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Política

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Tras 16 meses en libertad, Lozoya es enviado a prisión

Tras un año y cuatro meses de tener el beneficio de la libertad, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue preso en el Reclusorio Norte, luego de que un juez aceptó la petición de la Fiscalía General de la República para retirarle el beneficio y recluir al exfuncionario debido al “alto riesgo de fuga”.

El exdirector de Pemex tiene un mes más para presentar las pruebas necesarias que le permitan ser testigo colaborador del caso Odebrecht. Foto EE: Eric Lugo

Tras un año y cuatro meses de tener el beneficio de la libertad, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue preso en el Reclusorio Norte de la CDMX, luego de que un juez aceptó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para retirarle el beneficio y recluir al exfuncionario debido al “alto riesgo de fuga”.

Vestido de traje azul, con rostro serio, Lozoya se presentó este miércoles en juzgados del Reclusorio Norte para una audiencia ante el juez Artemio Zúñiga, quien previamente le ordenó acudir presencialmente y no a través de videoconferencia, para responder en el caso Odebrecht.

Fue la segunda aparición pública de Lozoya después de su extradición a México en julio del 2020. La primera fue el 10 de octubre cuando acudió a una cena en un lujoso restaurante capitalino

La audiencia inició alrededor de las 10:12 de la mañana por el caso Odebrecht. Inicialmente, Lozoya y su defensa solicitaron al juez 60 días de prórroga para el cierre de investigación complementaria, a fin de allegarse de pruebas en su favor.

Agentes del Ministerio Público (MP) manifestaron ante el juez su oposición a la prórroga y solicitaron que se declarara cerrada la etapa de investigación complementaria, puesto que los documentos que aludió Lozoya no conocer, ya se encuentran en la carpeta de investigación.

Como terceros involucrados, representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda se unieron a la pretensión de la FGR. Al final, el juez Zúñiga sólo autorizó un mes de prórroga, que vencerá el 3 de diciembre.

Medida cautelar

Posteriormente, agentes del MP solicitaron al juez la revisión de la medida cautelar que mantenía a Lozoya en libertad. Argumentaron que este beneficio fue solicitado en determinadas circunstancias, y que Lozoya no había cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad. También expusieron que la esposa de Lozoya vive en Alemania, y aunque ya se le fue retirado el pasaporte y visas, puede obtener otros documentos a nombre de otra persona; manifestaron que el exdirector de Pemex tiene al menos 2 millones de euros como capital para movilizarse.

Por su parte, la representación de la UIF argumentó que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya, que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, al exponer un riesgo de fuga, se unió a la petición de prisión preventiva justificada.

Al aceptar el cambio de la medida cautelar, el juez Zúñiga admitió como prueba unas fotografías que presentaron los agentes del MP en el restaurante de las Lomas de las Chapultepec. También aceptó el hecho de que Lozoya cuenta con los recursos para una eventual fuga, y la gravedad de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, que le imputa la FGR.   

Alrededor de las 15:33 de la tarde del miércoles, 3 de noviembre, concluyó la audiencia en la que el juez determinó riesgo de fuga por lo que ordenó prisión justificada en contra de Lozoya. Elementos de la policía procesal detuvieron al exfuncionario en la sala de oralidad.

Protección

El juez Artemio Zúñiga ordenó a la FGR brindar la seguridad a Lozoya dentro del Reclusorio Norte, debido a que en el mismo se encuentran otros procesados por el caso Odebrecht, como el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y por otro hecho, el abogado y empresario Juan Collado.

En una denuncia que presentó el año pasado, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de conocer y permitir una red de soborno por al menos 10 millones de dólares provenientes de Odebrecht, que supuestamente fueron destinados a la campaña electoral del PRI en 2012 y a pagos a legisladores de oposición para aprobar la reforma energética.

jorge.monroy@eleconomista.mx 

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