de los programas Escuelas de Tiempo Completo, Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil y la sustitución del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el Programa de Estancias Infantiles terminó con la principal política de atención a ese sector de la población que daba servicio a 330,000 niños en 9,565 estancias. Más que el IMSS, ISSSTE y DIF juntos.

El CIEP destaca que los cambios en los programas no se compensaron con mayor presupuesto en otros programas destinados al cuidado de la niñez. 85.4% de los recursos destinados al cuidado de la niñez en 2021 se ejecutan a través del IMSS y el ISSSTE.

En programas cuyos beneficiarios incluyen a la niñez, en 2021, fue de 3,840.9 millones de pesos y representa 15 % del gasto en cuidado. El monto para el cuidado de esta población tiene una disminución de 22.1 % respecto 2017. Esto a cacusa de la reducción de presupuesto para los programas Seguro de Vida para Jefas de Familia y Educación Inicial y Básica Comunitaria.

En el caso de los programas para adultos mayores, se estima que el gasto es de 294.1 millones de pesos en 2021, equivalente a 1.2% del gasto en cuidado. Este gasto tuvo una reducción de 24.9% de 2017 a 2021, derivado de la disminución del presupuesto para el Programa Servicios a Grupos con Necesidades Especiales.

Para personas que requieren cuidado por situación social, se ejerció un gasto en cuidado de 897.1 millones de pesos en 2021 y representa 3.7 % del gasto en cuidado. A esa población se le asignaron recursos a partir de la creación del Programa Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural y el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, creados en 2019 y 2020, respectivamente.

Las cifras demuestran que el gasto público que actualmente se destina al cuidado a nivel federal atiende principalmente a la niñez y que no hay gasto destinado exclusivamente al cuidado de las personas adultas mayores, enfermas y discapacitadas.

Para 2021, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas otorgadas a esta población equivale a 4.8 % del PIB (SHCP, 2021b); sin embargo, no existe condición ni garantía de que alguna parte de estas pensiones se dirija a la compensación de servicios de cuidado.

Mujeres en el mercado laboral remunerado

Sofía Ramírez Aguilar, directora del centro de investigación México ¿Cómo Vamos?, dijo que el gobierno podría destinar recursos de la bolsa que obtendrá del incremento del precio internacional del petróleo, incluso descontando los que tendría que invertir para mantener el subsidio de la gasolina.

Subrayó que lo relevante es que como país no estamos asignando la cantidad suficiente de recursos públicos a este tipo de programas que son importantes para incrementar la productividad y el tamaño de la economía, como el hacer lo necesario para que las mujeres tengan más horas disponibles para incorporarse al mercado laboral.

Además, recordó que, si bien la edad promedio de la población relativamente joven, también es un hecho que va envejeciendo y en esa medida se van encareciendo las necesidades de cuidado de adultos.

Indicó que tan sólo para que tengamos una economía que crezca a su máximo potencial, por un lado necesitamos más inversión, pero también que más mujeres se incorporen al mercado laboral.

Remarcó que 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar, están trabajando o buscando trabajo y representa la mitad de los hombres, donde 8 de cada 10 está trabajando o buscando empleo.

Enfatizó que lo importante de eso no es el ingreso de las mujeres, sino el ingreso de las familias, lo cual demuestra que hay un potencial de crecimiento que no se está aprovechando.

A ello hay que agregar que muchas mujeres dejan de trabajar cuando tienen hijos y cuando se reincorporan no ingresan en el mismo lugar en el que estaban, lo cual implica mermas en la productividad y en los ingresos. Esa situación acaba impactando negativamente no solo en las mujeres, sino en las familias y la economía en general, explicó en entrevista.

Citó que un estudio del Banco Mundial según el cual si las mujeres se incorporaban al mercado laboral que los hombres, la economía mexicana podría alcanzar un incremento de hasta 22% del PIB per cápita.

Aclaró que si bien el sistema de cuidados no va a resolver todos los problemas, sí se atenderían algunos como el que representa el de la informalidad laboral, al menos parcialmente.

Ramírez Aguilar comentó que se debe cambiar el paradigma que se refuerza desde la Presidencia de la República, según el cual se da por sentado que como ahí está la hija la esposa o la abuela para cuidar a los menores o adultos en el hogar, ya no se requiere un SNC.

“No puedes dar por sentado eso, estás perdiendo una posibilidad importante de crecimiento económico, desarrollo y movilidad social”, dijo.

Mencionó que el sistema de transferencias como el de becas impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es que per se esté mal. El problema es que tenemos un censo del bienestar que ni es un censo y menos del bienestar.

“Tenemos muy claro que durante la administración federal actual los programas sociales no solamente no han sido progresivo, sino que en algunos casos hasta regresivos, empezando por algunas becas”.

Al final del día apostar sólo por las transferencias es apostar solo por el individualismo cuando las sociedades deben moverse en conjunto: o se mueven todos o no se mueve nada. “No puedes apostar con que le asignes una transferencia a una persona y que eso por sí solo la va a sacar de su circunstancia de pobreza o vulnerabilidad”. 

La calidad de vida se hace no desde las transferencias si no de proveer servicios públicos de calidad, enfatizó.

Sistema Nacional de cuidados… con presupuesto

Legisladores, dirigentes de organizaciones civiles y centros de análisis económicos y sociales, así como académicos han planteado la necesidad de diseñar un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) por distintas razones.

Coinciden en que los beneficios serían no sólo para las personas que requieren atención, por su edad, salud o condición, sino también para quienes los cuidan y para el país.

Mónica E. Orozco Corona, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, expuso que un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) implica crear servicios especializados como estancias infantiles, de cuidados para adultos mayores o personas enfermas, entre otros, pero es mucho más que eso. 

