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Propondrán elevar a rango de ley, lucha a conflicto de interés
En el Plan Nacional de Desarrollo también se ha planteado crear una unidad policial especializada en lavado de dinero.
A fin de erradicar la corrupción del sector público, el Ejecutivo federal propondrá al Congreso de la Unión la ley federal de combate de conflictos de interés.
El anuncio está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
De acuerdo con el documento, con ese propósito el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador centralizará además las instancias de contraloría, reforzará los mecanismos fiscalizadores, entre otros la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, reorientará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y creará una unidad policial especializada en lavado de dinero.
El Poder Ejecutivo federal anticipa que pondrá en juego todas sus facultades legales para asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea.
Ello significa que habrá un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo, detalla.
Para terminar con el fenómeno, el nuevo gobierno federal indica también la necesidad de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
“El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre del 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas, y partidas presupuestales sin propósito o resultados. En apego al marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico”.
Los lujos, dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin, asegura.
“El gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio, y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a los viajes sin sentido”.