Se llega al gobierno, pero pagando un precio

La aplicación de la segunda vuelta electoral (ballotage) para la elección presidencial en México es para los analistas una caja de pandora.

¿Podrá esa figura combatir la polarización como la del 2006 por la reducida diferencia de votación entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, o bien, convertirse en un mecanismo para afianzar las concertaciones entre partidos?

El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en temas electorales, Francisco de Andrea Sánchez, explica que la figura del ballotage (elección con doble turno en Francia, el primer país en aplicar el mecanismo en 1787) pretende que dos o más fuerzas políticas obtengan una mayoría absoluta o relativa -tanto en la Presidencia como en el Congreso- tras una primera elección.

¿Esto es democrático?

A través de su Estudio comparado teórico-práctico y legislativo sobre la segunda vuelta electoral: el caso de México , De Andrea Sánchez considera que la segunda vuelta tendría como objetivo disminuir las posibilidades de éxito electoral de un partido específico para beneficio de otros. ¿Esto es democrático? , se cuestiona.

Considera falso que la segunda vuelta daría mayor estabilidad política y económica a las estrategias de un gobierno; por el contrario, implicaría el riesgo de una regresión a estadíos políticos aparentemente superados , añade.

Asevera que la figura del ballotage daría efectivamente una mayoría a un gobierno, pero pagando el precio de componendas, arreglos y negociaciones interpartidistas que nos llevarían a la consagración perversa de una partidocracia en México, en sustitución de la democracia representativa actual .

Ejemplifica que en 1990, tras una primera elección en Perú entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, que implicó una segunda vuelta, finalmente terminó en una concertación entre ambos para que este último pudiera finalmente asumir la Presidencia, a cambio de que Fujimori se comprometiera a aplicar políticas económicas de Vargas Llosa.

En nuestro país, la Constitución de 1857 estableció -y luego fue cancelada- la segunda vuelta en caso de empate en la elección de diputados.

Contra el voto a ciegas

Francisco de Andrea considera que para evitar escenarios de regresión a las viejas prácticas totalitarias del pasado, es necesario que la ciudadanía conozca un ajedrez de mecanismos, como cálculos sobre escenarios factibles, conocimiento de encuestas, de las plataformas de los políticos, consecuencias de alianzas de gobierno y legislativas entre las fuerzas políticas, pues considera que los electores deben ser conscientes de que su voto en la primera vuelta puede contribuir a que no sea necesaria una segunda.

Alerta que la experiencia de países como Ecuador, Perú y Brasil por la aplicación de la segunda vuelta, es que el votante deja de ser espontáneo y natural en la emisión de su voto, para volverse maquiavélico y suspicaz en el mejor de los casos.

En el peor de los escenarios, emite su voto primitivamente sin una noción informada acerca de las consecuencias eventuales que éste pueda tener finalmente .

Costo económico

El catedrático de la UNAM finalmente destaca que la segunda vuelta presidencial tendría un costo económico aún mayor, que sería inviable, en el marco de crisis financiera que vive el país.

Requeriría de un nuevo gasto en papelería, instalación de casillas, organización administrativa del IFE, promocionales y difusión vía medios , refiere.

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, alerta que la segunda vuelta abriría un periodo de incertidumbre en relación con la primera elección.

¿Se calificaría y declararía válida la elección antes de convocar a la segunda vuelta o se llamaría esta segunda vuelta exclusivamente con los resultados de los cómputos distritales, o con el cómputo final por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral? , cuestiona.

En Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Perú, El Salvador y Uruguay se estipula como requisito la obtención de una mayoría absoluta en la primera vuelta para asegurar legitimidad de origen y evitar la segunda vuelta electoral.

En Argentina, el requisito establecido es de 45 por ciento. En Ecuador se exige la mayoría absoluta, con la particularidad de que en ambos países se evita una segunda elección si el ganador obtiene una votación de por los menos 40% de la votación total y una diferencia de 10% más que el candidato que ocupe el segundo lugar.

En Costa Rica el umbral establecido es de 40% y en Nicaragua es de 45 por ciento.

jmonroy@eleconomista.com.mx