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Política

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Organizaciones civiles habían alertado al gobierno mexicano irregularidades en estaciones migratorias

En al menos en siete ocasiones denunciaron que en albergues e instalaciones del Instituto Nacional de Migración se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades.

Fire at the National Migration Institute (INM) building, in Ciudad JuarezREUTERS, X03746

Durante los últimos dos años, organizaciones civiles que tienen como causa la protección de los derechos de migrantes extranjeros que cruzan por México con la intención de llegar a Estados Unidos, alertaron, al menos en siete ocasiones al gobierno mexicano sobre “graves violaciones a los derechos humanos de esas personas” cometidas por autoridades mexicanas.

Además, le hicieron saber que en albergues y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) “se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades”.

También le manifestaron su preocupación por los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras y la aceptación de México a fungir como un tercer país seguro para los solicitantes de asilo en territorio estadounidense.

Éstos son algunos de los pronunciamientos:

18 de diciembre de 2022

Organizaciones integrantes del Grupo de Acción por la No Detención de personas refugiadas denunciaron públicamente que “en las estaciones migratorias” de México “se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos que pueden constituir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Señalaron que la detención por motivos migratorios es una práctica que se lleva a cabo sin considerar situaciones de vulnerabilidad o casos de personas que requieran de protección internacional, como son las solicitantes de la condición de refugiado.

29 de noviembre de 2022

Alianza Américas; Uno de Siete Migrando y Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), entre otras agrupaciones, manifestaron su preocupación por el operativo de desalojo de migrantes venezolanos de las márgenes del río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua y denunciaron: “falta de regulación de espacios de acogida donde se han documentado casos de explotación y abuso sexual (…) y restricciones a las salidas de personas en albergues denominados de puertas abiertas, ya que funcionan como espacios filtros para prevenir el contagio de enfermedades, y limitan el tránsito al solicitar autorizaciones para salir (pases expedidos de forma discrecional por el personal a cargo)”.

26 de octubre de 2022

Integrantes de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, acompañadas de representantes de organizaciones de sociedad civil de México y Estados Unidos, acudieron al Senado en la Ciudad de México para denunciar la situación que está viviendo la comunidad venezolana a partir de los recientes acuerdos entre los gobiernos de México y EUA.

Dijeron que “la detención migratoria, la deportación y el traslado a otros estados del país, deja a las personas en indefensión, y vulnerables a ser víctimas de delitos como la extorsión y la trata de personas”.

21 de septiembre de 2022

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas, entre otras organizaciones llamaron al gobierno y legisladores mexicanos a “reconocer la situación de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el territorio nacional y a promover iniciativas legislativas en materia de niñez y adolescencia migrante, no detención y acceso a derechos”.

El llamado ocurrió luego de que representantes de redes y organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, nacionales e internacionales, visitaron centros de asistencia social, espacios públicos y humanitarios de acogimiento para personas en contexto de movilidad, así como estaciones migratorias y estancias provisionales, “donde se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades, al igual que los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras como parte de la política implementada por las autoridades de México y Estados Unidos”.

23 de agosto de 2022

Más de 30 organizaciones sociales, entre ellas las pertenecientes al Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM, pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador rechazar el restablecimiento del “inhumano Protocolo de Protección a Migrantes de Trump (Migration Protection Protocols, MPP), también conocido como “Quédate en México””. 

Le señalaron que durante dos años, esta política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72,000 personas solicitantes de protección internacional quienes fueron regresadas a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

13 de agosto de 2021

Organizaciones civiles como Asylum Access México, Fundación para la Justicia y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, llamaron al gobierno mexicano a la congruencia entre el discurso y las acciones para garantizar una migración segura y regular.

“Con gran preocupación hemos visto el apoyo que el gobierno mexicano ha dado a diversas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración que lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes”.

27 de enero de 2021

Organizaciones sociales llamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, “para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas, el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país”.

Tragedias de migrantes en territorio mexicano

La tragedia ocurrida esta semana en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 38 migrantes se suma a varias ocurridas en territorio mexicano. Destacan las siguientes:

Fallecen 56 migrantes al volcarse tráiler en Chiapas

9 de diciembre de 2021: Al menos 56 migrantes fallecieron y más de 50 resultaron lesionados al volcarse un tráiler en el que eran transportadas más de cien personas, en las inmediaciones de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Mueren calcinados 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas

22 de enero de 2021: Al menos 19 personas migrantes murieron calcinadas en dos camionetas, en el municipio de Camargo Tamaulipas.

Masacre de San Fernando

Entre el 22 y 23 de agosto de 2010: Integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes de diversos orígenes que estaban en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Encuentran 49 cuerpos en Cadereyta

13 de mayo de 2012:  El Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas, aparentemente todos migrantes, en la carretera Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León. Entre las víctimas se identificaron al menos 13 migrantes centroamericanos.

Descubren cuerpos de migrantes en Güémez, Tamaulipas

Febrero de 2015: En el ejido Plan de Ayala, municipio de Güémez, Tamaulipas, fueron encontrados en una fosa clandestina los cuerpos de los 16 migrantes (13 de ellos guatemaltecos y tres hondureños), quienes habían sido reportados como desaparecidos.

diego.badillo@eleconomista.mx

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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