Se extiende queja contra ministeriales por falsos cateos

Trabajadores de bares, restaurantes, hojalateros y transportistas de varios municipios de Michoacán están creando un frente común en contra de las extorsiones de las que han sido objeto en los últimos tres meses por parte de agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Trabajadores de los giros rojos se quejan de la siembra de evidencia durante los cateos que se realizan sin orden judicial, deteniendo además a los encargados de los establecimientos, por quienes posteriormente piden sumas importantes de dinero para su liberación en el Centro de Operaciones Especiales (COE) de la Procuraduría.

En entrevista, dueños de los bares y restaurantes de los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan, coinciden en el modus operandi; los agentes ministeriales llegan al lugar, sacan al personal, quitan cámaras, revisan el inmueble, se llevan a personas detenidas y aseguran el lugar. Afuera del inmueble pegan hojas, algunas de papel hechas a mano y sin ningún sello oficial, informando del aseguramiento.

En otras ocasiones, sí tiene el logo de la PGJ, el logo del gobierno de Michoacán y la leyenda: Este inmueble está asegurado y a disposición de la Procuraduría General de Justicia por acuerdo del agente del Ministerio Público, dictado dentro de la averiguación (...) es que se actúa .

Otra de las leyendas del sello de clausura dice que este inmueble causará abandono en favor del estado, en cuanto que el interesado o su representante legal no comparezca ante el agente del Ministerio Público.

Luego de esto es que se llega a la negociación entre los agentes del Ministerio Público y los dueños de los establecimientos o familiares de los detenidos, quienes pagan la fianza .

El sector hojalatero y de autopartes en el estado también se han quejado de la siembra de evidencias en sus negocios, ya que cuando acuden los ministeriales a realizar operativos de revisión, dicen los entrevistados, aparecen placas tiradas de presuntos vehículos robados.

Miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) también se han visto afectados por dichas revisiones . En entrevista, afirman que ya expusieron su problemática ante su presidente Gilberto Morelos, sin embargo, no les dan soluciones.

Antes los criminales (Templarios) me cobraban una cuota mensual, pero me dejaban trabajar. Ahora no sólo me cobran extorsiones, sino que nos cierran nuestros centros de trabajo , lamentó un dueño de algunos negocios de bares y restaurantes.

Miles de personas nos hemos visto afectadas por estos cierres, no sólo los dueños, tenemos muchos trabajadores, chefs, meseros, barman, cadeneros, valet parking. Todos tenemos familias que mantener. Somos gente trabajadora, no somos delincuentes , reprocha una mujer empresaria de Uruapan.

Los restauranteros y dueños de bares ya se han manifestado abiertamente en contra de estos operativos y arbitrariedades que afirman, los ministeriales han cometido en su perjuicio y el de miles de trabajadores que laboran en dichos establecimientos. Por ello, refieren, están creando un frente común con varios sectores económicos que también han sido extorsionados, como los hojalateros, transportistas, así como algunos ex policías estatales que fueron despedidos por no acreditar los exámenes de control de confianza.

En febrero de este año, Alfredo Castillo fue nombrado comisionado de seguridad en Michoacán, a fin de pacificar la entidad, plagada de violencia y crimen organizado, así como de colusión entre delincuentes y actores políticos.

En abril pasado, el comisionado anunció una limpia total al interior de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán. En ese entonces manifestó que quitaría a todos los ministerios públicos y policías ministeriales. Posteriormente, fueron destituidos de sus cargos.