Organismo internacional visibiliza patrones de criminalización hacia pueblos indígenas en México

En 2021, en México se registraron al menos 16 casos de agresiones a pueblos indígenas, a través de siete tipos diferentes de violaciones graves a sus derechos humanos, y asedio por parte del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, documento la organización Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por su sigla en Inglés).

A través de su informe titulado "El asedio y el Desprecio", la organización señala que la marca histórica que lastima a la población indígena en México se mantienen a través de la desigualdad social, además de que persiste una grave crisis de violencia y seguridad con niveles alarmantes de asesinatos, desplazamientos y desapariciones en un marco de macrocriminalidad.

En este contexto, y desde el grupo de organizaciones que integran el Grupo Núcleo, en coordinación con el equipo operativo de IPRI en México, lograron documentar 16 casos en los que se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021, aunque no descartaron la existencia de un mayor número de agresiones

La organización Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI), detalló que entre las agresiones se identificaron cinco casos de desplazamiento forzado, tres casos de desaparición forzada, tres agresiones que terminaron en homicidios, además de dos casos de violaciones graves, así como un caso de criminalización, uno mas de despojo de territorio y uno más sobre violaciones al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.   

En los que señalaron como casos de asedio, ubicaron la existencia de tres tipos de agresores que se caracterizan por violentar directamente a las comunidades: el crimen organizado, Grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, ya que a partir de la documentación se identificó que una de las principales razones para que estos grupos asedien a las comunidades indígenas es por el control del territorio, el trasiego de mercancías ilegales y la siembra de enervantes.

Y algunos de los grupos con presencia en estos territorios son el Cártel Jalisco Nueva Generación, El Cártel de Sinaloa, El Cártel del Golfo, Cárteles Unidos —que integra a la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya—, el Cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea.

Los vínculos de estos grupos, que las comunidades han reportado, son diversos, sin embargo, destacan los directos con poderes locales, particularmente con los gobiernos municipales, estatales y con las fiscalías locales y regionales.

Mientras que las principales agresiones que han representado son homicidios, desplazamiento forzado y desaparición forzada, como consecuencias de hacer públicas las denuncias que ponen en evidencia la existencia de este tipo de vínculos.

Y es que en los casos que se denuncian, las comunidades acusan una simulación, ya que en relación a las agresiones directas y a pesar de que es evidente el esfuerzo del gobierno federal por establecer mesas de diálogo, estas apenas ocurren en el 60 % de los casos; en el 20 %, se reportan esfuerzos para contener la violencia, y en el 10 % no hay ninguna intervención.

También se resaltó el caso de la tribu yaqui, donde hay un esfuerzo institucional desde el gobierno federal por el establecimiento de un plan de justicia, la comunidad que se encuentra en la mayor situación de violencia no cuenta con una mesa de diálogo y ha sido excluida públicamente de ese proceso de atención.

“Ello limita la intervención estatal en ejercicios de contención de la violencia y en los operativos de búsqueda, con un amplio despliegue militar, de las siete personas yaquis desaparecidas de las que se habló en el presente informe. Por lo documentado hasta el momento, no existe un plan de protección integral que genere las condiciones necesarias para contener las futuras agresiones del crimen organizado. Es por esta y todas las razones anteriores que las comunidades denuncian una dinámica de simulación constante por parte del Estado mexicano”, señala el informe.

kg