Presentan nueva ley en materia de amparo

Tras la promulgación ayer de la nueva Ley de Amparo por parte del mandatario Enrique Peña Nieto, el ministro Juan Silva convocó a todos los juzgadores del país para que sin titubeos o regateos hagan valer este nuevo régimen.

Cabe destacar que la nueva Ley de Amparo reglamenta los artículos 103 y 107 de la Carta Magna y surge derivado de la reforma constitucional del 2011, que representó un cambio en el sistema de justicia en México.

Reunidos en Palacio Nacional, los representantes de los tres poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- garantizaron que la legislación amplía los derechos de los mexicanos.

El ministro Juan Silva recordó que ahora es tarea del Poder Judicial encabezar la debida aplicación de la ley en beneficio de la sociedad.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo ratifica la vocación de la Judicatura Federal y de todos sus titulares como defensores de los derechos de las personas. Entendemos que ésa es nuestra única obligación, por lo que actuando con prudencia, con equilibrio, sin desbordamientos, no avalaremos ni regresiones ni desviaciones , afirmó.

Peña Nieto, en tanto, recordó que el amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos en contra de los actos de autoridad.

Explicó que la nueva legislación amplía la competencia de protección de los derechos, ya que el amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones de los distintos poderes, cuando se violen los derechos humanos, tanto los reconocidos por la Constitución como por tratados internacionales.

Asimismo, explicó que eleva la eficacia de la justicia, ya que, por ejemplo, la sentencia de cualquier amparo deberá contener con precisión los términos en que ésta deba cumplirse, lo cual evita tardanzas en la impartición de justicia. Finalmente, el Presidente indicó que se fortalece al Poder Judicial, particularmente a la Corte, ya que se crearán instancias autónomas para que las contradicciones de tesis que se generan al interior de circuitos sean resueltas a través de éstos.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), destacó que con esta Ley se pone al día el marco legal para proteger a los ciudadanos, al tiempo que consideró como evidente que el amparo en ocasiones ha sido utilizado para eludir la justicia.

Francisco Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, argumentó que los legisladores estudiaron con responsabilidad y prisa la reforma. Y la prisa, detalló, fue porque el país ha esperado tanto, que los legisladores no se pueden dar el lujo de protagonismos o mezquindad de una renta partidista para obstruirlas.

La Ley de Amparo permitirá a los ciudadanos interponer este recurso en caso de violaciones a sus derechos y garantías contenidos en la Carta Magna y en tratados internacionales.

Derechos humanos como base de la ley

• Se propone un nuevo orden en la impartición de justicia.
• El amparo podrá interponerse ante violaciones a derechos humanos que consagre la Constitución y los tratados internacionales.
• Se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo y no sólo jurídico.
• Las sentencias de amparo de la Corte, derivadas de una acción de inconstitucionalidad, tendrán efectos generales. Antes aplicaba sólo para quien la presentaba.
• Los tribunales deberán fijar en sus sentencias de amparo directo los términos en que deberá aplicarse la resolución, y así evitar dilaciones en la justicia.
• El Ejecutivo y el Legislativo podrán solicitar a la Corte una resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos, cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público.
• Se otorga el derecho de interponer juicios de amparo por omisión de autoridades.
• Personas morales y organizaciones podrán interponer amparos colectivos.
• Se crean los plenos de circuito con el fin de desahogar cargas de trabajo de la Corte, y para fortalecer el papel de los tribunales colegiados de circuito.
• Se sientan las bases para crear el juicio en línea.
• La Corte podrá separar de su cargo y consignar ante un juez a una autoridad cuando ésta incumpla una sentencia de amparo.

mauricio.rubi@eleconomista.mx