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Refuerzan estrategia para proteger los derechos de trabajadores mexicanos en EU
La población mexicana es el grupo más grande de inmigración no autorizada en Estados Unidos, según el MPI. La gente debe saber que sin importar su condición migratoria tiene derechos laborales, dice en entrevista la excónsul Vanessa Calva.
“Lo primero que buscamos es la prevención, para que una persona trabajadora no se vea en esa situación” de violación a sus derechos humanos laborales en otro país, dice Vanessa Calva Ruiz, directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En Estados Unidos, las personas mexicanas son el grupo más grande de inmigrantes, representan el 24% de más de 45.3 millones de extranjeros, según el Pew Research Center.
Sin embargo, también tienen los “niveles más bajos de logros educativos y los ingresos familiares más bajos” respecto a otras poblaciones inmigrantes y la nativa, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
“También tienden a haber vivido en los Estados Unidos por más tiempo que todos los inmigrantes y es más probable que estén en la fuerza laboral que los adultos nacidos en los Estados Unidos”, señala un artículo de Raquel Rosenbloom y Jeanne Batalova, del MPI.
Estimaciones de dicho instituto indican que la población mexicana también es “el grupo más grande de inmigrantes no autorizados: 48% del total de 11 millones de personas en 2019”.
Los 51 consulados de México en Estados Unidos, “próximamente serán 53, constantemente difunden recomendaciones y mensajes preventivos para que la gente sepa que sin importar su condición migratoria tiene derechos en el trabajo”, dice Vanessa Calva en entrevista.
Supervisión por trabajo infantil
A finales de febrero, el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) informó que en Estados Unidos el trabajo infantil ilegal incrementó 69% desde 2018.
Semanas antes, había dado a conocer uno de los casos más lamentables: más de 100 niños, niñas y adolescentes de Centroamérica laboraban en una empresa utilizando productos químicos peligrosos; limpiando sierras traseras, sierras de pecho y cortadoras de cabezas de res y, además, en turnos nocturnos.
El área que dirige Vanessa Calva se comunicó de inmediato con el DOL, dice la funcionaria. Según le han informado, hasta ahora no tienen identificada a ninguna persona infante o adolescente de origen mexicano que esté siendo víctima de explotación laboral.
“Esto no es precisamente una buena noticia, porque al final hay una explotación laboral de niños y niñas, independientemente de su nacionalidad”, apunta. “Pero no queremos bajar la guardia y estamos reforzando lo que ya se estaba haciendo”.
El Sistema de Protección Consular tiene seis esferas de acción: migratoria, penal, civil, derecho de familia, derechos humanos y laboral, explica la funcionaria. “Bajo esos rubros y conceptos es que organizamos nuestras acciones y medidas y distribuimos y ejercemos nuestro presupuesto”.
Los derechos laborales son uno de los ámbitos más importantes para la Cancillería, sostiene Vanessa Calva, ex directora ejecutiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). “La principal responsabilidad de un consulado es asegurarse que una persona mexicana no esté en una situación de vulnerabilidad o de riesgo y si sus derechos estuvieran en riesgo o fueran violentados, identificar la manera más adecuada para ayudarle directamente, ya sea con una acción, una gestión consular o canalizar su caso a una autoridad”.
Protección a los derechos laborales
A inicios de marzo, la SRE organizó la Reunión de Cónsules de Protección de México en América del Norte. Uno de los acuerdos a los que llegaron respecto a la protección de los derechos laborales de connacionales en Estados Unidos fue “incrementar las visitas a campos agrícolas para ofrecer servicios consulares e identificar casos”.
Cada Consulado sabe cuáles son las industrias “que usualmente contratan a personas mexicanas”, explica Vanessa Calva. “Algunas habrán sido contratadas bajo el programa de visas de trabajo temporales” H-1B, para actividades no agrícolas, y H-2B para la agricultura.
En caso de que detecten un caso de posible vulneración a sus derechos laborales, dice la excónsul en Leamington, Canadá, “les brindamos acompañamiento mediante el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), que nos permite contar con abogados y despachos en Estados Unidos”.
Las visitas se realizan según sus facultades y gracias a un trabajo diplomático, “pues no podemos realizar propiamente las investigaciones”.
Otros de los acuerdos a los que llegaron las y los cónsules fueron:
- Identificar las agencias del trabajo estatales y federales competentes en su circunscripción
- Fortalecer las alianzas con las organizaciones comunitarias, de abogados laborales y de trabajadores migrantes
- Difundir información sobre los requisitos para solicitar los beneficios de DACA laboral y aprovechar esta medida en el contexto de la ausencia de una reforma migratoria integral
- Promover y fortalecer la Semana de Derechos Laborales
Esta última acción se organiza cada mes de septiembre desde hace 14 años. “Vamos por nuestra edición 15 y el año pasado hicimos además la primera Semana de Asesoría Legal”.
Además, “tenemos acuerdos firmados con autoridades locales y federales de Estados Unidos en materia laboral y estamos en la misma página para temas de salarios caídos, discriminación y situaciones potencial trata de personas”, informa la funcionaria.