México, segundo país con más crímenes vs defensores

El Global Analysis 2023/24 de Front Line Defenders arroja una luz inquietante sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en México, destacando la creciente violencia y criminalización que enfrentan. Según el informe, México ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a asesinatos de defensores de derechos humanos, con 30 casos documentados en 2023.

La República mexicana se encontró sólo por detrás de Colombia, que encabeza la lista con 142 asesinatos. Este panorama se enmarca en un contexto global donde, en total, se registraron al menos 300 asesinatos de defensores de derechos humanos en 28 países. De estos, el 79% ocurrieron en las Américas. México (30), Brasil (24), Honduras (19) y Ucrania (11), respectivamente, completaron los primeros cinco puestos de esta lista.

Al comparar los datos de los dos últimos reportes de la organización (2022/23 y 2023/24), en la más reciente entrega se contabilizaron más países donde hubo asesinatos de este tipo, al pasar de 26 a 28; sin embargo, la cantidad de estos crímenes fue menor, pues la suma de 2023 fue 101 menor que los 401 casos que sucedieron a lo largo de 2022.

Pese a que en la edición 2022/23 del Global Analysis, se repitieron las mismas naciones en los primeros cinco lugares, el acomodo fue distinto y la cantidad de defensores asesinados, por nación, también. En aquel trabajo la lista estuvo encabezada por Colombia, con 186 casos; detrás estuvieron Ucrania con 50, México con 45, Brasil con 26 y Honduras con 17 asesinatos.

Casos mexicanos

Una tendencia preocupante para la organización es el alto número de defensores de derechos indígenas y medioambientales asesinados. Según el trabajo, en México, estos defensores enfrentan un riesgo significativo debido a su oposición a proyectos de desarrollo y extractivos en sus territorios. El informe destaca casos específicos, como el de David Hernández Salazar, un líder indígena Binniza de Oaxaca, quien enfrenta cargos penales fabricados en represalia por su liderazgo en protestas contra un parque industrial en su comunidad.

También, se detalló defensores que buscan a los desaparecidos, así como aquellos que defienden derechos indígenas y medioambientales, están particularmente en riesgo. Casos emblemáticos incluyen las desapariciones de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca en Colima, quienes desaparecieron, en Cerro de Ortega, ciudad del municipio de Tecomán, en Colima, tras participar en una asamblea comunitaria relacionada con la mina Las Encinas operada por Ternium.

“Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca son sólo dos de los defensores desaparecidos que Front Line Defenders tiene conocimiento de quiénes han estado trabajando en estos temas relacionados con los negocios (mineros). Sergio Rivera Hernández e Irma Galindo, desaparecidas en 2020 y 2021 respectivamente, son otros dos (casos)”, indicó la organización.

También, se compartió que existe, en la República mexicana, una creciente criminalización de los defensores de derechos humanos, quienes son frecuentemente sometidos a procesos legales prolongados y costosos basados en acusaciones falsas. Según el texto, esta estrategia de judicialización va acompañada de campañas de difamación que buscan desacreditar y silenciar a los defensores.

“Esto se vio agravado por el uso de tácticas corporativas abusivas para debilitar la cohesión de la comunidad, como la cooptación de líderes y división de comunidades. Por ejemplo, se han informado casos a Front Line Defenders donde las empresas han explotado los desacuerdos dentro de la comunidad al contratar abogados costosos para representar a individuos de la comunidad y presentar casos contra líderes comunitarios”, afirmó la ONG.

Además, se indicó que en el país, al igual que en otras naciones de la región, existe un desdibujamiento de líneas entre autoridades locales, empresarios y grupos armados; incluidos casos en los que empresas privadas contrataron a organizaciones criminales para amenazar o intimidar a los defensores de derechos humanos.

El informe también subrayó como una epidemia el total de desapariciones que se han presentado en México, con más de 113,000 personas desaparecidas.

“Las defensoras que buscaban a sus familiares desaparecidos también fueron asesinadas en ataques. Estos ocurrieron en un contexto de feminicidios caracterizados por la impunidad y una falta predominante de mecanismos de protección efectivos para las defensoras que enfrentan constantes represalias por su trabajo”, se compartió en el análisis.

Familiares de víctimas presentan iniciativa

Piden llevar reclamo por desapariciones hasta las urnas

Familias de personas desaparecidas presentaron una campaña que tiene el objetivo de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en el país y generar conciencia entre la población y los actores políticos.

Con esta propuesta, se invitó a los votantes a escribir el nombre de una persona desaparecida en el recuadro de candidaturas no registradas en sus boletas electorales. Esto no sólo como un acto simbólico, sino que también para obligar a las autoridades a contar estos votos, visibilizando así a los desaparecidos.

Jorge Verástegui, familiar de personas desaparecidas, hizo un llamado a aquellos que usualmente anulan su voto como forma de protesta, así como a los que se abstienen, a unirse a esta campaña.

Letty Hidalgo, representante de las Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), afirmó que las instituciones han fallado en abordar la desaparición forzada de manera efectiva, y el nuevo registro de las autoridades ha demostrado ser confuso y poco fiable.

También, que, a pesar de los esfuerzos de los colectivos y familiares de desaparecidos para llamar la atención de los candidatos y candidatas en elecciones pasadas, sus peticiones han sido, en gran medida, ignoradas. "Nos topamos con pared sabiendo que ninguna candidata ni candidato lo está tomando en cuenta, tampoco en estas elecciones", lamentó. 

arturo.rojas@eleconomista.mx