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Sugieren ajustar reglas para liquidar contratos de protección
Para la Junta Independiente de Expertos Laborales de Estados Unidos aún pueden realizarse cambios al protocolo de legitimaciones.
La Junta Independiente de Expertos Laborales de Estados Unidos presentó su nuevo informe sobre la implementación de la reforma laboral de México que entró en vigor en 2019, y hace siete recomendaciones al gobierno mexicano que van desde frenar la violencia que reciben los trabajadores que buscan un cambio, hasta modificar aún más el Protocolo para la legitimación de los convenios colectivos existentes, pues no hay certeza de que desaparezcan los contratos de protección.
El documento hace notar la gran preocupación que existe por la terminación de miles de contratos colectivos de trabajo, ya que estos no serán legitimados como lo marca la legislación antes del primero de mayo, lo que pone en riesgo a los trabajadores.
Destaca que en los más de 100,000 lugares de trabajo “donde es probable que se anulen los convenios colectivos, México debe asegurar que los patrones cumplan con su obligación de incorporar las disposiciones económicas en contratos de trabajo individuales”.
Asimismo, revela que falta transparencia que garantice los derechos de los trabajadores, pues destaca que no hay acceso efectivo a documentos clave que les permitan conocer los estatutos e informes financieros de sus sindicatos; de tal manera que “será difícil establecer una democracia sindical efectiva. Poner estos documentos en Internet es un importante paso adelante, pero no garantiza el acceso: todo trabajador debe recibir oportunamente una copia impresa de su contrato, estatutos sindicales e informes financieros”.
Incluso, detectó una falla de origen en el proceso de legitimación de los contratos, que a diferencia de quienes hoy buscan la firma de un contrato deben mostrar que tienen el 30% del apoyo de los trabajadores; los sindicatos que legitiman el contrato no tiene que mostrar ninguna prueba de apoyo de los trabajadores, sino que además tiene acceso a las cuotas sindicales, y tiene el control de la negociación colectiva con el empleador.
Son los mismos sindicatos los que controlan, “con una supervisión mínima” por parte de un funcionario del gobierno o un notario pagado por el sindicato titular los procesos de votación, lo que plantea “preocupaciones significativas sobre posibles conflictos de intereses y socava la credibilidad de la transición a un nuevo sistema de justicia laboral”.
El informe, con fecha del 20 de marzo, refiere que las autoridades encargadas de la vigilancia de la democracia sindical deben garantizar que los trabajadores tengan oportunidades para leer y comprender estos documentos y proporcionar informes regulares indicando qué medidas se tomaron para garantizar estas oportunidades.
Parte de las recomendaciones incluyen aspectos como: monitorear la posibilidad de nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo, así como enviar un mensaje a las empresas en México que “no se podrán hacer las cosas como antes”, sino con respeto al derecho de los trabajadores. En esta versión los expertos laborales, entre quienes se encuentran Benjamin Davis (presidente), Timothy Beaty, Catherine Feingold, Daniel Mauer, Stefan Marculewicz, Philip Miscimarra, Sandra Polaski, Charlotte Ponticelli y Jason Wade, destacan que los plazos de la implementación de la reforma se han ido cumpliendo.
