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Sector Financiero

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Juez de Nueva York solicitó información a Santander por caso de Banco Popular

La entidad no tendrá que abrir los libros de Popular presentes en Banco Santander SA, Santander Holdings USA (SHUSA) y Santander Bank (SBNA), pero sí los de Santander Investment Securities.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que debía decidir sobre si Banco Santander debía o no proporcionar toda la información relativa a la adquisición de Banco Popular en el 2017 ante la reclamación de las gestoras de fondos Pimco y Anchorage, determinó que la entidad no tendrá que abrir los libros de Popular presentes en Banco Santander SA, Santander Holdings USA (SHUSA) y Santander Bank (SBNA), pero sí los de Santander Investment Securities. Así las cosas, este tribunal aceptó parte de las peticiones de Pimco y rechazó todas las de los inversionistas mexicanos representados por Antonio Del Valle Ruiz.

Este procedimiento, conocido como Discovery, permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos, como es el caso de Santander, y se considere que ostenta documentación relevante.

Desde Santander aseguran que están “encantados” de que el juez haya decidido que la demanda formulada contra Banco Santander, SA, SHUSA y SBNA no prosperara ya que, aseguran, “carecía de base legal”. “La resolución de Popular proporcionó certidumbre a los clientes de Popular y Santander seguirá cumpliendo con los compromisos que asumió con los clientes y los accionistas tras la adquisición”, afirman. “El juez Ramos sólo concedió a los solicitantes la petición sobre Santander Investment Securities por el hecho de que está domiciliada en Nueva York. Sin embargo, no participó en el proceso de resolución de Popular, de modo que la concesión tiene un efecto muy limitado relacionado con el aumento de capital”, añaden.

Richard East, socio director del despacho Quinn Emanuel, representante de varios tenedores de bonos de Popular, incluidos Pimco y Anchorage, también celebró la determinación del juez. “Estamos seguros de que Santander posee información fundamental que nos ayudará en nuestra causa contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Banco Popular y esperamos recibirla”, señala East.

Tanto el grupo de inversionistas mexicanos como los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital iniciaron en marzo y abril procedimientos legales en Estados Unidos para obtener esta información, al considerar que la justicia estadounidense es “más garantista” que la española en este tipo de procesos. El juez se reunió con los demandantes el pasado 12 de octubre y este viernes tomó su decisión.

A los dos fondos representados por Quinn Emanuel se unió también Algebris —entre los tres perdieron alrededor de 850 millones de euros con la resolución de Popular—. Éstos solicitaron información sobre diversos aspectos de la resolución, entre los que se incluyen las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociación.

Frentes abiertos

Asimismo, el grupo de bonistas integrado por Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit tiene otros frentes abiertos en la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la JUR, si bien no todos los fondos están personados en todos los procedimientos.

De su lado, el grupo de inversionistas mexicanos, liderado por Antonio del Valle y autodenominado MIG, compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad. Además del procedimiento legal en Estados Unidos, presentó dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución y posterior venta de la entidad incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

En concreto, el MIG presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial.

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