En entrevista, expuso que hoy por hoy, no existe un conjunto de programas articulados de cobertura total. “Lo que tenemos son accesos parciales a cierto tipo de apoyos que, además suelen ser menos accesibles para las poblaciones de menos ingresos”.

Explicó que tan solo si se analizan los datos de cobertura de las guarderías de las instituciones de seguridad social, no llegamos siquiera a 10%, a escala nacional, y la cobertura está concentrada en estratos económicos altos. Eso es problemático porque, además de escaso, es desigual.

Lo que necesitamos, recalcó, es un conjunto de políticas y programas que estén articulados para atender necesidades diferenciadas. “No es lo mismo el cuidado de una persona con discapacidad o de una persona enferma que requiera atención todo el día y lo cual no se resuelve con un centro de cuidados, sino con otro tipo de estrategias como los servicios domiciliarios”.

Además, planteó que se requiere corresponsabilidad, en el sentido de buscar los mecanismos, tanto en las empresas, el mercado laboral, los servicios de salud, educativos e incluso bancarios y financieros para que haya horarios más compatibles con la división de tareas de cuidados tanto para hombres y mujeres.

Asimismo, remarcó que con un sistema nacional de cuidados se trata de crear las condiciones que respondan a diversas necesidades. No se trata de reforzar el rol de genero tradicional y decir a las mujeres vayan se a cuidar y les vamos a pagar. Se trata de condiciones donde puedan tomar elecciones sin que eso merme sus oportunidades de trabajar, estudiar, entre otras actividades.

Eso requiere reconocer que el derecho al cuidado es importante y que el Estado tiene un rol relevante en la provisión de servicios públicos y regulación de servicios en el ámbito privado, añadió.

En ese sentido, de acuerdo con la nota de política pública titulada “Sistema Nacional de Cuidados”, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en la que participó la investigadora, no contar con un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) incrementa la desigualdad de oportunidades, lo cual provoca un costo social generalizado y limita la movilidad social, lo cual afecta a quienes reciben y dan cuidados: infantes y adolescentes, personas enfermas o con alguna discapacidad, adultos mayores, entre otros.

La falta de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC), refiere el análisis, se traduce en costos sociales tanto para las personas que requieren cuidados como para las personas cuidadoras.

Para los primeros se materializan en desigualdad en el desarrollo infantil; pérdida de bienestar de las personas con discapacidad, personas enfermas y adultos mayores.

Para las personas cuidadoras se reflejan en la limitación de oportunidades por sobrecarga de trabajo, precarización de ambos trabajos: el doméstico y el de cuidados. A ellos agrega otros relacionados con la violencia contra mujeres y niñas.

Contar con un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) tendría efectos sobre personas cuidadoras y las receptoras de cuidados.

Concretamente se generarían oportunidades para quienes reciben cuidados debido a que tendrían oportunidad de Participación educativa, laboral, social y política de mujeres y niñas, mejores oportunidades para mujeres que laboran en la economía del cuidado. Todo ello contribuye a incrementar bienestar y movilidad social.

El mayor costo se concentra en las mujeres, debido a los roles asignados socialmente y a la ausencia de programas y servicios de cuidado. Son ellas quienes enfrentan grandes limitaciones en el uso de su tiempo, lo que a su vez impide la inserción plena en los ámbitos educativo, laboral, social y político. 

También restringe su acceso a la seguridad social y sus posibilidades de acumulación de bienes y patrimonio. Así, cuando llegan al momento del retiro, la mayoría no cuenta con pensión ni con mecanismos de protección.

Destaca que las normas sociales permean las decisiones institucionales y la asignación de recursos y determinan la distribución de actividades entre la población y las instituciones del Estado.

El análisis afirma que la articulación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC)puede crear oportunidades de desarrollo y bienestar infantil; generar bienestar para otras personas que requieran cuidados; reducir la exposición a la violencia familiar y de género y frenar sus consecuencias sobre las niñas y facilitar las oportunidades de elección para las mujeres cuidadoras en los espacios educativo, laboral, social y político, al reducir la carga de trabajo no remunerado.

Promover la autonomía, empoderamiento y las posibilidades de las mujeres de vivir libres de violencia y propiciar mejores oportunidades para las personas, en su mayoría mujeres que laboran de forma remunerada dentro de la economía del cuidado.

El documento plantea que es necesario que el Congreso de la Unión apruebe una reforma constitucional para garantizar el derecho al cuidado y al tiempo propio, lo cual implica alinear todo el marco legal a nivel federal y estatal. Hay una minuta enviada de la Cámara de Diputados al Senado.

Diseñar un plan estratégico para la implementación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC) para ampliar la oferta de cuidados como centros de atención infantil, escuelas de horarios ampliados, atención a personas con discapacidad, enfermas y adultas mayores, con base en necesidades de infraestructura y de formación de recursos humanos.

Además, facilitar la prestación de servicios domiciliarios para el cuidado directo e indirecto, incluidos las servicios de trabajadores remuneradas del hogar, de salud y rehabilitación, entre otros para mejorar las condiciones de aseguramiento y remuneración de los trabajadores del cuidado.

También plantea propiciar la distribución del cuidado entre mujeres y hombres, las familias, la sociedad, el mercado de servicios que forman parte de la economía del cuidado y el mercado laboral y, en especial, las instituciones del Estado.

Por último, señala la necesidad de incentivar la ampliación de la oferta de cuidados y el acceso de todas las personas sin importar su posición socioeconómica. Se deben utilizar herramientas de gasto social y gasto fiscal para detonar el crecimiento del sector de la economía del cuidado.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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